Cerca de 2.500 páginas tiene el expediente de la extradición de Rafael Correa

El ex jefe de Estado recibió el estatus de refugiado por parte de Bélgica, donde reside.

El 10 de mayo próximo debe estar lista la traducción del proceso contra Rafael Correa. Conozca los detalles.

Unas 2.500 páginas tiene el expediente que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) entregará a la Cancillería para que se tramite el pedido de extradición desde Bélgica de Rafael Correa, expresidente de la República, sentenciado a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el caso ‘Sobornos 2012-2016’, y a quien ese país le otorgó el estatus de asilado político el 22 de abril.

En la CNJ se informó que el perito designado por el Consejo de la Judicatura tiene 15 días de plazo para traducir  la documentación.  Este plazo empezó a correr desde el 25 de abril de 2022 y concluirá el 10 de mayo.

El perito judicial fue asignado sobre la base de la Resolución No.040-2014 emitida por el Consejo de la Judicatura, de un banco de datos de peritos disponibles. Según el Código Orgánico General de Procesos, para estas tareas no se puede asignar más de un perito. (SC)

 

Alí Lozada rechaza pedido de presidentes de la CNJ y del Consejo de la Judicatura

Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional.

El presidente de la Corte Constitucional afirmó que las declaraciones públicas (de Saquicela y Murillo) constituyen una clara injerencia en las funciones del organismo de control.

Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional (CC) rechazó el pedido que realizaron los titulares de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, y del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, en torno a que se aclare el alcance y se delimite el habeas corpus para eliminar elementos discrecionales que puedan dar paso al abuso de ese recurso.

En un video de 4 minutos y 29 segundos difundido este 25 de abril de 2002, Lozada comentó que las declaraciones públicas (de Saquicela y Murillo) constituyen una clara injerencia en las funciones de la Corte Constitucional, “lo que rechazamos firme y enfáticamente”, expresó.


“Las  manifestaciones públicas del presidente de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional, la jurisprudencia sobre el habeas corpus y la institución del precedente vinculante”, expuso.

El presidente de la CC recordó que desde 2019, en el marco de las normas que regulan el habeas corpus, la Corte ha establecido jurisprudencia sobre esa materia en más de 20 sentencias que permite identificar de manera clara cuándo esa garantía ha sido sujeta de abusos, y recordó que en varias ocasiones ha planteado al Consejo de la Judicatura que cumpla su obligación de capacitar a jueces en el ámbito de garantías constitucionales. (SC)

Alexis Mera continuará con arresto domiciliario

Alexis Mera fue secretario de la Presidencia de la República durante el régimen de Rafael Correa.

Los  jueces  argumentaron su fallo sobre la base del respeto a los derechos constitucionales de seguridad jurídica,  debido proceso, y al amparo del articulo  659 tercer inciso del COIP.

Por no estar «fundamentado»,   el tribunal de revisión de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ)  inadmitió a trámite este 25 de abril de 2022, el recurso de revisión planteado por la defensa de Alexis Mera Giler, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República.

Tras la decisión  adoptada por unanimidad por los magistrados Felipe Córdova,  Luis Rivera y Byron Guillen,  el exfuncionario correísta permanecerá con arresto domiciliario.

Los jueces  argumentaron su fallo sobre la base del respeto a los derechos constitucionales de seguridad jurídica,  debido proceso, tutela judicial efectiva, y al amparo del articulo  659 tercer inciso del Código Orgánico Integral Penal (COIP)  que señala: “el escrito de interposición del recurso será fundamentado y contendrá la petición o inclusión de nuevas pruebas, caso contrario se declarará inadmisible y se lo desechará sin lugar a uno nuevo por la misma causa”.

El 1 de abril de 2022, la defensa del  exfuncionario  planteó a la CNJ el recurso  de revisión con la intención de que los magistrados revisen su sentencia de ocho años de prisión que se dictó en su contra en el caso «Sobornos 2012-2016» y se declare nula.  (SC)

El futuro de Alexis Mera, en manos de tres magistrados

Byron Guillén (.), Luis Rivera (d.), dos de los jueces que conocerán el recurso de revisión.

Alexis Mera es uno de los 18 sentenciados en el caso de corrupción en el que también está involucrado el expresidente Rafael Correa y su exvicepresidente, Jorge Glas. 

Ellos son los magistrados de la Sala Especializada Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen organizado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que tienen en sus manos resolver el recurso de revisión que planteó el 1 de abril de 2022 la defensa técnica de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República.

Con la incorporación de este nuevo recurso -a casi dos años de haber sido ejecutoriada la sentencia en el caso ‘Sobornos 2012-2016’- la intención de la defensa del exfuncionario correísta es que los magistrados revisen la sentencia de ocho años de prisión en su contra y la declaren nula.

El procedimiento 

Una vez sorteado el tribunal, los magistrados deberán revisar el recurso para, de ser el caso, pasar o no el proceso de admisibilidad. Si consideran que el pedido cumple con los requisitos de admisibilidad, entre ellos, la argumentación para la presentación del recurso. María del Mar Gallegos, abogada de Mera, explicó que en el pedido entregado a la Corte se incorpora la prueba de “peritaje errado” y “falso testimonio».

Posteriormente, los jueces señalarán la fecha, día y hora para la instalación de la audiencia en la que las partes procesales presentarán sus alegatos y la práctica de las pruebas. Luego el tribunal deliberará para dar a conocer su resolución.

Ponente. Felipe Córdova tiene una maestría en Derecho Penal y Criminología
Ponente. Felipe Córdova tiene una maestría en Derecho Penal y Criminología

Felipe Córdova Ochoa

En el último concurso de méritos y oposición que organizó el Consejo de la Judicatura (CJ) en 2021, para llenar nueve vacantes en la CNJ, Felipe Córdova obtuvo un puntaje de 82,06. Presentó un expediente con cerca de 400 páginas. Nació en Cuenca en 1979. Fue juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, en Azuay, y su carrera empezó en la Fiscalía. Obtuvo su título de abogado en la Universidad Católica de Cuenca en 2003, al igual que su doctorado. En la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, con sede en Ambato, el juez penal obtuvo una maestría en Derecho Penal y Criminología. También tiene un título de Especialista en Justicia Indígena. Su carrera empezó en 2001, en calidad de amanuense en la Fiscalía. Para 2014 ya era agente fiscal de Azuay, cargo que dejó para pasar a ser juez. Ha obtenido reconocimientos al Mérito Judicial.

Juez. Luis Rivera fue juez del Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos
Juez. Luis Rivera fue juez del Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos

Luis Rivera Velasco 

Abogado. Su puntaje final fue de 80,55. Fue juez del Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos, asesor jurídico de la Presidencia de la Asamblea Nacional, director provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, defensor público, docente universitario y docente de la Escuela de Función Judicial. En el concurso para el CNJ presentó 864 hojas. Obtuvo su título de abogado en la Universidad de Guayaquil en 2004. Tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Espíritu Santo, y otra maestría en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, en España. Fue juez penal en la ciudad de Quevedo, profesor en la extensión en Babahoyo de la Uniandes de Ambato, donde dictó varias materias. Obtuvo tres Maestrías en: Derecho Constitucional, Derecho Ambiental y en Gestión Ambiental, Calidad y Auditoría de la Empresa.

Juez. Byron Guillen es magíster en Derecho Constitucional
Juez. Byron Guillen es magíster en Derecho Constitucional

Byron Guillen Zambrano

Nacido en Manabí. Su puntaje fue de 80,83. Su expediente tiene 1.412 páginas. Es abogado desde 2008 por la Universidad Laica Eloy Alfaro de su provincia. También tiene un diploma superior en derecho procesal penal. En la Universidad Regional de Los Andes de Ambato obtuvo una especialización en Derecho Penal y Justicia Indígena. También es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. En la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, obtuvo un doctorado en derecho. Entre sus cargos desempeñados están el defensor público en materia penal en Manabí, y también funcionario en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. Profesor en su alma mater y también en la Universidad San Gregorio de Portoviejo.

Defensa de Mera aún no es notificada

La defensa de Alexis Mera aún no ha sido notificada oficialmente de la conformación del tribunal, pero su abogada, María del Mar Gallegos, confía en la imparcialidad de los jueces de la CNJ pues son “del más alto nivel”, expuso. “Nosotros no tenemos ni gustos, ni disgustos; no conocemos a los jueces, no tenemos preferencias más allá de las audiencias que se hayan registrado en las defensas de mi libre ejercicio”, subrayó.  Opinó que la resolución del recurso tomará su tiempo, pues aseguró que desde hace un año planteó un recurso a la CNJ (en otro caso), pero hasta el momento no ha sido notificada con la fecha de la audiencia.

La CNJ aclaró que el tribunal resolverá en el tiempo oportuno la impugnación propuesta con apego estricto al derecho, luego de escuchar en igualdad de condiciones el debate de los sujetos procesales.
2020.  En septiembre de ese año la sentencia condenatoria en el caso Sobornos quedó ejecutoriada.  Desde entonces Mera permanece arrestado y fue condenado al pago de $778.000 al determinarse que fue coautor del delito de cohecho.

Correísmo alista ola de pedidos para la Corte Nacional

Iván Saquicela (foto), Marco Rodríguez e Iván León fueron los jueces que sentenciaron en el caso ‘Sobornos’.

El recurso de revisión planteado por Alexis Mera puede abrir la puerta para una ola de pedidos en la misma línea. En el máximo tribunal del país están alertas.

Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que en su momento conocerán el recurso de revisión planteado por Alexis Mera, exsecretario Jurídico de Rafael Correa, deberán revestirse de independencia e imparcialidad, abstraerse de la presión mediática y “hacer lo que tengan que hacer como jueces”.

Esta es la consigna del círculo de profesionales que rodea a los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela. Así lo contaron, en reserva, a LA HORA.

El 7 de abril de 2020, estos magistrados integraron el Tribunal Penal de la CNJ, que dictó sentencia en el caso ‘Sobornos 2012-2016’ y que condenó por el delito de cohecho a ochos años de prisión a 18 procesados, entre ellos a Rafael Correa y Jorge Glas.

En momentos en que los jueces de la CNJ también tendrán que dictar un fallo por presunta corrupción en el caso ‘Las Torres’, donde es procesado Pablo Celi, excontralor (vinculado al correísmo), las fuentes de la CNJ consultadas aseguraron que los magistrados valorarán, “sin temor” y con “autonomía”, las pruebas que se presenten.

“Los jueces tendrán la oportunidad de demostrar su imparcialidad y enfocarse en la aplicación irrestricta del texto de la ley”, dijeron funcionarios de la CNJ que pidieron la reserva de sus nombres.

Revisión a sentencia

Entre los abogados que defendieron a los procesados en el caso ‘Sobornos’ hay expectativa por los resultados que obtendría la defensa de Alexis Mera, una vez que en la CNJ se tramite el recurso de revisión que busca la nulidad de la orden de prisión que pesa en su contra.

Jorge Luis Ortega, que defendió al exministro correísta Walter Solís (que actualmente reside en México bajo la figura de refugiado), dijo que un resultado a favor de Mera generaría un precedente “importantísimo”. ¿Por qué? Otros procesados que consideren que fueron sentenciados bajo testimonios falsos y pericias erradas, también podrán presentar este recurso.

“En efecto, se abre esta posibilidad jurídica de que nosotros también podamos presentar la revisión a la sentencia”, detalló Ortega.

El Código de Procedimiento Penal (CPP) determina varias causales para presentar ante la Corte recurso de revisión. María del Mar Gallegos, abogada de Alexis Mera, explicó que en el documento que se prepara se incorpora la prueba de “peritaje errado” y “falso testimonio”.

‘Causal muy fuerte’

En opinión de Jorge Luis Ortega, esta es una causal es “muy fuerte”. Recordó que en una de las audiencias del juicio fue “evidente” que los peritos que testificaron -y que fueron presentados por la Fiscalía- no estaban acreditados en el Consejo de la Judicatura (CJ). Incluso, relata, comprobó que una perito no tenía el título académico que se requería para realizar la pericia.

“Estos elementos dejan ver, con claridad, que Mera tiene una causal muy fuerte. Si otros peritos llegan a establecer que se le sentenció con testigos no idóneos y con pericias erradas, la consecuencia jurídica será la ratificación del estado de inocencia”, señaló el abogado.

Derecho para todo procesado

El asambleísta Fausto Jarrín, quien actuó como abogado del expresidente Rafael Correa en esta trama, señaló -a título personal- que el recurso extraordinario de revisión es un derecho que tienen todos los procesados en un caso penal una vez que la sentencia fue ejecutoriada.

“Le puedo asegurar que, en su momento, (la CNJ) tendrá recursos de revisión de absolutamente todos los sentenciados del caso ‘Sobornos’, porque tienen derecho a recuperar su libertad, su honra y su honor que fue atentado con un proceso lleno de irregularidades y arbitrariedades”, indicó.

En el caso de Mera, subrayó que durante el juicio se le adjudicó una computadora de un allanamiento de una oficina que no era la suya. Incluso fue acusado por un oficio que no tenía su firma.

“Por lo tanto, espero que los jueces actúen en derecho y revisen lo que se hizo en aquel proceso de juzgamiento, porque la documentación presentada por la Fiscalía se basó en la materialidad que no tuvo ninguna validez procesal”, argumentó Jarrín.

Aún no está en trámite

En un comunicado oficial, la CNJ aclaró que aún no se ha dado trámite al pedido del recurso de revisión presentado por la defensa de Alexis Mera ni existe resolución alguna sobre el mismo. Se informó que una vez que sea sorteado el tribunal de revisión, este resolverá la solicitud en el tiempo oportuno y luego de escuchar a los sujetos procesales.

Otras causales para presentar la revisión

Otras de las causales para presentar el recurso de revisión, según el Código de Procedimiento Penal, es que existan dos sentencias. Una que ratifique el estado de inocencia y otra con la que se le condene sobre los mismos hechos y con el mismo tipo penal. La Justicia debe establecer cuál de las dos debe aplicarse. Otra causal es que la persona que se creía fallecida, aparezca. (SC)

Los 18 que fueron sentenciados a 8 años

En abril de 2020, la CNJ condenó a ocho años de prisión a:

  1. Rafael Correa
  2. Jorge Glas
  3. Alexis Mera
  4. Vinicio Alvarado
  5. María de los Ángeles Duarte
  6. Walter Solís
  7. Viviana Bonilla
  8. Christian Viteri
  9. Alberto Hidalgo
  10. Manuel Fontana
  11. Édgar Salas
  12. Ramiro Galarza
  13. Bolívar Sánchez
  14. Pedro Verduga
  15. William Phillips
  16. Leonardo Córdova
  17. Teodoro Calle
  18. Mateo Choi

Fausto Murillo presidirá provisionalmente la Judicatura

Murillo fue designado en base al artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial.

El Pleno del Consejo de la Judicatura realizó la designación hasta que el Consejo de Participación nombre al remplazo de María del Carmen Maldonado.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), reunido la noche del 3 de febrero de 2022, designó al vocal Fausto Murillo como presidente provisional del organismo en remplazo de María del Carmen Maldonado, quien renunció al cargo el 2 de febrero en protesta por un dictamen de la Corte Constitucional (CC).

Los integrantes del CJ se ampararon para la designación en el segundo inciso del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. Este establece que el Pleno del CJ «será presidido por el o la delegado del Presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y, en caso de ausencia o impedimento de este, por su alterno. En caso de ausencia o impedimento de ambos, por el miembro que designe el Pleno».

Murillo cumplirá la función hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) elija al presidente o presidenta definitivo de una terna enviada por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia.

Recibió $30.600 por salir de la Función Judicial

En 2012, Fausto Murillo se acogió al plan de salida de la Función Judicial, por lo cual recibió una liquidación de $30.600. Este antecedente hizo que el Consejo de Participación lo destituyera como integrante de la Judicatura el 23 de abril de 2021. El argumento fue que Murillo no podía ser vocal de la Judicatura por haber pertenecido a la Función Judicial hasta el año 2012, según una resolución del Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, Murillo apeló la decisión y tras dos meses de idas y vueltas, el propio Ministerio de Trabajo estableció el 11 de junio de 2021 que el impedimento no se aplica a los vocales de la Judicatura. Por ello consiguió ser restituido en el Pleno del Consejo de la Judicatura el 22 de junio de 2021.

Y como parte del proceso de reparación, el Tribunal Distrital de lo Contencioso y Administrativo determinó el 24 de enero de 2022 que el Consejo de Participación Ciudadana le pague $6.900; cifra que el Consejo ha dicho no tiene, al momento, debido a problemas internos para la aprobación del presupuesto de la entidad. Pero que el CPCCS cumplirá con el fallo en cuanto pueda hacerlo.

Sumado a las cantidades anteriores, Murillo ahora percibirá un nuevo sueldo como presidente de la Judicatura, el cual será de $4.869, según el distributivo de personal de la institución. (DLH)

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Judicatura descabezada: la Corte Nacional enviará terna para nombrar a su ‘supervisor’

Terna. Iván Saquicela, presidente del Consejo Nacional Electoral dijo que enviará una lista con los nombres de sus delegados a dirigir la Judicatura.

El Código Orgánico de la Función Judicial indica que el delegado del Consejo de la Judicatura deberá dirigir el organismo que controla administrativamente a los jueces

En el Consejo de la Judicatura (CJ) hay preocupación. Los trabajadores del organismo conversaban en los pasillos sobre quién dirigirá la institución tras la renuncia de María del Carmen Maldonado a la Presidencia. Las dudas se dan en medio de una pugna para conocer si su suplente, Álvaro Román, se queda con el cargo o el sucesor se elegirá de una terna que envíe la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El sillón principal está vacante y la oficina de la Presidencia permaneció cerrada este jueves 3 de febrero de 2022. Solo el director de la institución, Santiago Peñaherrera, se encargaba de los asuntos administrativos y operativos. Pero otras actividades están paralizadas, por ejemplo, la convocatoria a reuniones del Pleno para analizar quejas contra jueces, fiscales o abogados. Tampoco se pueden despachar informes, peticiones, oficios o comunicaciones oficiales.

Esas actividades recaen específicamente en quien ocupe la titularidad de la Judicatura. Un cargo que entró en una pugna político-legal.

¿Quiénes pueden ser presidentes?

El Consejo de la Judicatura se integra por cinco delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por los titulares de la CNJ (su representante presidirá el CJ); Fiscalía, Defensoría Pública, Presidencia y por la Asamblea Nacional.

Los vocales serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio, indica la Constitución en el Art. 179.

Tres requisitos para ser consejero

1.- Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos de participación política;

2.- Tener título de abogado reconocido en el país;

  1. Haber ejercido la profesión ya se como docente universitario, abogado, la judicatura, o el servicio judicial, por un lapso mínimo de diez años.

Entre bomberos no se pisan la manguera

El 13 de julio de 2011 se reformó el Art. 258 del Código de la Función Legislativa. Así se estableció explícitamente que, el delegado del presidente de la CNJ debe presidir el Consejo de la Judicatura, un organismo que precisamente ejerce control administrativo sobre los jueces.

El constitucionalista Ismael Quintana califica como “excesivo” que se ordene directamente quién presidirá el organismo. A su criterio, la titularidad de la Judicatura debe quedar a decisión de los vocales del Pleno.

Otro abogado, el constitucionalista Hernán Peralta, está de acuerdo. Señaló que actualmente, se puede concluir que hay una “contraposición de intereses” porque la terna que envíe el presidente de la Corte tendrá necesariamente amigos o personas de su confianza. “¿Qué tan independiente va a ser el Presidente de la Judicatura cuando tenga que controlar la conducta de quienes lo pusieron en el cargo?”, cuestionó.

Renuncia. María del Carmen Maldonado decidió apartarse del cargo tras una resolución de la Corte Constitucional de limitar procesos de suspensión contra jueces.
Renuncia. María del Carmen Maldonado decidió apartarse del cargo tras una resolución de la Corte Constitucional de limitar procesos de suspensión contra jueces.

 Jueces casi se hacen con la Judicatura

En 2018, María Rosa Merchán Larrea era jueza nacional. Ese año fue parte de la terna de la CNJ al Consejo de la Judicatura; mientras que Julio Arrieta presidía la Corte Provincial de Pichincha. Para evitar conflicto de intereses, Quintana cree que los nuevos nombres de una terna deben ser lejanos a esas cortes. Ambos fueron impugnados y no pudieron ganar la designación.

 Una decisión del pasado genera problemas en el presente

 Una mina que se sembró en 2019 estalla tres años después. El entonces Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t) dio de baja a dos de los tres nombres que envió, la entonces presidenta de la CNJ, Paulina Aguirre, para integrar y presidir la Judicatura.

Por un proceso de descarte se eligió a la última de la lista: María del Carmen Maldonado. Pero, a esas alturas, ya no existían más delegados de la Corte para designar a su suplente. En una jugada que ahora se califica como “cuestionable”, el Cpccs-T puso al doctor Álvaro Román en ese puesto, a pesar de que él pertenecía a la terna de la Fiscalía. Entonces, abogados como Fausto Estupiñán, constitucionalista, ya alertaban de un problema: ¿qué sucedería si Maldonado debía renunciar al cargo?

En 2022, ese mal presagio se cumplió. Maldonado salió de la Presidencia el miércoles 2 de febrero y se abrió una pugna. Román, como su reemplazo, está a la espera de asumir la Presidencia. Estupiñán señaló que las decisiones del Cpccs-T fueron blindadas mediante una resolución de la Corte Constitucional y ese es el camino a seguir.

 La Constitución exige que el Presidente del CJ sea delegado de la Corte

Por su parte, Quintana considera que las leyes y la Constitución son claras. “El presidente del Consejo de la Judicatura debe ser uno de los delegados de la Corte Nacional”. Explicó que el actual Consejo de Participación debe requerir el envío de una terna para elegir al sucesor de Maldonado. Entonces, Álvaro Román ejercería la suplencia de ese cargo al que nunca podrá acceder porque es delegado de la Fiscalía. “Así no se incumple ni con la Constitución, ni con las decisiones del transitorio”.

De hecho, el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, ya se adelantó y en rueda de prensa, minutos después de conocerse la renuncia de Maldonado, dijo que enviará un listado con los nombres de sus delegados. Al momento, se desconoce el perfil que tendrán los profesionales del derecho. Todo esto se da en medio de un anuncio del Ejecutivo para reformar la Justicia y en el que uno de los puntos es limitar las funciones de la Judicatura.

Iván Saquicela: ‘La delincuencia organizada busca controlar la justicia’

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, dice que los grupos delictivos del mundo buscan impunidad. Por otro lado, afirma que está a favor de la consulta popular.

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, dice que los grupos delictivos del mundo buscan impunidad. Por otro lado, afirma que está a favor de la consulta popular.

El accionar del sistema de justicia ha sido cuestionado por diferentes procesos en los que se han observado irregularidades y desde el Ejecutivo se buscan cambios a través de una consulta popular.

Por ejemplo, LA HORA publicó que tres casos que involucran a funcionarios del anterior gobierno se ventilan en las cortes sin que todavía existan sanciones en firme. También recogió casos de jueces que actúan fuera de su jurisdicción y con sus decisiones han favorecido a empresas.

A esto se suma la polémica por la destitución de 26 jueces por parte del Consejo de la Judicatura (CJ) que ahora tienen que ser compensados tras un fallo de la Corte Constitucional.

Ante estos problemas, LA HORA entrevistó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para conocer su posición.

Se anuncia una consulta popular en la que se incluirían temas de justicia. ¿Apoyaría esta iniciativa?

En el respeto de la independencia judicial, como una oportunidad de reformar el diseño institucional y legal y en aras de mejorar el sistema de justicia, por supuesto que estoy de acuerdo. Me sumo a esa propuesta e invito a dialogar, debatir la propuesta.

¿Qué temas deben incluirse?

Debe discutir cómo se encuentra el ámbito de competencias y siempre cuidar, sobre todo, el ámbito jurisdiccional que es la esencia de la función judicial. Por eso, por ejemplo, yo he planteado que la Corte Nacional vuelva a ser Corte Suprema de Justicia y ojalá incluso que para dar una respuesta con mayor prontitud y eficiencia volvamos a tener 31 magistrados y no 21 como tenemos actualmente.

¿Entonces el Consejo de la Judicatura ya no tendría cabida, no existiría?

Creo que lo que queda claro es que un Consejo de la Judicatura, como en otros países, en la medida es que su responsabilidad sea lo administrativo y financiero. Porque justamente la idea es que no pueda, una institución ajena a lo jurisdiccional, entrar en ese ámbito de competencias.

En la mayoría de casos de jueces sancionados por la Judicatura se aplicó la figura de error inexcusable. ¿Qué opina de esta figura?

Ha habido cientos de sanciones. Los jueces podemos cometer errores y pueden ser graves, que es el concepto del error inexcusable. La discusión no es esa. Si no, ¿cuál es el mecanismo con el que se debe sancionar? En lo personal creo que la defensa de la independencia judicial implica dos cosas: que no se entrometa otro órgano distinto a lo jurisdiccional a calificar si es que hay error inexcusable. Y también que, si está en manos de los jueces, nunca signifique espíritu de cuerpo o encubrimiento.

Tras la sentencia de la Corte Constitucional, que no permite aplicar estas figuras, qué pasa con casos como el de la jueza en Santa Elena que decidió ir en contra de la decisión de la ANT y restablecer frecuencias suspendidas a buses de transporte ¿Quién actúa ahí? ¿Quién los sanciona?

La verdad es que ahí tenemos limitaciones ambas instituciones. Por eso es que este aspecto tiene que desarrollarse de mejor manera.

¿Qué aspecto?

El problema es el siguiente. Un juez puede llegar a declarar un error inexcusable solamente en la medida en que esté en su conocimiento o haya una denuncia. Solo ahí un juez superior puede declarar un error inexcusable del inferior. Entonces, existen tantos casos en el país y no necesariamente dependen del pleno de la Corte resolver el error inexcusable. Una propuesta de reforma podría ser que la Corte Nacional o quién sabe si una Corte Suprema deba tener una sala especializada para conocer este ámbito de competencias.

En junio de 2021 usted hablaba de falta de presupuesto, ¿qué pasa con el déficit de jueces, cuánto dinero requiere la justicia?

Existe una reducción del presupuesto en aproximadamente un 25%. Si queremos un sistema de justicia eficiente se requiere un diseño institucional y procesal adecuado, recursos tecnológicos y económicos en general, recursos humanos capacitados.

¿No los hay?

En la parte tecnológica, tenemos el equipo informático de la función judicial con obsolescencia de más de una década; no tenemos el equipo tecnológico para hacer con eficiencia las audiencias Zoom, no tenemos implementado el expediente electrónico en el país. Y por otra parte, ya en el ámbito del número de jueces, no es el suficiente para dar una respuesta.

¿Qué hacer para evitar que la corrupción se filtre al sistema de justicia? Hay jueces de provincias que se inmiscuyen en casos fuera de su jurisdicción. Una jueza de Los Ríos ha resuelto acciones de procesos de fotomultas que se llevan a cabo en Loja y Ambato.

Hay cosas que podemos hacer y otras que necesitamos reformas legales. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones del país es lo que tiene que ver con lo que se denomina garantías jurisdiccionales. Me refiero al habeas corpus, la acción de protección (que lo entrega cualquier juez) ¿Cuál es el planteamiento? Deberían existir jueces especializados y específicos conociendo esas materias. Eso, por ejemplo, implica un cambio en la parte normativa.

Vivimos una ola de violencia, que también afecta a los jueces. Algunos tienen protección policial. ¿Cómo evitar que el narcotráfico incline la balanza de la justicia a su favor?

La delincuencia organizada en el mundo aspira a controlar las esferas políticas y judiciales para lograr impunidad. Lo que debe existir es un sistema de justicia fuerte que proteja, resguarde al sistema de justicia para que los jueces se mantengan imparciales. Adicionalmente cuando se detecte corrupción, se sancionará de manera oportuna.

Pero también se requiere protección para unos jueces, porque las mafias no perdonan

Debe haber un fortalecimiento de la institucionalidad y respaldo a los jueces para que tengan la serenidad de resolver en contra de quien fuera necesario en derecho.  (DP)

Tribunal de la Corte Nacional rechazó el recurso de revisión del exmilitar Diego Vallejo

Audiencia de revisión pedida por Diego Vallejo, condenado por asociación ilícita durante el correísmo. Foto: Corte Nacional.

El tribunal de revisión de la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia resolvió negar los recursos presentados por Diego Vallejo, quien trabajó con el correísmo, y William Játiva.

La audiencia en la que los solicitantes expusieron su posición y las pruebas concluyó este viernes 14 de enero del 2022. Diego Vallejo y William Játiva habían presentado un recurso de revisión ante la Corte Nacional de Justicia, que fue negado.

Los dos habían sido sentenciados por asociación ilícita. En 2012, durante el correísmo, fueron detenidos. En su mochila se encontraron dos armas de fuego y documentación personal de autoridades estatales de la época. Sin embargo, señalaron que eso fue parte de un montaje para involucrarlos en un juicio.

Por eso, plantearon un recurso de revisión conforme a las causales 3 y 4 del Código de Procedimiento Penal; es decir, que la sentencia se ha dictado en función de elementos o testigos falsos y que ellos no fueron responsables de los hechos por los que los fueron acusados.

Oswaldo Rivadeneira, exagente de Inteligencia, se retractó en su testimonio inicial -que sirvió como prueba para sentenciar a Vallejo y Játiva- y aseguró que se lo presionó para hacerlo.

Dijo que desde el Gobierno de entonces se “fraguó un complot” para implantar las armas y la documentación en la mochila.

Pese a esta declaración, el Tribunal, conformado por los jueces Walter Macías, Daniella Camacho y Luis Rivera, declararon improcedentes los recursos de revisión y ratificaron la sentencia.

La Corte envió un comunicado en el que indicó que las declaraciones de Rivadeneira no constituían una prueba nueva ya que él fue testigo en la audiencia de juicio. Y que la causal de “testigo falso” no se acredita solo con la “mera retacción posterior” de lo aseverado en el juicio.

Vallejo es un exmilitar que, durante el Gobierno correísta, había trabajado en la Secretaría de Transparencia y en el Ministerio de Justicia, junto al exministro y exasambleísta, José Serrano.