El presidente de la Asamblea aseguró que se cumplieron las fases que establece el procedimiento en un juicio político.
La decisión de una mayoría de oposición en la Asamblea Nacional de destituir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), empieza a traer consecuencias.
Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, junto con Sofía Almeida y David Rosero, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), están en la mira de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo; consejeros de mayoría en este organismo del Estado quienes fueron censurados y removidos de sus cargos el 18 de noviembre de 2022 por presunto incumplimiento y arrogación de funciones.
Ellos recuperaron sus cargos pocos días después tras una decisión de Ángel Lindao Vera, juez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas) que dio paso a una medida cautelar a su favor.
Las acciones legales
Los consejeros de mayoría en el Cpccs enviarán a la Fiscalía General del Estado (FGE), dos denuncias en contra de tres autoridades.
La primera por un presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente en contra del presidente de la Asamblea Nacional.
Simultáneamente se remitió un comunicado al juez de La Concordia a quien se le informa acerca del incumplimiento de la medida cautelar por parte del Presidente de la Asamblea, y le solicita que se proceda con el trámite previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
La segunda acción legal es por el supuesto delito de usurpación de funciones en contra de los vocales del Cpccs, David Rosero y Sofía Almeida, quienes también deberán enfrentar un proceso de control político por una “evidente arrogación de funciones” en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
Ibeth Estupiñán, vocal de mayoría del Cpccs, defiende las decisiones adoptadas por el pleno del Consejo Ciudadano, en contra de Virgilio Saquicela, y pide que sus acciones sean investigadas por un organismo independiente (Fiscalía) que pueda determinar si existe o no algún interés particular en vulnerar e incumplir la ley de autoridad competente.
“Se está actuando fuera del marco legal y de manera política, queremos que se investigue porque se ha vulnerado el debido proceso con la destitución, no fuimos notificados de forma legal del juicio y no hubo expedientes”, dijo Estupiñán.
Hernán Ulloa, presidente del Cpccs, señaló que es obligación de la Asamblea respetar la acción constitucional y la institucionalidad del país, y evitar que se siga generando una pugna entre los consejeros: “El Consejo de Participación hará respetar su independencia y autonomía”, indicó.
Para la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira, la Asamblea pretendió, de manera arbitraria, “tomarse por asalto la designación de autoridades”.
Estupiñán y Francisco Bravo también rechazaron cualquier tipo de intimidación e intención de interferir en sus funciones de designación de autoridades.
Saquicela se defiende
Virgilio Saquicela, defendió su gestión y aseguró que se actuó dentro del marco legal porque se cumplieron todas las fases que establece el procedimiento en un juicio político. Sin embargo, cuestionó lo que calificó de “hemorragia” de quince acciones constitucionales; entre acciones de protección y medidas cautelares autónomas que se presentaron en los tribunales del país. Solo en cantón La Concordia se presentaron siete demandas de medida cautelar autónoma. (SC)
Nota de solidaridad
Sin mencionar nombres, los consejeros del Cpccs emitieron una nota de solidaridad a la Función Judicial, “por la evidente injerencia realizada por la Asamblea Nacional” así como la falta de pronunciamiento del titular de la Función Judicial (Iván Saquicela) sobre estos hechos.
En ese sentido, condenaron la intromisión de cualquier otra función del Estado en las decisiones jurisdiccionales, y confiaron en la independencia de poderes como garantía de la democracia. También exhortaron a la Función Judicial para que sus decisiones sean apegadas a derecho en virtud del principio de independencia judicial.
Los nombres de la “vieja” política
El concurso que organiza el Cpccs para captar el sillón principal de la Contraloría General del Estado (CGE), abrió la puerta para que “viejas” figuras políticas del pasado vuelvan al escenario nacional.
Al cierre del plazo para las postulaciones, el Cpccs divulgó el 25 de noviembre de 2022, el listado de 117 aspirantes a la Contraloría.
Entre ellos, figuran:
Juan Falconí Puig. En 2011 fue candidato a la Corte Nacional de Justicia. Fue embajador en el Reino Unido durante el correísmo.
Patricio Acosta, fue secretario de la Administración Pública en el Gobierno de Lucio Gutiérrez.
Darwin Seraquive, fue secretario del Cpccs de Transición durante la gestión de Julio César Trujillo.
Vicente Taiano Álvarez, exdiputado del entonces Prian
Moisés Tacle, exasambleísta socialcristiano.
Gabriela Obando, colaboró con Jorge Yunda, en el Municipio de Quito.
Carlos Brunis, es dirigente del taxismo en Quito.
Flor María Guerrero, fue funcionaria de la Contraloría.
Xavier Torres, consejero suplente del CNE.
Yolanda Salgado, formó parte de la terna que envió Guillermo Lasso para la designación de la Procuraduría.
Mónica Gavilanes, fue parte de la Comisión Ciudadana de Selección que designó a Carlos Pólit como Contralor.