UNES y el PSC, con el apoyo de sus aliados del Pachakutik y de la ID, pasarán a controlar el Cpccs.
Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, y Francisco Bravo, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), fueron censurados y destituidos de sus cargos por una mayoría de oposición en la Asamblea Nacional la noche de hoy, 18 de noviembre de 2022, por presunto incumplimiento de funciones.
Los votos que dieron paso a la censura salieron de las bancadas de UNES, del PSC, una fracción del movimiento Pachakutik, disidentes de la Izquierda Democrática y un grupo de independientes, que lograron reunir 85 voluntades.
En la presentación de sus pruebas de descargo -que se extendió por casi seis horas- los interpelados coincidieron en calificar al proceso de “ilegal” e “inconstitucional” porque de por medio no existía un informe de motivación de la Comisión de Fiscalización y Control Político.
María Fernanda Rivadeneira denunció la existencia de un trato preferencial a ciertos consejeros (David Rosero, Juan Javier Davalos, Sofia Almeida). “Me siento en indefensión. Este proceso está viciado y es de nulidad absoluta: no existe un informe de la Comisión de Fiscalización. Si quieren destituirme apliquen el debido proceso. Díganme ¿De qué me acusan?”, cuestionó.
Su colega, Ibeth Estupiñán afirmó que con el juicio político quedó en evidencia un “abuso del poder”, y pidió que se mantenga el derecho a la presunción de inocencia.
Sin informe de la Comisión, “el destino que le queda al juicio político es el archivo”, sugirió Francisco Bravo.
¿Cuál es el informe de posiciones que se debatió y se aprobó en la Comisión de Fiscalización? ¿Sobre qué pruebas debemos ejercer nuestro derecho a la defensa?, cuestionó Ulloa a los legisladores de oposición.
“Es tan grave (que se quiera enjuiciar con una moción presentada por Mireya Pazmiño) como que se quiera llevar a un juicio a una persona sin un dictamen fiscal, y venga un juez y resuelva la culpabilidad», afirmó Ulloa en la etapa de la defensa.
«La anterior administración era un nido de ratas», expresó Hernán Ulloa, y denunció que en la gestión de Sofia Almeida y David Rosero, se habría aprobado la ejecución de millonarios contratos.
Añadió que el incumplimiento de funciones es no acudir a las sesiones del pleno del Cpccs y cobrar un sueldo. En su comparecencia, Ulloa pidió que se difunda un video que dejaría en evidencia la inasistencia a varias sesiones de los consejeros Rosero, Almeida y Juan Javier Dávalos.
La Ley de la Función Legislativa establece que las autoridades censuradas “no podrán ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años”. Rivadeneira, Estupiñán y Bravo no podrán reelegirse para vocales al Cpccs.
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