El PSC cree que no se debe “atropellar” la Constitución para “acomodar a discreción” los procesos de juicios políticos que están pendientes.
El Partido Social Cristiano (PSC) adoptó, en la Asamblea Nacional, una postura de defensa alrededor de las últimas acciones de la fiscal general del Estado, Diana Salazar que involucran a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y a otros 30 procesados en el presunto delito de delincuencia organizada.
Afirmaciones como las del asambleísta Vicente Taiano (PSC) pondrían en entredicho el acuerdo con la Revolución Ciudadana (RC) -que llevó a Henry Kronfle a la presidencia del Parlamento-. Taiano aseveró que no “cabe otro camino que respaldar el trabajo que está realizando la Fiscal General en contra del crimen organizado y la narco corrupción en el Estado”.
Esto porque desde el 14 de diciembre de 2023, la RC está en carrera por adelantar los plazos para enjuiciar a la Fiscal General por presunto incumplimiento de funciones.
Para el PSC tampoco se debe “atropellar” la Constitución para “acomodar a discreción” los procesos de juicios políticos que están pendientes. “Los procesos de juicios políticos deben ser evacuados según el orden de su presentación y en los que ya no existen ponentes deberían designarse nuevos asambleístas actuantes”, señaló Taiano.
Para una eventual censura y destitución en medio de un juicio político a la fiscal se requieren 70 votos, como lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El correísmo ocupa 51 curules, y con el PSC, que tiene 18 asambleístas, sumarían 69.
Un sector de independientes en la Asamblea cree que, ante un eventual desacuerdo entre estas fuerzas políticas, al correísmo no se le sería difícil negociar los 19 votos restantes (entre independientes y asambleístas provinciales) para lograr el objetivo de censurar a la fiscal.
No se debió calificar la solicitud
Sin embargo, en la Asamblea surgen voces de que la coalición conformada entre el PSC y ADN, que intentaría sostener en el cargo a la Fiscal, debió bloquear el proceso desde el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y evitar que el juicio sea calificado; con ello, la fiscal no entraba en una suerte de acusación constitucional.
Con el transcurso de la sustanciación del juicio en la Comisión de Fiscalización, controlada por el correísmo, Diana Salazar tendrá que acudir a la Asamblea para defenderse no solo en esa mesa legislativa, sino también en el Pleno. Que el pacto entre el correísmo, el PSC y ADN, siga o no vigente se verá durante una votación futura en el pleno (SC)
Resolución a favor de la Fiscal
Uno de los primeros desacuerdos entre los protagonistas del pacto quedó en evidencia en la sesión 879 del Pleno de la Asamblea, convocada por el presidente Henry kronfle (PSC) este lunes 18 de diciembre de 2023.
En la plenaria se dio paso a una moción planteada por el asambleísta del movimiento Construye, Jorge Peñafiel para el cambio del orden del día; además, se aprobó un proyecto de resolución para respaldar las acciones de la fiscal Diana Salazar en el caso que involucra al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y otras 29 personas en el presunto delito de delincuencia organizada.
La iniciativa de Construye logró el respaldo de 74 legisladores agrupados en las bancadas del PSC, Acción Democrática Nacional (ADN) y un sector de independientes. El bloque de la Revolución Ciudadana se apartó y votó en contra.
La resolución aprobada por el pleno del Parlamento incluyó una exhortación al presidente de la República, Daniel Noboa, para que disponga a los cuerpos de seguridad del Estado desplegar todo su contingente para garantizar la integridad y la vida de quienes han desarrollado esta investigación, y en especial a la Fiscal. En el documento aprobado se rechazó todo intento de manipulación de la justicia, abuso del derecho o mal uso de las acciones constitucionales.
“Por el bien del país y por la vigencia del Estado de Derecho, este proceso debe desarrollarse con transparencia, celeridad y todo el rigor que acusaciones de esta gravedad exigen”, refiere la resolución. (SC)
Ecknner Recalde, el segundo vicepresidente de la Asamblea, será el proponente del juicio político en contra del exministro de Inclusión, Esteban Bernal, por presunto incumplimiento de funciones.
El asambleísta Carlos Vera sustanciará el juicio al vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, y al exvocal Juan José Morillo.