El Plan de Transformación del Ejército sugería cambios internos para que el crimen organizado no contamine a los uniformados. Es momento de regresar a las pruebas de confianza, dicen analistas.
Entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, la Fuerza Terrestre desarrolló el Plan de Transformación del Ejército. Las sugerencias incluidas en este documento fueron entregadas al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa.
El general Luis Altamirano fue comandante del Ejército entre esos años y se encargó de compilar el documento que integra al menos once líneas de transformación. Cree que la decisión de aplicar el Plan de Transformación es “impostergable”, aunque reconoció que para ponerlo en práctica también se requiere de “decisión y voluntad política de cambio”.
¿Qué importancia tiene este Plan de Transformación? El oficial, ahora en servicio pasivo, explicó que en el documento se incluyen los procedimientos para fortalecer los mecanismos de control, y la implementación de sistemas internos y externos, entre ellos, la incorporación de pruebas de confianza como el polígrafo, estrés de voz y evaluaciones psicológicas con carácter mandatorio para quienes ejercen funciones de responsabilidad, por ejemplo, comandantes de reparto, responsables de material bélico, de información sensible, etc.
En la reglamentación interna se debe especificar que, para ser comandante o administrador de bodega de material bélico, de sistema de comunicación, o de procesos de contratación pública, debe haber aprobado, previamente, la prueba de confianza.
“Si no se cumplen esos méritos los aspirantes a ascender de grado podrían ser sujetos de desventajas al momento de ser seleccionados para las calificaciones. Esto va a permitir generar mecanismos de presión para que las personas se sometan a las normas que tiene una institución”, señaló Altamirano.
Fuentes del Ministerio de Defensa aclararon que, dentro de la dirección de Planificación Estratégica, ya se trabaja en varios de estos procesos.
Riesgo de infiltración
Esta normativa se debe poner en práctica a propósito de los últimos escándalos ocurridos en el Ejército. José Luis Castillo, general en servicio pasivo, dijo que las Fuerzas Armadas (FF.AA), como cualquier otra institución pública puede ser susceptible a la infiltración del crimen organizado, que tiene capacidad de cooptación de tipo económico y por amedrentamiento.
Por ello, aseguró, es el momento adecuado para que se incrementen y modifiquen las medidas para evitar la infiltración de estas amenazas para la seguridad del Estado. Entre ellas, Castillo mencionó la creación de direcciones de asuntos internos integrada por civiles y militares “porque no podemos ser juez y parte”. Y que se dedique a detectar y prevenir una contaminación por el crimen organizado.
Para eso se debe aplicar la contrainteligencia con el fin de recabar información sobré qué hacen sus miembros. Así como, pruebas de polígrafo, psicológicas, historial de declaración de bienes, pruebas toxicológicas para conocer si se hace uso de sustancias prohibidas o sujetas a fiscalización, y la rotación de los cargos que son sensibles o sujetos a contaminación. Por ejemplo, en un destacamento en la frontera norte que controla los corredores del narcotráfico, deben ser rotados de manera permanente, sugirió.
El caso ‘Don Naza’
El 9 de mayo de 2022, el ministro de Defensa, Luis Lara reveló que 139 uniformados (3 oficiales y 136 oficiales) fueron identificados como presuntos clientes e inversionistas de la captadora ilegal “Big Money” del fallecido Miguel Ángel Nazareno alias ‘Don Naza’.
Asimismo, señaló que se procesa administrativamente a siete uniformados por tener responsabilidad en la vulneración a la seguridad de las instalaciones del Ministerio de Defensa y que derivaron en el ingreso de Nazareno al complejo. En la Fiscalía reposa una denuncia por el presunto delito de Infiltración en áreas de seguridad de personas ajenas a la institución de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal (COIP). (SC)
Las tentaciones que atraen a miembros de las FF.AA.
Luis Altamirano recordó que hay militares, así como ciudadanos, se han visto atraídos a las captadoras ilegales. Uno es el caso del notario Cabrera, que solo se desveló con el fallecimiento de quien encabezaba ese esquema y que operó durante 16 años.
‘Big Money’ se hizo público a inicios de 2021 en Quevedo. El exjefe militar dijo que desde ese momento se debieron impulsar investigaciones inmediatas al interior de la institución armada.
“(Nazareno) era un militar en servicio activo. Es lógico pensar que, quienes debían ejercer control sobre el personal militar de la unidad de Quevedo tenían que presentar sus informes para profundizar las investigaciones y la determinación de responsabilidades en caso de existir”.
Sin embargo, dice que todavía no se conoce si este proceso se cumplió. Es extraño que el fallecido exmilitar no haya tenido orden de detención -hasta el momento de su deceso- y su causa no se haya sustanciado con la celeridad.
El artículo 10 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar determina la obligación que posee todo superior jerárquico al investigar y sancionar todos los actos que puedan constituirse en una falta disciplinaria.
“Es preciso que estos hechos se transparenten. Los procedimientos seguidos al interior de la institución no eximen de una actuación de la Fiscalía”,
Luis Altamirano,
excomandante del Ejército.