Representantes de la disidencia política en la isla señalan que la normativa elimina la posibilidad de un accionar político y comunicativo independientes.
Redacción LA HABANA
El presidente Joe Biden anunció la relajación de algunas sanciones contra Cuba; por ejemplo, el restablecimiento de los vuelos comerciales y la eliminación del límite de $1.000 para el envío de remesas.
El anuncio vino acompañado del llamado a la liberación de presos políticos en la isla. Algo que suena difícil tras la aprobación el domingo del nuevo Código Penal cubano.
La normativa, advierte la disidencia, aumentará la represión y dificultará las expresiones políticas y de derechos.
Norma restrictiva
El abogado Fernando Almeyda declaró al medio independiente La Joven Cuba, que el código «llega a un nuevo nivel, institucionalizando la violencia a favor de los intereses del Estado«.
Destacó que el texto exime de responsabilidad penal a quienes actúen para «repeler o impedir un peligro o daño a los intereses sociales del Estado» y apuntó a los grupos progubernamentales que chocaron con los manifestantes del 11 de julio pasado.
También alertó de que se exime de responsabilidad penal a policías, militares y funcionarios por «obrar en cumplimiento de un deber».
Se mantienen, además, los delitos de propagación de noticias falsas y de sedición -que ha castigado con hasta 30 años de cárcel a manifestantes-, y el de propaganda enemiga pasa a denominarse propaganda contra el orden constitucional.
Del mismo modo, en un comunicado conjunto el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), la Red Femenina de Cuba (RFC) y la Asociación de Madres y Familiares 11J por la Amnistía (AMFA), denunciaron el establecimiento en el Código de nuevos tipos delictivos por desórdenes públicos y contra la seguridad del Estado.
Asimismo, distintas asociaciones han puesto en la mira otro punto: la condena de cuatro a 10 años a personas –o representantes de ONG– que reciban fondos «con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional».
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señaló en un comunicado que esto puede tener efectos “catastróficos” para el periodismo independiente en Cuba, «un país donde los medios privados son ilegales y los periodistas no tienen la posibilidad de obtener financiamiento local». (EFE)