Otro de los problemas que enfrentará quien gane las elecciones se encaminará al tema presupuestario que requerirá para la organización de procesos electorales.
La posibilidad de convocar a una consulta popular o llamar a una asamblea constituyente para escribir una nueva a la Constitución está en agenda de los candidatos presidenciales Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC) y Daniel Noboa, auspiciado por la alianza Acción Democrática Nacional (ADN).
Este es un tema relevante para determinar el proceso de cambio y ajustes en la estructura legal y política del país y forma parte de uno de los ejes del debate presidencial previsto para el 1 de octubre de 2023. Los aspirantes han anticipado varias ideas alrededor de estos temas.
Sus propuestas constan en el plan de gobierno que presentaron en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como requisito para inscribir sus candidaturas.
González plantea una constituyente para modificar aspectos que formaron parte de una consulta popular que se aprobó en la administración de Lenín Moreno, entre ellas la eliminación de la reelección indefinida.
La intención de Noboa, en cambio, sería abordar temas de seguridad, institucionalidad, terrorismo, economía, laboral y salud, a través de una consulta popular.
Pero quien gane las elecciones en segunda vuelta solo tendrá tiempo para gobernar 17 meses, pues asumirá el cargo para completar el periodo 2021-2025 que se suspendió por efectos de la muerte cruzada, decretada por el actual presidente, Guillermo Lasso. Así, al Gobierno de transición, el tiempo le jugará en contra.
Para la instalación de una constituyente se requiere, primero convocar a través de una consulta popular. De ganar el SÍ, será necesario que el gobernante llame a los electores para designar a nuevos asambleístas, y luego, volver a llamar a los ecuatorianos a las urnas para que se apruebe o no el nuevo texto constitucional. Solo entonces entrará en vigencia la nueva Constitución.
Para el docente de comunicación política, Giussepe Cabrera, los tiempos en ambos casos (consulta o constituyente) “no serán factibles” porque dependerán del pronunciamiento de los jueces de la Corte Constitucional (CC) por lo que los candidatos no podrán garantizar que se cumplan. El proceso también está sujeto a los plazos que fije el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Otro de los problemas tiene que ver con los presupuestos que se requerirán para organizar los procesos electorales. Cabrera recordó que solo la consulta popular de Guillermo Lasso costó cerca de $70 millones.
Hay otros procedimientos que podrían desbordar el tiempo de la nueva administración gubernamental que, según los cálculos del CNE, empezaría el diciembre de 2023.
En 2007, la Asamblea que redactó la Constitución estuvo vigente de noviembre de ese año a octubre de 2008, es decir, once meses.
En el plan de Daniel Noboa se dedica, en menos de una página, una propuesta de consulta, pero no está claro qué se preguntará a los ecuatorianos. Únicamente consta el tiempo en el que se concretará: sería en los primeros 90 días de su Gobierno. (SC)
Acuerdos con miras a 2025
Gussepe Cabrera también reflexiona en la importancia de que en el periodo de gobierno (17 meses) se consoliden conversaciones y acuerdos para plantear las reformas en 2025 junto con las elecciones generales. Considera que sería un “desatino total” de los candidatos proponer una consulta popular a tan poco tiempo de una elección presidencial.
“Si la decisión es consultar al pueblo, lo tendrían que ejecutar en tiempo récord y con muchas fallas”, advirtió.
Tampoco hay las condiciones para ir hacia una reforma parcial de la Constitución que debe pasar por la Asamblea Nacional donde claramente ninguno de los dos tendrá mayoría y para eso se requieren votos. “Ellos saben que es difícil negociar en el Parlamento si no hay reparto”.
Cerca de $70 millones costó la consulta que promovió Guillermo Lasso.