El aumento del IVA y los impuestos temporales dan algo de liquidez, pero el alto costo del Estado ecuatoriano exige reducir subsidios y gastos.
A pesar de la reducción del riesgo país (alrededor de 1.500 puntos) y el triunfalismo oficial luego de lograr la aprobación de la subida del IVA y la creación de impuestos temporales, la situación fiscal sigue muy lejos de estar resuelta.
Según Fausto Ortiz, exministro de Economía, se necesitan $17.200 millones de nueva deuda en 2024 para cubrir todas las necesidades de financiamiento.
Así, hacen falta $9.000 millones para pagar vencimientos de deudas anteriores ($5.000 millones) y cubrir los atrasos que se arrastran desde 2023 ($4.000 millones).
Por otro lado, la proyección inicial del déficit fiscal (más gastos que ingresos) es de $6.200 millones y solo se puede cubrir con nueva. Además, se necesitarán $800 millones para financiar la guerra contra el terrorismo.
A esto se suma que, según obligación constitucional, se deben presupuestar cada año $1.200 millones más para salud y educación.
En este escenario, y sin inversión pública adicional (se prevé apenas $140 millones para obras) y ajuste a la baja en varios gastos, el déficit podría ser realmente de $8.200 millones hasta finales de 2024.
Los $9.000 millones para deudas y atrasos más los $8.200 millones del déficit totalizan los $17.200 millones para cerrar cuentas.
Los multilaterales y los impuestos aprobados podrían aportar $7.000 millones de las necesidades de financiamiento; otros $4.000 millones quedarían como atrasos de 2024; pero aún así faltarían $6.200 millones.
Ante esta realidad, se vuelve urgente la eliminación y focalización de los subsidios a los combustibles y la optimización de gastos y redefinición del Estado ecuatoriano.
Partir de la realidad
Como ya publicó LA HORA, la escuela de Economía de la Universidad San Francisco (USFQ) planteó una propuesta para reducir en un poco más de $2.800 millones el gasto público.
Sin embargo, más del 67% de esa propuesta se concentra en dos medidas altamente impopulares: focalizar el subsidio de todos los combustibles ($1.500 millones) y despedir al 30% de funcionarios públicos con contratos ocasionales ($442,75 millones).
Otros temas, que incluyen eliminar las empresas públicas deficitarias y fusionar o eliminar 36 dependencias estatales, pueden ahorrar $158 millones más.
El Ecuador necesita un urgente redimensionamiento de su Estado. Rodrigo López, economista y miembro del Colegio de Economía de la USFQ, explicó que se debe pensar diferente porque el Estado no puede hacerlo todo.
“Por ejemplo, la evaluación del sistema educativo evidentemente no puede estar dentro del Ministerio de Educación porque se convertiría en juez y parte, pero por qué no pensar en externalizar el servicio de evaluación. Eso cumple con el criterio de independencia y de ser recurrente a través de una contratación pública, pero me evito gastos administrativos, pasivos laborales, gastos en bienes y servicios, en salarios”, puntualizó.
La idea es externalizar al sector privado la mayor cantidad de servicios que sean posibles; pero evitar la demagogia que vende que se puede recortar el gasto público como sea sin tener consecuencias.
“He visto en redes sociales llamados a cortar a mansalva gastos de seguridad, limpieza y mantenimiento de vehículos en el sector público. Este es un análisis muy ligero porque, por ejemplo, los que más gastan en mantenimiento de vehículos son la Policía y los militares. Si recortamos esos recursos, estamos condenados a tener activos obsoletos e inoperantes”, aclaró López.
En redes sociales se han compartido listas poco serias sobre instituciones que se podrían cerrar; pero en muchos casos, se necesitan cambios legales y hasta constitucionales, y en otros, la eliminación crearía más problemas.
Por eso, como país debemos abrir un debate real sobre qué tipo de Estado queremos y podemos pagar con una economía privada, altamente informal, donde pocos pagan impuestos.
Con un Estado más cercano a las posibilidades económicas de Ecuador se podría bajar la carga burocrática y tramitología, dar más incentivos para la formalización, evitar cambiar las reglas tributarias cada año, bajar el riesgo país a niveles viables de 400 puntos o menos, aumentar la Inversión Extranjera Directa (IED) y dejar de ser un país siempre al borde del default o el impago de deudas. (JS)
¿Qué se puede realmente eliminar?
A partir de las listas que circulan en redes, la escuela de Economía de la Universidad San Francisco (USFQ) ha hecho un análisis de lo que realmente se puede y no se puede eliminar en el Estado:
Se puede eliminar, pero se necesita cambios legales
– Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información: Esta institución se puede eliminar, pero, según el análisis del Colegio de Economía de la USFQ, se requiere una transferencia de competencias sobre el Mecanismo de Protección al Trabajo Periodístico. Además, se necesita una reforma en la Ley de Comunicación.
– Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social: Se debe eliminar, pero se requiere reforma a la Ley Orgánica de La Función de Transparencia y Control Social.
-Superintendencia de Control del Poder del Mercado (SEPS): Se puede eliminar, pero el proceso no es inmediato porque se requiere reforma de ley.
Se puede eliminar sin cambios legales
-Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares
-Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos
-Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
– Instituto de Desarrollo Económico Popular y Solidario
-Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria
– Empresa Pública Centros de entrenamiento para el alto rendimiento
-Empresa Pública de Espacios Públicos
-Yachay Empresa Pública
-Empresa Pública Cementera
– Creamos Infraestructura
Se puede adscribir a otras dependencias
-Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida: Se debe adscribir al Ministerio de Salud Pública (MSP). Ahora se llama Secretaría Técnica De Desnutrición Crónica Infantil
– Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos: Se debe adscribir al Registro Civil
-Servicio Público para pago de accidentes de tránsito: Se debe adscribir al Ministerio de Transporte y Obras públicas (MTOP)
-Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro: Se debería adscribir al Ministerio de Agricultura (MAG)
No se pueden ni se deben eliminar
-Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: No se puede eliminar, Se requiere cambio en la Constitución
-Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: No se debe eliminar porque es el equivalente a la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) para las cooperativas
-Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarios (Conapifs): No se debe eliminar porque actúa como banca de segundo piso para las cooperativas. Además, es financista del Estado
-Tribunal Contencioso Electoral: No se puede eliminar, Se requiere cambio en la Constitución
– Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos: No se debe eliminar porque cumple funciones legales y constitucionales
– Secretaría Técnica de Planificación: Debería existir, pero con una institucionalidad que aborde de manera objetiva y pueda intervenir en la consecución del Plan Nacional de Desarrollo
-Centro de Inteligencia Estratégica: Su eliminación no es pertinente en este momento. Debería juntarse con las unidades de inteligencia de la Policía y FFAA
-Unidad del Registro Social: Es requisito del Banco Mundial y está atado a financiamiento internacional
– Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana: y Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional: No se pueden eliminar. Se requiere cambio en la Constitución
– Corporación de Seguro de Depósitos: No se puede eliminar porque cumple el papel de asegurar los depósitos del sistema financiero
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