Diana Salazar solicitó prisión preventiva en contra de Maribel Barreno. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se extendió por más de 12 horas.
Walter Macías, juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) delibera sobre el pedido de Diana Salazar, fiscal general del Estado, quien luego de emitir un dictamen acusatorio en contra de Juan José Morillo y Ruth Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), y Vladimir Jhayya, juez de la Corte de Pichincha, por el presunto delito de tráfico de influencias, le solicitó que sean llamados a juicio.
Los dos primeros en calidad de coautores de la presunta infracción, y el tercer sospechoso como cómplice.
El pedido de la Fiscal se produjo durante una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio convocada por Macías que se desarrolló este 27 de septiembre de 2023.
La Fiscal respaldó su solicitud en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La normativa dice que “Los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otro servidor para obtener un acto o resolución que generare un beneficio económico o inmaterial favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
Su solicitud también se fundamentó en 44 elementos de convicción. Asimismo, planteó que en caso de que se llame a juicio se oficie al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) -como entidad nominadora-, y al director del Consejo de la Judicatura para que se emita la resolución motivada con la remoción de los funcionarios.
Adicionalmente que, en caso de incumplimiento, se oficie al Contralor General del Estado para que se sancione lo que corresponda, y se oficie al Ministerio de Trabajo para que se realice el registro de inhabilidad del cargo público.
Además, sobre las medidas cautelares, la Fiscalía pidió al juez Macías que ratifique la prohibición de salida del país en contra de Morillo y Jhayya.
Prisión preventiva
Pero solicitó que se cambie la medida para Maribel Barreno y dicte prisión preventiva en su contra, ya que a lo largo del proceso ha intentado obstaculizar la Justicia.
“Así se garantizará la normal continuidad del proceso; esta es la más eficaz porque (Barreno) ha transmitido su clara intención de obstruir el normal de desarrollo del proceso con escritos presentados en la Fiscalía llenos de alusiones ofensivas a la titular de la acción penal”, expresó Salazar.
Pruebas y testigos
En caso de llamado a juicio, la Fiscal anunció que contará con pruebas testimoniales, periciales y documentales que serán presentadas el día y hora en que se realice la audiencia.
También adelantó una lista de 31 testigos, 30 peritos, y que se oficie al director de Criminalística de la Policía Nacional para que el día de la audiencia de juicio se disponga el traslado de las evidencias contenidas en cadena de custodia.
El caso se remonta a una investigación previa iniciada por la Fiscalía en junio de 2022 por una presunta infracción que se habría registrado en junio de 2021 cuando Guadalupe Llori, entonces presidenta de la Asamblea Nacional, presentó una acción de protección para evitar ser removida del cargo. La reunión en la que se habría solicitado beneficiar a Llori con el recurso judicial fue grabada por una jueza de la Corte de Pichincha.
En la audiencia, Salazar pidió medidas a favor de los fiscales Wilson Toainga y Jefferson Angueta, fiscales que también conocen el caso, y a jueces penales de la CNJ, que están bajo el control disciplinario del Consejo de la Judicatura, (SC)
Juez desechó solicitud de vocales
En los primeros minutos de la audiencia, que inició a las 08:30, Alberto López, abogado de Jhayya declaró que el juez Macías es competente para conocer el caso y le pidió que se declare lo actuado por la Fiscalía como válido desde julio de 2023 cuando se abrió la instrucción fiscal, hasta agosto de 2023, cuando concluyó la instrucción.
En medio de la diligencia, Julio César Vasco, defensa técnica de Morillo, solicitó declarar la nulidad por presuntos vicios de procedimiento. Especificó su pedido de anulación a partir del cierre de la instrucción fiscal (15 de agosto).
Giovanny Flores, representante legal de la vocal Barreno, planteó una solicitud similar. Alegaron que la Fiscalía cerró la instrucción antes de tiempo, cuando había diligencias pendientes por evacuar.
Luego de tomar nota del pedido de los sujetos procesales, el juez se retiró de la sala a las 11:00 para deliberar y tomar una decisión. El magistrado retornó a la audiencia a las 14:00 y luego de argumentar su resolución por cerca de una hora y media, declaró la validez de todo lo actuado y dio paso a la exposición de la Fiscalía.
La Fiscal inició con su dictamen acusatorio a las 14:37 minutos, y concluyó cerca de las 17:00.