La Justicia puede emitir alertas rojas, pero estas no siempre tendrán el visto bueno, como el caso de Correa.
Los pedidos que hace la justicia ecuatoriana para buscar y capturar a exfuncionarios y otras exautoridades del Estado se caen. La activación de las alertas rojas tiene limitaciones cuando la Interpol, oficina internacional encargada de ejecutarlas, considera que prevalece un componente político en las solicitudes que emiten los países miembros.
Por ejemplo, la Policía Internacional ha negado los pedidos en contra del expresidente Rafael Correa. Las solicitudes de alertas rojas se intentaron en tres ocasiones para que responda por el secuestro del activista Fernando Balda y por la sentencia del caso Sobornos 2012-2016.
El abogado del exmandatario, Carlos Alvear, indicó que la petición no prosperó porque esa alerta va en contra de los principios de la Interpol. “Primero tiene que pasar por un análisis del equipo técnico del organismo”, que se encuentra en Francia.
Pedidos rechazados
La base que utiliza la Interpol para negar las solicitudes está en el artículo 3 del Estatuto de Constitución de la Organización Internacional de Policía Criminal.
En la normativa se indica que a la organización le “está rigurosamente prohibida” toda actividad o intervención en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.
El excanciller y exministro de Gobierno, Fernando Gándara, explica que esta regla no actúa únicamente en casos en los que se podría advertir una “posible persecución política”; sino porque también se valora si ejerció un determinado cargo público.
El último caso reciente en que Interpol activó un pedido fue el primero de diciembre. Sebastián Yunda, requerido por las autoridades judiciales ecuatorianas, fue detenido en Argentina. Él es investigado por supuestas irregularidades en el Municipio de Quito. No ocupaba un cargo público.
Yunda recuperó su libertad el viernes, 3 de diciembre de 2021, ya que la justicia argentina consideró que puede presentarse periódicamente ante un juez. Esto mientras se cumple un pedido de extradición en su contra.
En otros casos, los pedidos de búsqueda y captura sí han funcionado en contra de personas que ejercieron cargos públicos. Por ejemplo, en febrero del 2020, Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia del correísmo, fue detenido en España para su posterior extradición a Ecuador para que responda por el secuestro del político Fernando Balda. En su expediente no se determinó que existía una carga política dentro del delito sancionado.
La Policía Internacional también se activó en 2019 y detuvo en Perú al exministro del correísmo Ramiro Gonzáles, pero fue liberado tras un fallo de la justicia de ese país.
¿Cómo funcionan las alertas?
LA HORA se comunicó con un jefe policial que trabajó durante tres años en las oficinas de Quito que coordinan con la Interpol. Prefirió no ser citado.
El oficial indicó que todo inicia cuando un juez ecuatoriano, a pedido de Fiscalía, solicita la activación de la difusión roja. Solo se podrá dar cuando hay certezas de que abandonó el país y tras verificar que el supuesto delito por el cual es procesado supera los tres años de prisión.
La Oficina Central Nacional de Interpol en Quito elabora un borrador de notificación. Ahí se adjunta las huellas dactilares, los nombres completos, los alias y las fotografías del sospechoso. En la identificación se indica expresamente si ocupa o ejerció un cargo público. Además, se escanea la resolución de la audiencia y se envía a los ficheros de la organización en Lyon, Francia. Un grupo de analistas verifica si procede el pedido. “Cuando ellos determinan que hay situaciones políticas, lo niegan”, indica.
Por estas consideraciones, la Interpol no activó el pedido de difusión roja en contra de Walter Solís, exsecretario del Agua, sentenciado en Ecuador. Así lo informó su abogado José Luis Ortega. Además, añadió, que la justicia del país no especificó claramente el tipo de delito por el que se lo perseguía.
La captura no es suficiente
Para que los sospechosos o condenados enfrenten la justicia ecuatoriana se requiere un pedido de extradición. El juez, a cargo del proceso judicial, debe solicitar esa figura a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El artículo 30 de la Ley de Extradición de Ecuador señala que se lo hará “cuando exista una orden de prisión preventiva o sentencia en contra de una persona que se encuentre prófuga o que tenga notificación roja”.
Luego de un análisis, el Presidente de la CNJ dictamina procedente la solicitud de extradición y se emite una solicitud formal a las autoridades del país donde se encuentra el procesado, siempre y cuando tenga un convenio con Ecuador.
Si el país donde está capturado el procesado acepta la extradición, se coordinará la entrega del procesado en territorio ecuatoriano. (DP)
194 países son miembros de la Interpol.
Fugitivos que persigue la Organización de Policía Criminal
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