La jueza ratificó la orden de detención en contra de Jorge Chérrez, prófugo en México. Sobre él pesa una solicitud de extradición.
La jueza de la Unidad Judicial, Irene Pérez acogió hoy, 31 de enero de 2024, un pedido de la fiscalía general del Estado (FGE), y llamó a juicio a diez sospechosos por el presunto delito de peculado por el supuesto desvío de recursos en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL)
Entre los llamados a juicio están los exdirectivos del ISSPOL, Enrique Espinoza de los Monteros, y David Iván Proaño.
Irene Pérez también incluyó en su auto de resolución a Jorge Chérrez, representante de la empresa IBCorp; a Luis Domínguez, exgerente general de Ventura Casa de Valores; Jhon Luzuriaga, exdirector de Riesgos; Santiago Duarte, exasesor jurídico; Alfredo Valderde, exjefe de Inversiones; Rafael Nuques; exdirector económico financiero; Luis Álvarez, exdirector de operaciones de Decevale; y Carlos Carbo; exgerente genera de Decevale.
La infracción por peculado está tipificada en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)
El caso investiga un supuesto perjuicio de $216 millones en el ISSPOL en bonos con pacto de recompra.
En su fallo, la jueza ratificó la orden de detención en contra de Chérrez, prófugo en México y sobre quien pesa un pedido de extradición; y para Álvarez, Domínguez y Luzuriaga. Este último ya cumple sentencia en Estados Unidos.
El director del ISSPOL, Renato Gonzáles, declaró que, en los próximos días, a través del departamento Jurídico se solicitará la difusión roja a las autoridades de Interpol para estos investigados. En el ISSPOL no tienen certeza del paradero de Luis Domínguez.
Los involucrados tiene la prohibición de enajenar bienes por hasta $188 millones monto calculado con afectación a la fecha en que se presentó la denuncia.
Renato Gonzáles, dijo que, con la resolución de la jueza de abre una “luz de esperanza” para obtener justicia.
Sin embargo, aclaró que todavía se mantendrán vigilantes porque el proceso penal en el país será extenso, pues primero vendrá la fase de juzgamiento de primera instancia; luego la etapa de apelación para la sentencia de segunda instancia.
Los investigados, inclusive, pueden recurrir a la casación (pedido de revisión de la sentencia de primera instancia) antes de que se produzca la sentencia en firme.
Los recursos que se recuperen serán necesarios para atender a 90 mil familias de la seguridad social policial, entre ellos, los deudos de 306 policías que han fallecido en servicio activo desde 2020, señaló Gonzáles.
La denuncia por el desfalco de los recursos en el ISSPOL se presentó en agosto de 2020, y la etapa de preparación y audiencia de juicio empezó en octubre de 2021.
Desde su etapa preprocesal a la fase procesal (instrucción fiscal) y audiencia de evaluación y preparatoria de juicio tomó más de 3 años. Solo la audiencia de evaluación tomó 27 meses. (SC)
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