El resultado electoral presidencial de segunda vuelta, los efectos que tendrá la repetición de las elecciones en el exterior y las conclusiones del debate del 1 de octubre, serán cruciales para la definición de alianzas.
Los resultados preliminares de las elecciones del 20 de agosto de 2023 anticipan que en el nuevo periodo legislativo ninguna fuerza política, por sí sola, tendrá una mayoría absoluta de 70 votos (de 137 asambleístas); necesarios para tener el control administrativo de esta función del Estado.
De ratificarse los resultados electorales habrá cuatro sectores de minoría: Revolución Ciudadana (RC), Movimiento Construye, el Partido Social Cristiano (PSC) y Acción Democrática Nacional (ADN), que podrán constituirse como bancada legislativa.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) ordena que serán considerados como bancada aquellos partidos y movimientos que cuenten con 14 legisladores. En la conformación de la nueva Asamblea también existe representación de otras organizaciones provinciales que obtuvieron menos de tres representantes.
Las bancadas de minoría tienen el reto apremiante de establecer acuerdos y alianzas para lograr los 70 votos para poder designar a las autoridades; presidente, dos vicepresidentes, vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y presidencias de Comisiones Especializadas en un Parlamento que se instalará en diciembre de 2023.
Otro de los desafíos será lograr que la Asamblea logre la aceptación ciudadana.
Para ello, las negociaciones políticas para hallar consensos que les permita armar una mayoría sólida están desplegadas. Sin embargo, todavía nada está dicho; aún no hay definiciones.
Llegar a este objetivo no solo dependerá de los resultados electorales presidenciales de la segunda vuelta prevista para el 15 de octubre, sino de los efectos que tendrá la repetición de las elecciones de asambleístas nacionales y del exterior en las tres circunscripciones ordenada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estos resultados serán cruciales para definir qué alianzas se podrían configurar en el Parlamento para alzarse con la Presidencia.
Por lo pronto, hay diálogos incipientes que avanzan en medio de la aspiración de las cuatro fuerzas de minoría de convertirse en la primera mayoría de la Asamblea.
Por separado, voceros de la Revolución Ciudadana, del movimiento Construye, ADN y el PSC han dejado claro que existe una apertura necesaria para llegar a acuerdos al menos para el tratamiento y resolución de temas coyunturales.
Debate presidencial
Otro factor clave para alcanzar definiciones será el debate presidencial del 1 de octubre de 2023.
Uno de los ejes del careo entre Luisa González y Daniel Noboa, organizado por el Comité Nacional de Debates (CND) girará en torno a la gobernabilidad con la Asamblea Nacional durante un año y medio con el que se completará el periodo 2021-2025 que quedó postergado por la muerte cruzada.
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es clave para la estabilidad y eficacia de la administración pública.
En este punto, los presidenciables deberán centrar sus propuestas en cómo planean trabajar -de ganar las elecciones- con una Asamblea fraccionada durante su mandato para lograr una gobernabilidad efectiva.
Patricia Hidalgo, una de las voceras del Comité de Debates, cree que este será uno de los temas neurálgicos que deberán desarrollar los candidatos a la Presidencia. “Es obvio que ninguno de los dos, gane el que gane, tendrá mayoría en la Asamblea. Entonces, ¿cómo van a hacer?”, cuestionó Hidalgo.
Ella sugiere que, en medio del debate, los aspirantes a la Presidencia podrían referirse a los acuerdos a los que pretendan llegar o al menos a puntos comunes, caso contrario no habrá gobernanza, anticipó la vocera del CND. (SC)
Ejecutivo-Cpccs, una relación “áspera”
Patricia Hidalgo no descarta que dentro del eje político también se puedan incluir preguntas sobre la relación que ha mantenido el Ejecutivo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), tomando en cuenta que al final del día es el ente encargado de designar a las autoridades de control del Estado.