La Federación de Abogados alerta que lo que ocurre en las oficinas de citaciones (de causas y juicios) es “alarmante”.
La crisis que atraviesa la Función Judicial nuevamente tiene como origen la Constitución aprobada en 2008 durante la administración del entonces presidente de la República, Rafael Correa, quien se encuentra prófugo en Bélgica.
La carta política no solo incorporó cambios en la estructura orgánica e incidió directamente en el aumento de necesidades y presupuesto para esta función del Estado, sino que derivó es un excesivo poder al Consejo de la Judicatura (CJ); una instancia de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
La Constitución de 1998 ya establecía una disposición similar; el problema es que se le otorgó el rango de norma constitucional a sus funciones.
El artículo 181 de la Constitución vigente dice que son funciones de la Judicatura, entre otras: dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores judiciales, así como su evaluación, ascensos y sanciones; administrar la carrera y la profesionalización judicial.
Con ello, las autoridades administrativas pueden destituir a jueces, fiscales y defensores públicos. “Sin duda, es una tergiversación jurídica que debe ser erradicada para tener una justicia independiente”, afirma José Alomía, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador.
A eso se suma que los vocales de la Judicatura responden como delegados de la Asamblea Nacional, del Ejecutivo, de la Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía y de la Defensoría Pública.
Afectación a usuarios
Los conflictos entre las autoridades judiciales también derivan en una afectación al usuario del sistema e inciden en la calidad del servicio. “Lo de las oficinas de citaciones (de las causas y juicios) es alarmante, sin que el órgano de gobierno de la Función Judicial haga nada efectivo al respecto”, subrayó Alomía.
A escala nacional existen alrededor de 400 jueces que no han sido evaluados y están en funciones desde hace casi 10 años, a pesar de que la Constitución ordena que sus cargos deberán ser revisados cada tres años.
El 95% de los actuales jueces fue designado en la administración de Gustavo Jalkh, quien presidió la Judicatura durante el régimen de Correa.
Alomía cree que la tarea de evaluar a los jueces no solo debe ser prioridad del CJ, sino que debe ser un trabajo coordinado con la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia.
Para este abogado, una salida estructural a la crisis a mediano y largo plazos debería ser una “revisión profunda” de la fuente de designación de los vocales de la Judicatura, y una solución “urgente” debería estar encaminada a un juicio político en la Asamblea “por incumplimiento de funciones”, opinó.
Doble discurso
Para el presidente de la Federación de Abogados, el rechazo del Gobierno a la decisión del juez Diego Poma, quien resolvió trasladar a Adolfo Macías, alias “Fito” de la cárcel de La Roca a la Regional de Guayaquil, eventualmente podría configurarse en un doble discurso. José Alomía dijo tener conocimiento, extraoficialmente, que el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) le habría otorgado a ‘Fito’ un certificado de buena conducta. (SC)
Priorización de proyectos
La Judicatura anunció, el 11 de septiembre de 2023, la priorización de 12 proyectos para mejorar los servicios de la Función Judicial: espacios físicos adecuados para ser atendidos, suficientes jueces para garantizar el despacho de los trámites judiciales ciudadanos, citaciones rápidas y sentencias oportunas.
Sin embargo, para su implementación, el CJ espera el cumplimiento de la sentencia del 7 de septiembre de 2023, con la cual el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dio paso a la acción de protección que declaró la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y ordenó al Gobierno que, en 15 días, asigne los recursos pendientes.
En la CNJ se analiza que determinados casos relacionados con corrupción y crimen organizado, se traten por video audiencias para seguridad de los jueces.
El traslado de casos de corrupción y crimen organizado a jueces especializados en Quito permitiría mayor agilidad en los procesos.