El nuevo año que comienza viene cargado de desafíos. El país deberá poner los pies sobre la tierra y hacerle frente a problemas que amenazan los fundamentos del Estado.
Este nuevo año requiere un nuevo comportamiento de parte de la ciudadanía. Ignorar las nuevas circunstancias y actuar como si nada hubiese cambiado en los últimos tiempos sería una receta para el desastre. En 2024, Ecuador luchará por mantenerse operativo y funcional, lejos de las planificaciones complejas o sofisticados sueños de grandeza que a veces dominan el debate. Semejante escenario requiere comprensión y apoyo de parte de la población en aras de construir un consenso mínimo.
Lograr pagar las cuentas
En el campo económico, este año constituye para Ecuador un momento de importantes definiciones. A estas alturas ya está claro que la crisis obedece a motivos estructurales y que no se solucionará apenas con el tiempo, una esperanza vana que se mantuvo desde la pandemia.
El año pasado arrojó cifras sorpresivamente decepcionantes: magro crecimiento, un sensible aumento del déficit fiscal y una preocupante falta de liquidez en las arcas del gobierno. Tras una década de estancamiento económico y creciente deuda externa, el Estado enfrenta ahora una situación inusualmente precaria.
En 2024 será necesario postergar las ambiciones de un gran crecimiento económico o de enormes avances en infraestructura pública. Antes que ganar o crecer, la prioridad deberá ser no perder. Si el Gobierno logra superar los atrasos a proveedores, pagar —aun en nuevas condiciones— el servicio de deuda para mantener acceso a crédito y cumplir con los sueldos de los servidores públicos, ya habrá logrado mucho.
Mantener operativo al Estado y cumplir las obligaciones ya es una tarea suficientemente difícil en este momento. Al mismo tiempo, junto con la anunciada reforma tributaria, es razonable esperar un descenso en el gasto público; aunque probablemente no sea tan drástico ni profundo como el que llevó a cabo Lenín Moreno, es inevitable que golpee a diferentes sectores de la ciudadanía.
La nueva realidad de la seguridad
En materia de seguridad, es necesario entender que la violencia y el crimen organizado ya han echado raíces en el país. Un súbito retorno a los índices de hace una década o un lustro resulta utópico. A diferencia de lo que sucedió con el terrorismo político en los ochenta o con el narcotráfico a gran escala a inicios de los noventa, en esta ocasión el Estado no logró evitar que el crimen organizado creciera y se afincara.
Este momento, la situación ya no es fácilmente reversible; hay abundantes arsenales y recursos del delito esparcidos por el país, y, especialmente, toda una cultura del crimen, con amplia experticia delictiva y miles de ecuatorianos plenamente inmersos en ella. Erradicar todo ello, si es que acaso se logra, será una tarea a muy largo plazo.
Sin embargo, aún es posible evitar que el crimen organizado se haga con el control del Estado. La atención y las exigencias de la ciudadanía deberían estar alrededor no solo de la tranquilidad de las calles, sino también de la preservación de la Justicia, la Policía y los gobiernos locales. Una maniobra tan ambiciosa como la toma del Estado por parte de bandas y carteles requiere la connivencia, incluso la complicidad, de la población. Si la ciudadanía está dispuesta a resistir, exigir y denunciar, es improbable que se produzca aquello que todos buscan evitar: la plena consolidación de un narcoestado.
El dilema de la consulta
Hace poco se abrió una gran puerta para la oportuna reforma del Estado: la consulta popular. Las once preguntas planteadas por el gobierno resultaron tibias y centradas en temas de escasa trascendencia. Sin embargo, hay abundantes temas de mucha mayor envergadura pendientes para la ciudadanía.
Resulta fundamental, por ejemplo, introducir reformas al sistema de partidos, la Función Electoral y el Código de la Democracia, que pueden ir desde cuestiones básicas, como el financiamiento o los requisitos, hasta cuestiones radicales, como la circunscripción uninominal. También siguen pendientes las reformas, con la elección de fiscal general cada vez más cerca, necesarias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que faciliten y legitimen la elección de autoridades de organismos de control.
Cuestiones operativas, como la propia depuración de la Policía Nacional o una mayor intervención en la Justicia pueden verse también agilitadas por medio de una consulta popular. Todo ello, no obstante, dependerá de la capacidad de la ciudadanía de involucrarse y de buscar la manera de elevar sus propuestas mientras todavía haya tiempo.
Mientras, la interrogante sobre una posible transformación de la estructura del Estado sigue pendiente. Conforme la crisis se profundiza, crece la conciencia entre la ciudadanía de los obstáculos que se derivan de la Constitución misma. No obstante, la vía constitucional establecida para una Asamblea Constituyente es sumamente difícil y resulta improbable que, en un mandato tan corto, el presidente Daniel Noboa opte por esa vía. Sin embargo, si a lo largo de 2024 aumenta la exigencia ciudadana en ese sentido, es posible que a mediano plazo esa alternativa se torne más viable.
Las catástrofes inesperadas
Ecuador no puede perder de vista su particular sensibilidad a los shocks inesperados, tanto de origen natural como externo. En los últimos años, diversos eventos inesperados —el terremoto de Manabí, la pandemia del Covid-19, la guerra de Ucrania, etc.— tuvieron un severo efecto en el país. Aunque 2023 no vio la llegada del temido fenómeno de El Niño, sí hubo hechos lamentables como el aluvión de Quito, el deslizamiento de Alausí o el estiaje que recordaron la vulnerabilidad geográfica del país, que se suma a la fragilidad geopolítica.
La ciudadanía ecuatoriana siempre debe tener presupuestado el impacto de eventos de esa índole. Todo apunta a que durante 2024 se agudizará la crisis del orden internacional, lo cual puede repercutir en nuestras exportaciones y seguridad. Igualmente, las amenazas de El Niño, el Cotopaxi o los terremotos siempre están ahí. Ante ello, no queda sino armarse de resignación y tener la plena conciencia de que cada crisis internacional trae también oportunidades, y de que tras cada desastre natural el país siempre ha sabido resurgir.
Mal haría la ciudadanía en asumir con ligereza el 2024. Estamos ante un año en el que el Estado enfrenta amenazas fundamentales, que requiere serenidad y meticulosidad. Sin embargo, también resulta justo recordar que el país ha superado crisis aun peores. Basta con no distraerse. (DMS)
Quien cae en la apatía, en la indiferencia, colabora con quienes destruyen al país: Jaime Costales