El sistema hace aguas por todas partes. El subsidio estatal (40% de aporte) es uno de los gastos que más han crecido en los últimos cinco años. El fondo de salud acumula deudas y deficiencias en el servicio.
Solo entre enero y abril de 2024 se acumularon retrasos de pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de $611 millones. El Estado deficitario ecuatoriano no puede pagar a tiempo, y de manera completa, el aporte o subsidio del 40%; mientras los afiliados con sus pagos mensuales solo llegan a cubrir el 49% de todo el gasto en pensiones y un porcentaje similar de lo que se necesita para financiar las atenciones de salud.
La situación del IESS es una bomba de tiempo que puede estallar en cuatro años o incluso antes (2 a 3 años), de acuerdo con Andrea Rodríguez, economista, debido a que “se sigue pateando para después la reforma integral que se necesita”.
A continuación, se detallan 8 claves de por qué esa bomba de tiempo está a punto de estallar en la cara de los ecuatorianos:
1 El actual sistema de pensiones del IESS tiene, según Gabriela Calderón, investigadora del Cato Institute, tres problemas estructurales: Cubre una minoría de la fuerza laboral (38%), no incentiva el ahorro y desalienta la contratación formal de trabajadores.
“Hay muchos trabajadores que pudiendo afiliarse deciden no hacerlo (como los trabajadores independientes formales). Esto es así porque no valoran los servicios del IESS frente a las alternativas. Otros trabajadores no pueden costear los altos costos de formalizarse o prefieren evitarlos. Aumentar la cobertura requiere también de una reforma laboral”, dijo Calderón.
2 El subsidio a las pensiones es el segundo más alto en el Presupuesto General del Estado (PGE), solo superado por el subsidio a los combustibles.
Este 2024, al IESS le faltarán $3.297 millones porque los aportes de los afiliados actuales solo cubren un 49% de lo que se requiere para pagar las pensiones. En 2023, $2.638 millones.
Uno de los problemas de fondo es que en los sistemas tradicionales de reparto (como el IESS), cada afiliado nuevo agrava el déficit actuarial. Es decir, incrementa el faltante para cubrir las promesas a los jubilados en el futuro. Esto es así porque habrá menos trabajadores financiando las pensiones de cada vez más jubilados. El riesgo de tener al menos dos generaciones sin pensiones es algo real.
3 Los empleadores perciben las contribuciones al IESS como parte de la carga tributaria, casi como un impuesto a la contratación. Los empleados lo ven, en una gran parte de los casos, como un impuesto a cambio de servicios nulos, tardíos o de mala calidad.
Como parte del costo del populismo, durante la década correísta, se ampliaron servicios con cobertura total de salud, pero sin financiamiento para hijos menores de 18 años de los afiliados, enfermedades catastróficas y crónicas. Por pocos años, esos servicios se pudieron cubrir gastando los ahorros de la institución o reduciendo el porcentaje del aporte a pensiones, pero eso ya no es posible.
La falta de recursos ha hecho que se acumule una millonaria deuda de más de $400 millones con los prestadores externos y que se reduzcan las derivaciones que en algo descongestionaban la atención en el sistema.
4 Hace nueve años, el aporte estatal del 40% al fondo de pensiones llegaba a $822 millones. En 2020, ese aporte sumó más del doble con $1.730 millones. Para 2024 está presupuestado más de $2.300 millones solo para el IESS, sin tomar en cuenta los casi $700 millones adicionales para el Issfa y el Isspol.
En los últimos cinco años, el subsidio al IESS, junto a las transferencias de bonos sociales, han sido los gastos del presupuesto estatal que más han crecido. Se han duplicado desde el 1,9% al 4,2% del PIB; y superan incluso al gasto en sueldos.
5 El IESS tiene un poco más 3 millones afiliados, pero un gran porcentaje son voluntarios y amas de casa con promedios bajos de aportación. Los jubilados ya llegan a las 700.000. Cada mes se reciben alrededor de $700 millones por aportes y de eso un 5% va al fondo de salud. El dinero no alcanza porque la institución da servicios de salud a más de 8 millones de personas, es decir, casi tres veces más que los afiliados activos
6 Un informe publicado en 2021, con aportes de expertos independientes, el Banco Mundial y la Universidad de las Américas (UDLA), ya establecía que el sistema era insostenible.
El Estado ecuatoriano debe transferir al menos $1.000 millones al año para financiar el sistema de pensiones. De lo contrario, las reservas o ahorros podrían agotarse tan pronto como finales de 2025 e inicios de 2026.
Esto significa que hoy estarían en riesgo las pensiones de los actuales jubilados, así como las de los actuales aportantes de mediana edad, es decir, de entre 30 y 45 años.
7 El país no solo necesita tener más afiliaciones, a través de una mejora sustancial del mercado laboral, sino también debatir si se mantiene el alto subsidio que paga el Estado a costa de financiarlo con más impuestos o fuertes recortes en otros gastos.
La economista Rodríguez puntualizó que “no solo se necesita cortar las ineficiencias y despilfarros en el gasto del IESS, sino también diseñar opciones que hagan más sostenible al sistema”. Esto puede incluir, por ejemplo, un esquema mixto donde se mantenga el fondo común existente, pero se permita que los afiliados tengan cuentas de ahorro individual.
Se debe rescatar los consensos logrados durante la elaboración de la propuesta de reforma elaborada al final del Gobierno de Guillermo Lasso. Esto incluye temas como cambiar completamente la ineficiente jubilación patronal, entre otros.
8 Los jóvenes de hasta 30 años representan apenas el 24,97% de los 3’406.075 afiliados al IESS. En otras palabras, solo uno de cada cuatro aportantes actuales al sistema son jóvenes de hasta 30 años en Ecuador. (JS)
La deuda del Estado con el IESS asciende a $2.700 millones en pensiones; mientras que en salud es de al menos $4.800 millones.