En el juego político está la administración, vigilancia, y disciplina de la carrera judicial.
Las bancadas de la Unión por la Esperanza (UNES) y del Partido Social Cristiano (PSC) están en camino de consolidar sus estrategias para controlar la Justicia.
Este 22 de agosto de 2022, en la Comisión de Fiscalización y Control Político del Legislativo no se lograron los votos necesarios para aprobar el informe que recomendaba el archivo del juicio político en contra de Fausto Murillo, Juan José Morillo, Maribel Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ); y de María del Carmen Maldonado, expresidenta de esta entidad, y dejó en manos del pleno de esta función del Estado decidir si da paso o no la interpelación a estas autoridades.
En el transcurso de este miércoles, 24 de agosto, Fernando Villavicencio, presidente de esta Mesa remitirá un informe al despacho de Virgilio Saquicela, con las posiciones expuestas por cada legislador de la Comisión de Fiscalización.
A Saquicela, presidente de la Función Legislativa, le corresponderá colocar el tema en el orden del día de una sesión para que sea conocido en el Pleno. Ahí se requieren 70 voluntades para aprobar una moción de interpelación a los vocales del CJ acusados de presunto incumplimiento de funciones, y eventualmente su censura y destitución.
Las cuentas
Los correístas agrupados en UNES, como bancada mayoritaria, tienen 47 curules y cuentan con el respaldo de 15 votos socialcristianos, 5 de los disidentes de la Izquierda Democrática (ID), 6 del ala rebelde de Pachakutik, y de 14 independientes.
“Le puedo decir con toda certeza que el pleno va a dar el voto favorable; se necesita mayoría absoluta de 70 votos para continuar con el proceso de juicio político. Prácticamente es la primera victoria”, anticipó Viviana Veloz, asambleísta de UNES e interpelante de las autoridades de la Judicatura.
“Esta es la primera victoria, no solo del Parlamento, sino para todo el pueblo ecuatoriano frente a la emergencia y la crisis del sistema judicial que en este momento atravesamos”, dijo Veloz.
Para la censura y destitución de Murillo, Morillo, Barreno, y Maldonado,se requieren 92 voluntades y, según Viviana Veloz, también tendrían el respaldo.
“Tengan la certeza. No todos los legisladores están de acuerdo con las posturas de sus coordinadores de bancadas. Existen los suficientes elementos de convicción que han destruido cualquier duda. Hay más de 100 pruebas documentales, testimoniales y todos los actos de corrupción que se han ido revelando desde 2019”, detalló.
Mencionó, por ejemplo, la denuncia contra María del Carmen Maldonado y Ruth Barreno, por la presunta contratación del sistema del seguro notarial, y los audios que se revelaron de Juan José Morillo para sostener en el cargo a Guadalupe LLori, expresidenta de la Asamblea.
Votos de Pachakutik
Por lo pronto, Salvador Quishpe, jefe de bloque del Pachakutik, aseguró que no darán los votos para que se nombre a un nuevo Consejo de la Judicatura para que el correísmo se “asegure los jueces al estilo del juez de Manglaralto (Diego Moscoso que favoreció a Jorge Glas, con un habeas corpus) para la impunidad de los correístas; eso no lo haremos más allá de que pongan toda la artillería de los trolls y nos digan lo que les dé la gana”, expresó.
El legislador afirmó que el movimiento no “tapará la corrupción de nadie”.
Los 17 legisladores que forman parte de la línea orgánica de la bancada tenían planificado reunirse este martes para consolidar sus posturas en el momento que se convoque a sesión del Pleno. Sin embargo, Viviana Veloz advirtió que no toda la bancada de Pachakutik comulga con la línea de Quishpe. (SC)
Las siete motivaciones de Viviana Veloz contra vocales
- Proceso de evaluación de jueces de la CNJ que terminó con la destitución fuera de los periodos contemplados en la Constitución y conllevó a la designación de conjueces “temporales a dedo”.
- La remoción de jueces por efecto de la evaluación cuya normativa fue declarada por la Corte Constitucional inconstitucionalidad en el fondo.
- El concurso de méritos y oposición de los jueces de la CNJ 2020-2021 donde se extralimitó de competencias al designar a jueces y conjueces nacionales por especialidad; figura que no existe en el ordenamiento jurídico.
- El nombramiento de conjueces temporales sin respetar el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial.
- El concurso de selección de jueces de la CNJ en 2020 en el que modificaron los parámetros para la calificación de méritos un día después de iniciada esa fase.
- El incumplimiento de la renovación parcial de la CNJ. Aún se mantienen en funciones los jueces José Suing, y Durango cuyos periodos culminaron en enero de 2021. Están casi año y medio en funciones prorrogadas.
- Nombramiento de fiscales provinciales encargados que no provienen de un concurso de méritos y oposición lo que debilita el trabajo de la Fiscalía.
Terna de la CNJ
Marcela Cevallos, catedrática de comunicación estratégica, opinó que en política todo puede ocurrir. Mencionó, por ejemplo, que Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, estaría entrando al juego con el envío de la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para la designación del titular del CJ en reemplazo de Fausto Murillo.
Fernando Villavicencio, presidente de la Mesa de Fiscalización, cuestionó a Maritza Romero, quien encabeza la terna, por su presunta vinculación con el correísmo, y añadió que ella habría sido la encargada de grabar los audios que involucran al vocal Juan José Morillo.
Maritza Romero Estévez, Antonio Tello Sarmiento y Fabiola Gallardo Ramia, son los candidatos de la CNJ para presidir el Consejo de la Judicatura.