Jorge Glas enfrenta formulación de cargos por irregularidades en la reconstrucción de Manabí

RECONSTRUCCIÓN. Jorge Glas enfrenta hoy un nuevo proceso en la Corte Nacional de Justicia.
RECONSTRUCCIÓN. Jorge Glas enfrenta hoy un nuevo proceso en la Corte Nacional de Justicia.

Para la Fiscalía, existen los elementos de convicción suficiente que respaldan la formulación de cargos contra Glas que presidía el Comité para la reconstrucción y reactivación productiva.

El exvicepresidente de la República,Jorge Glas, y dos personas más serán procesados por el presunto delito de peculado en una investigación que desarrolla la Fiscalía General del Estado (FGE) por el caso de la reconstrucción de tras el terremoto del 16 de abril de 2016 que afectó a Manabí y una parte de Esmeraldas.

La teoría fiscal, que será sustanciada este 6 septiembre de 2023 por el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, señala que se la infracción se habría cometido en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa de 22 kilómetros por más de $68 millones. La obra fue adjudicada después de ocurrido el terremoto.

Para la FGE existen los elementos de convicción suficientes que respaldarán la formulación de cargos contra Glas, quien presidía el Comité para la reconstrucción y reactivación productiva y empleo. Además, contra Carlos Bernal, entonces secretario técnico del Comité y Pablo Ortiz, quien se desempeñó como gerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico.

 Los detalles

Tras el terremoto, el 20 de mayo de 2016, el régimen de Rafael Correa, quien hoy está prófugo de la Justicia, expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana y Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

La normativa contemplaba la recaudación sobre la remuneración de los trabajadores ecuatorianos y el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 14% durante un año para ser destinado a la reconstrucción y reactivación económica de la zona.

La Fiscalía señala que por este concepto se recaudaron más de $1.614 millones, que se habrían destinado a contratos y proyectos que no fueron prioritarios dentro del contexto del terremoto. Tampoco eran emergentes y no estaban dirigidos a los damnificados.

 Examen especial

En 2019, la Contraloría General del Estado (CGE) determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, con fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por esa razón, la FGE abrió una investigación previa.

Este proyecto, a pesar de que no cumplía con los ejes propuestos en la Ley de Solidaridad, emergencia, reconstrucción y reactivación fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para la reconstrucción de infraestructura pública, de vivienda, salud y educación que requerían de atención después del terremoto.

Nueva formulación

Con este proceso, Glas enfrenta la cuarta formulación de cargos. En diciembre de 2017 fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita en la trama de corrupción Odebrecht y en abril de 2020 a ocho años de cárcel por cohecho agravado en la trama Sobornos 2012-2016.

Salió de prisión en noviembre de 2022, pero solo de manera provisional hasta que se resuelva su situación penitenciaria. También recibió una condena por peculado en el caso Singue como coautor. Sin embargo, el caso volvió a la Fiscalía y está en investigación previa, luego de que, en noviembre de 2022, un tribunal de la CNJ declaró la nulidad. (SC)

Hitos del caso ‘Reconstrucción Manabí’

25 de mayo de 2017

El Comité de la Reconstrucción dispone el destino de los $2.946 millones obtenidos con la Ley Orgánica de Solidaridad; 584 proyectos aprobó el Comité en apenas dos horas y media.

15 de marzo de 2019

Diego Murillo, prosecretario (e) del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), notifica de una resolución con la cual se aprobó el informe para la investigación del caso ‘Reconstrucción de Manabí’.

17 de abril de 2019

El presidente del Cpccs-Transitorio, Julio César Trujillo, y Paul Córdova, procurador judicial del Cpccs-Transitorio, presentan denuncia por presunto delito de tráfico de influencias en contra del exsecretario técnico del Comité para la reconstrucción y reactivación productiva, Carlos Bernal.

13 de mayo de 2019

En el Cpccs se conoce un impulso fiscal sobre el inicio de la fase preprocesal de investigación previa contra el exsecretario de Reconstrucción, Carlos Bernal, y otros.

26 de agosto de 2019

Paul Córdova, procurador del Cpccs-Transitorio, remite copias certificadas de la Resolución y el informe del caso, para que se efectúen exámenes de auditoría.

25 de septiembre de 2020

El Cpccs delegó al consejero Francisco Bravo, vicepresidente del Cpccs, las investigaciones y seguimiento del caso.

10 de febrero de 2020

Francisco Bravo y el Procurador Judicial del Cpccs, Byron Pacheco, presentan en la Fiscalía una denuncia por presunta delincuencia organizada contra todos los integrantes del Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva.

13 de abril de 2020

El vicepresidente del Cpccs, Francisco Bravo, solicita información al Ministerio de Obras Públicas: copias del presupuesto y destino de los fondos que recibió para la ejecución de obras, entre ellas, para demoler la infraestructura afectada por el sismo.

15 de abril de 2020

El Cpccs exhorta a la Fiscalía para que se inicien investigaciones en base a denuncias presentadas por este organismo.

27 de abril de 2020

La Fiscal Diana Salazar resaltó que tienen abiertas seis investigaciones previas entre ellas por presunto peculado, tráfico de influencias, lavado de activos y que «se adjuntó la denuncia presentada por el Cpccs el 10 de febrero de 2020”.

12 de febrero de 2021

La Fiscalía notifica el resultado de la información solicitada a todas las entidades requeridas donde se han ubicado las obras, los montos y los detalles que aportan a la investigación. Llama a rendir versión a Carlos Bernal, Jorge Glas, entre otros sospechosos.

Fuente: Informe remitido por Francisco Bravo, exconsejero del Cpccs