La disputa por el poder, por prevalecer en la Función Judicial, esconde ‘el grave y calamitoso’ estado de la Justicia en el país. Los usuarios sí son afectados por la pugna que tiene en el centro a un Juez Supremo.
ANÁLISIS
El culebrón por la baja calidad de la Justicia en Ecuador sube de tono. Los reclamos ya no son solo de usuarios por falta de celeridad en los procesos. Ha llegado a lo más alto de las funciones del Estado, donde sus principales actores protagonizan una encarnizada lucha de poderes que golpea a la baja credibilidad de la Justicia.
La encuestadora Click, en su medición de mayo, mes de la muerte cruzada, señala que la Justicia nacional está entre las instituciones con mayor rechazo del país. Los datos indican que solo superaba a la Asamblea, que en ese entonces tenía un 4% de imagen positiva.
La Justicia obtuvo un 87,4% de imagen negativa y apenas un 12,5% de la positiva. En esa medición las FF.AA. fueron las mejor valoradas con un 54,2%.
Pero eso no parece ser relevante en estos días entre los actores judiciales. Hay un hecho que marca la última disputa. En las alturas del Poder Judicial, el motivo es la cuestionada actuación del juez supremo Walter Macías.
Un juez nacional es una de las mayores autoridades en la Función. Son como los generales en la Fuerza Pública. Los mejor capacitados, de amplia experiencia, respetables. Están revestidos de plena autoridad. Se supone que esos jueces cometen una mínima cantidad de errores y, obviamente, están alejados de inmoralidades y actos de corrupción.
No obstante, el juez Macías, para el Consejo de la Judicatura, cometió errores muy graves que le valieron su destitución. En el expediente disciplinario, en poder de este Diario, se asegura que hay sustento en la denuncia de Luis Esteban Celi de la Torre, del 8 de mayo de 2023. Este último, involucrado en el caso Las Torres sobre delincuencia organizada en la Contraloría, informó de la presunta comisión de faltas disciplinarias por parte del Juez Macías y del conjuez Mauricio Bayardo Espinosa Brito.
La Judicatura determinó que Macías convocó a una reinstalación de audiencia de juicio “cuando el tribunal competente para resolver la causa, no estaba conformado en legal y debida forma” y no tenía competencia.
La falta en ese juicio sirvió para que la Judicatura lo destituya. Un agravante que fue tomado en cuenta es que el juez Macías ya fue sancionado previamente. Fue en noviembre de 2014, dice el expediente, cuando era agente fiscal de Manabí y fue suspendido del cargo sin remuneración por 15 días.
Con 2 votos a favor y una abstención lo sacaron del máximo tribunal del país.
Pero esto no gustó ni en la Fiscalía General del Estado. Ni en la Corte Nacional de Justicia, al menos, a una parte de sus integrantes. Tampoco al Gobierno.
Por un lado, la Fiscalía emitió un comunicado acusando a la Judicatura de una supuesta represalia en contra de ese organismo y el Juez. Esto porque Macías conocía del caso de un presunto tráfico de influencias de otros dos miembros de la Judicatura y había ordenado allanamientos en la sede de ese organismo.
En la Corte Nacional también hay disputas por la destitución. En un principio emitieron un comunicado a nombre del Pleno, es decir los 21 jueces, rechazando la destitución del juez Macías. Pero eso no fue así.
Vino el desmentido de seis jueces, en especial los penales. Lo hicieron, según fuentes de ese Tribunal, para evitar que pierdan la capacidad de juzgamiento ante algún proceso que inicie la Fiscalía General y también porque el comunicado no cumplió con el proceso legal interno. Debía conocerse y ser votado, lo que no ocurrió. Dentro están divididos y molestos.
A esto se debe sumar la intervención, todavía declarativa, del Gobierno de Guillermo Lasso. Rechazó la actuación de la Judicatura, cree que la permanencia de los vocales en los cargos “ofende la dignidad de la Función Judicial”. Incluso, instó a la próxima Asamblea a que llame a la Judicatura para que rinda cuentas, que implicaría un juicio político para su destitución.
Disputa invisibiliza problemas reales de la Justicia, dicen abogados
La falta de Justicia produce traumas sociales. Falta de celeridad en los procesos, impunidad, sospechas de corrupción, denuncias de compra de conciencias, amenazas a funcionarios, jueces y fiscales… afecta a empresarios, ciudadanos.
Y esto es justamente lo que ya sucede en el país.
A nombre de los usuarios, la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, liderada por José Alomía, aseguró que la pugna tiene directa repercusión en los usuarios del sistema. Quienes buscan una oportuna y equilibrada Justicia.
La disputa de poder esconde a la opinión pública, cree la Federación, el grave y calamitoso, el colapso total, de la estructura organizacional o modelo de gestión de la administración de Justicia.
Los problemas no resueltos, a decir del gremio nacional, son: dispersión de las dependencias judiciales, evaluación tramposa de servidores judiciales, reducción de Juzgados, eliminación de cargos fundamentales para los procesos que causan problemas de atención a los usuarios, la eliminación de los Juzgados de la Niñez.
Los usuarios no pueden acceder a las dependencias judiciales y para dar atención están los coordinadores, dice. Pero “o han desaparecido o no coordinan ni sirven para nada”. Los abogados aseguran que estos funcionarios desconocen de la tramitología, no tienen autoridad y su actividad es mínima.
La Federación de Abogados pone especial énfasis “al quemeimportismo” ante la falta de implementación del expediente electrónico y, la digitalización y depuración de los archivos. Esto casusa un daño irreversible, dice el comunicado de Alomía.
Finalmente, el gremio exigió a todos los estamos de la Función Judicial que ejerzan sus funciones, según las leyes. No esconder el polvo bajo la alfombra. Que no socaven más la «frágil imagen e institucionalidad». La que, en mayo, estaba apenas arriba de la Asamblea que fue disuelta. (JC)