En la Comisión de Fiscalización, controlada por el correísmo, inició la sustanciación de la interpelación contra Esteban Bernal, exministro de Guillermo Lasso.
La solicitud de juicio político que, el 27 de noviembre de 2023 planteó la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional, en contra de Diana Salazar, fiscal general del Estado (FGE), por un presunto incumplimiento de funciones, tendrá que seguir esperando su trámite al menos, unos siete meses más.
La Comisión de Fiscalización, controlada por el correísmo, inició el miércoles 21 de diciembre de 2023, la sustanciación para el trámite de interpelación en contra de Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social (MIES) del gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso.
Con el trámite de enjuiciamiento a Bernal -por incumplimiento de funciones debido a supuestas irregularidades en la entrega de bonos- comenzó el primero de los procesos que quedaron detenidos desde la anterior Asamblea por efectos de la muerte cruzada.
Luego, será el turno de la sustanciación del pedido de juicio en contra del vocal Fausto Murillo, y el exvocal, Juan José Morillo, del Consejo de la Judicatura (CJ). Este caso estará a cargo del legislador, Carlos Vera.
A este le seguirá un proceso planteado en contra de Juan Zapata, exministro del Interior del gobierno de Guillermo Lasso. Solo luego de esto, viene el proceso contra Diana Salazar, fiscal general del Estado (FGE), y finalmente el de Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, quien es procesado por la fiscalía, junto a otras 30 personas, por el presunto delito de delincuencia organizada.
Alrededor de dos meses para el trámite
El pedido en contra de Bernal fue planteado, primero por el entonces asambleísta Mario Ruiz (Pachakutik). Por la ausencia de Ruiz en el Legislativo, el Pleno de la Asamblea designó al segundo vicepresidente, Eckenner Recalde (ADN) como el nuevo proponente. Él deberá llevar adelante la interpelación con la base de las acusaciones planteadas por Ruiz.
En la sesión de la Comisión de Fiscalización, del miércoles 20 de diciembre, Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana) su presidenta, dispuso ese mismo día que Esteban Bernal y Ecknner Recalde, sean notificados con el inicio del proceso.
Según estipula la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), cada uno tendrá 15 días de plazo para preparar y presentar en la Comisión de Fiscalización las pruebas de cargo y de descargo. Esta primera etapa tomará hasta fines de enero de 2024.
Posteriormente, la Comisión tendrá 10 días más para la actuación de la prueba (comparecencias). En 5 días, el informe volverá al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que, a su vez, tendrá 2 días para su difusión entre las bancadas.
Culminado este plazo, Henry kronfle, presidente de la Asamblea tendrá 5 días más para disponer la inclusión de la solicitud de juicio en el orden del día para que sea tratado en el pleno del Legislativo.
Estos últimos plazos se podrían extender hasta fines de febrero. De hallarse responsabilidades por presunto incumplimiento de funciones de Bernal, la Asamblea podría decidir una eventual censura del exfuncionario, y con ello la pérdida de derechos políticos por dos años.
Proceso sobre vocales de la Judicatura
Una vez que el pleno del Parlamento haya resuelto este caso, la Comisión de Fiscalización deberá volver a instalarse para sustanciar el pedido de juicio al vocal Fausto Murillo, y el exvocal, Juan José Morillo, del Consejo de la Judicatura (CJ).
Los plazos para el tratamiento de esta interpelación serán los mismos que se aplicaron con Esteban Bernal, y se podrían extender hasta abril de 2024.
A este le seguirá un proceso planteado en contra de Juan Zapata, exministro del Interior del gobierno de Guillermo Lasso, que podría estar resuelto hasta junio del próximo año.
El turno para la sustanciación y resolución del juicio político a la Fiscal Diana Salazar sería hasta agosto de 2024, mientras que el juicio político en la Asamblea en contra de Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, empezaría en octubre. (SC)
“Buscan impedir participación en 2025”
Esteban Bernal calificó al inicio del juicio en su contra como “una vulneración al estado de derecho” y una forma “discrecional” e “inverosímil” que intentaría evitar su participación política en las elecciones presidenciales y legislativas de 2025.
Bernal pidió el archivo del expediente en su contra, y cuestionó los argumentos para la interpelación que, en su momento los planteó el exasambleista Mario Ruiz, los cuales se derivan, dijo, de “un desconocimiento absoluto” de las normas y la metodología que rigen las transferencias de bonos a personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
No es el MIES el que decide a quién entregar el bono, aseguró Bernal, tras sostener que es el el “Registro Social, como ente autónomo y administrativo el que determina quiénes son los beneficiarios según los quintiles de pobreza, lo cual además que es observado por la Contraloría”.