El presidente temporal de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, dice que los casos Metástasis, Purga y Plaga dañan mucho la imagen de la Función Judicial, pero asegura que son aislados.
Las indagaciones que abrió la Fiscalía General del Estado (FGE) desde junio de 2022, que involucró como sospechosos de presunta obstrucción a la justicia a los exvocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno y Juan José Morillo, fue el inicio de una serie de escándalos que, dos años después, amenaza con acabar con la poca credibilidad de la Justicia en el Ecuador.
Desde entonces, la Fiscalía abrió otras investigaciones que involucraron al vocal de la Judicatura, Xavier Muñoz; y al expresidente del CJ, Wilman Terán, por la misma presunta infracción de obstrucción a la Justicia.
Terán también es indagado en el caso Metástasis, que simultáneamente desató indagaciones a jueces y otros funcionarios judiciales que ya son procesados. Otros presuntos actos de corrupción en la Función Judicial se revelaron con los casos Purga y Plaga.
Esta crisis que atraviesa la Función Judicial vuelve los ojos a la Constitución aprobada en 2008, durante la administración del entonces presidente de la República, Rafael Correa, prófugo en Bélgica.
La carta política incorporó cambios en la estructura orgánica y habría derivado en un excesivo poder a la Judicatura; instancia de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
El artículo 181 de la Constitución da al CJ funciones como dirigir procesos de selección de jueces y servidores judiciales; evaluaciones, ascensos y sanciones; administrar la carrera y la profesionalización judicial. Con ello, las autoridades administrativas pueden destituir a jueces, fiscales y defensores públicos.
¿Cree que falló el modelo correista? “Yo creería que sí”, respondió José Suing Nagua, presidente temporal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en un diálogo con LA HORA.
Uno de los problemas que habrían abonado a la crisis y que lo han puesto en el debate sectores académicos y abogados, es la falta de evaluación a jueces, fiscales y funcionarios judiciales. Lo atribuyen a la administración de Gustavo Jalkh, quien estuvo al frente de la Judicatura de 2013 a 2018.
Pero, el presidente de la CNJ dijo que si se quieren encontrar problemas de fondo más estructurales, habría que trasladarse “mucho más atrás” y pensar “si el modelo que nos heredaron, que nos construyeron fruto de la Constitución de Montecristi, es el que nos permitió cambiar la página y generar una reestructura radical y nos generó una buena administración de justicia”.
Personalmente, Suing cree que no: “creo que se le dio demasiada fuerza y valor al organismo administrativo (Consejo de la Judicatura) de la Función Judicial”.
Por ello, opinó que al modelo (correista) deberían incorporarse reformas trascendentales. “La Función Judicial la hacemos los jueces; el juez de instancia, de apelación, de casación; pero (ahora) resulta que la Judicatura gobierna a los jueces. ¿Dónde está la autonomía y la posibilidad de que el juzgador actúe con verticalidad?”.
Aunque resaltó aspectos positivos de la Constitución de Montecristi como los relacionados con derechos, dijo que en el tema orgánico se les fue la mano. “Se generaron funciones que no tienen razón de ser”.
Modelo utilitarista
Suing cree que en el modelo de colocar a la Judicatura sobre la Función Judicial, hubo una especie de utilitarismo.
“(…) Voy a armar un modelo que me permita manejarlo a mi gusto, y al gusto y paciencia mía…”, ejemplifica, al tiempo de recordar que, con el modelo original de Montecristi, la Judicatura iba a integrarse con siete personas (hoy el CJ está integrado por cinco personas: del Ejecutivo, Legislativo, CNJ, Fiscalía, y Defensoría Pública), pero nunca entró en funcionamiento.
Esta conformación fue modificada, dijo Suing, con la consulta popular de mayo de 2011, con la “famosa metida de mano a la Justicia”.
‘Casos aislados’
Trece años después de la consulta de 2011, la administración de Justicia vuelve a estar cuestionada.
El titular de la CNJ lo reconoce, afirmando que los casos que investiga la Fiscalía (Metástasis, Purga y Plaga) “dañan mucho la imagen de la Función Judicial”.
No obstante, sostiene que, si bien los investigados son personas con nombre y apellido, todavía les cobija el principio de inocencia.
“Son mencionados en chats; se han iniciado los procesos de formulación de cargos, están en la fase inicial, pero les asiste el derecho de defensa y ellos serán declarados culpables una vez que tengamos una sentencia ejecutoriada que diga si es culpable, donde va a tener que pagar una pena”. Mientras eso no suceda, siguen siendo inocentes a la luz del Derecho, a la luz del proceso”, dijo.
A pesar de la situación actual, Suing cree que “son casos aislados”, y los califica de “fuertes”, como la investigación del caso Purga, que en Guayas desmanteló a ocho jueces y funcionarios judiciales.
“Indudablemente son casos fuertes, pero no somos todos, somos cientos de jueces; si todos los jueces estuviésemos enjuiciados y estuviéramos en esas malas prácticas, posiblemente para decir la Función Judicial está podrida, pero yo creo que no es así”, aseguró.
Enfatiza en que cree que a veces se va la mano en la calificación y se mira solo la una cara de la medalla, refiriendo que el problema de las malas prácticas son problemas estructurales que no se producen de la noche a la mañana.
Subrayó que esto puede responder con que la sociedad y la economía están siendo afectadas gravemente por bandas de narcotráfico que antes no había.
Pidió considerar estos elementos para analizar el problema en su integridad para saber dónde nace el conflicto, o porqué está contaminando la institucionalidad, pero no solo de la Función Judicial, también Fuerzas Armadas, Policía o el SNAI.
“No digo que todos los militares o toda la Policía, pero hay malos elementos, como siempre. Varias instituciones están afectadas por este tipo de prácticas, entonces no miremos ni pongamos en dedo en la llaga únicamente en los jueces”, dijo.
Agregó que a los problemas estructurales se les debe buscar soluciones.
Según señaló, el CJ no ha realizado evaluaciones de jueces y las últimas datan de años atrás.
“Creo que nunca se ha hecho una evaluación a todos los servidores judiciales”, alertó. (SC)
‘Rango de norma constitucional’
José Alomía, expresidente de la Federación Nacional de Abogados, dijo que la Constitución de 2008 llevó al CJ a ser una instancia de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. La Constitución de 1998 ya establecía una disposición similar. El problema con la actual es que se le otorgó el rango de norma constitucional a sus funciones.
Con ello, las autoridades administrativas pueden destituir a jueces, fiscales y defensores públicos. Cree que es una tergiversación jurídica que debe ser erradicada para tener una Justicia independiente. A eso se suma que los vocales del CJ responden como delegados de la Asamblea, del Ejecutivo, de la CNJ, de Fiscalía y de la Defensoría Pública.
¿Quieres recibir las noticias más importantes? ¡Suscríbete sin costo, recíbelas por WhatsApp! Da clic aquí