Nuevo código penal cubano siembra miedo

El Código Penal exime de responsabilidad la represión de actividades contrarias al Estado. En la foto, manifestantes pro y anti gobierno se enfrentan.

Representantes de la disidencia política en la isla señalan que la normativa elimina la posibilidad de un accionar político y comunicativo independientes.

Redacción LA HABANA

El presidente Joe Biden anunció la relajación de algunas sanciones contra Cuba; por ejemplo, el restablecimiento de los vuelos comerciales y la eliminación del límite de $1.000 para el envío de remesas.

El anuncio vino acompañado del llamado a la liberación de presos políticos en la isla. Algo que suena difícil tras la aprobación el domingo del nuevo Código Penal cubano.

La normativa, advierte la disidencia, aumentará la represión y dificultará las expresiones políticas y de derechos.

Norma restrictiva

El abogado Fernando Almeyda declaró al medio independiente La Joven Cuba, que el código «llega a un nuevo nivel, institucionalizando la violencia a favor de los intereses del Estado«.

Destacó que el texto exime de responsabilidad penal a quienes actúen para «repeler o impedir un peligro o daño a los intereses sociales del Estado» y apuntó a los grupos progubernamentales que chocaron con los manifestantes del 11 de julio pasado.

También alertó de que se exime de responsabilidad penal a policías, militares y funcionarios por «obrar en cumplimiento de un deber».

Se mantienen, además, los delitos de propagación de noticias falsas y de sedición -que ha castigado con hasta 30 años de cárcel a manifestantes-, y el de propaganda enemiga pasa a denominarse propaganda contra el orden constitucional.

Del mismo modo, en un comunicado conjunto el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), la Red Femenina de Cuba (RFC) y la Asociación de Madres y Familiares 11J por la Amnistía (AMFA), denunciaron el establecimiento en el Código de nuevos tipos delictivos por desórdenes públicos y contra la seguridad del Estado.

Asimismo, distintas asociaciones han puesto en la mira otro punto: la condena de cuatro a 10 años a personas –o representantes de ONG– que reciban fondos «con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional».

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señaló en un comunicado que esto puede tener efectos “catastróficos” para el periodismo independiente en Cuba, «un país donde los medios privados son ilegales y los periodistas no tienen la posibilidad de obtener financiamiento local». (EFE)

Denuncian torturas en cárceles cubanas

Cubano cerca de la estación de policía de la calle Zanja exigen la libertad de su familiares detenidos el 11 de julio de 2021.

La ONG Prisioners Defenders denunció ante la ONU 15 tipos de abusos que se habrían aplicado a 101 presos políticos.

Redacción MADRID

La ONG de acción jurídica y defensa pro-democrática Prisioners Defenders (PD) denunció este 28 de marzo al gobierno de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por «tortura» a «presos políticos«.

En un informe publicado ayer y presentado ante el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial sobre la tortura de la ONU, PD apunta a «15 prácticas de tortura» que, según ellos, el gobierno cubano habría practicado a «101 presos políticos actualmente procesados».

«El Estado cubano tiene un extenso historial de violaciones de derechos humanos, entre ellas, la tortura en Cuba es sistemática y generalizada», apunta la organización en el escrito con vistas al período de sesiones del Comité contra la Tortura que se celebrará del 19 de abril al 13 de mayo.

En esa línea, aseguran que la tortura «es una de las violaciones de derechos humanos más comunes en las prisiones de Cuba, especialmente grave y universal para los detenidos y presos considerados contrarrevolucionarios», una clasificación específica para «los presos políticos o de conciencia». (EFE)

Embajador de Ortega lo llama “dictador”

Histórico. El Gobierno de Daniel Ortega se distanció de su representante y aseguró que no representaba al país.

El representante nicaragüense ante la OEA exigió la liberación de los presos políticos detenidos en cárceles de su país.

Redacción WASHINGTON

El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, se rebeló este 23 de marzo contra el Gobierno de Daniel Ortega con un duro e inesperado alegato en el que denunció la «dictadura» de su país y exigió la liberación de los opositores presos y sentenciados.

Lo que iba a ser una sesión telemática ordinaria del Consejo Permanente de la OEA se convirtió en una histórica reunión cuando el representante nicaragüense, nombrado por Ortega en octubre pasado, pidió la palabra.

«Tengo que hablar aunque tenga miedo, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí», declaró.

McFields dijo tomar la palabra «en el nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida» en Nicaragua desde 2018.

«Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible», añadió el embajador. (EFE)

Cuba tiene más de mil presos políticos

La presidenta de Las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, quien fue detenida anteayer por séptima vez consecutiva.

Al menos 130 de los presos políticos en prisiones cubanas son mujeres. También se contabilizan  33 niños.

Redacción MIAMI

Prisoners Defenders cifra en 1.167 los presos políticos en Cuba en los últimos 12 meses, frente a los 135 con los que comenzó febrero de 2021, según datos hechos públicos.

Actualmente, la organización tiene verificados a 1.007 presos políticos condenados, pero ha advertido que esa cifra «no es más que una fracción, entre el 60 y el 70 por ciento de las cifras reales», cuya verificación total es «simplemente inalcanzable por organización alguna». Del total, al menos 130 mujeres son presas políticas de Cuba.

De estos 1.007, Prisoners Defenders ha constatado que 869 están presos por las protestas del 11J. Decenas de detenidos han sido liberados en los últimos meses, pero con unas multas «de cuantías exacerbadas para Cuba«, ha informado.

De los presos derivados de la represión de las protestas, Prisoners Defenders ha indicado que al menos 33 son niños -29 varones y cuatro niñas-. De 13 años hay uno; de 15, tres; de 16 años, nueve; y de 17 años, veinte.

«Estas cifras son escandalosas, terroríficas, y sólo una parte de las cifras reales», ha incidido Prisoners Defenders. (EUROPAPRESS)

Venezuela tiene 300 presos políticos

Denuncia. Humberto Prado, coideario de Juan Guaidó, habló en Twitter sobre la situación de los presos políticos en Venezuela.

Redacción CARACAS

El opositor venezolano Humberto Prado, nombrado comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas por el exdiputado Juan Guaidó, denunció que hay «más de 300 presos políticos» en el país.

Prado lo dijo en un mensaje de Twitter, en el que recordó que, entre ellos, se encuentra el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, el dirigente del partido Voluntad Popular (que lidera Leopoldo López) Roland Carreño y el teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro, quien inició una huelga de hambre el pasado 21 de diciembre.

«Seguiremos alzando la voz por los más débiles, seguiremos acompañando a las víctimas, seguiremos gritando libertad para todos los presos políticos».

Marín Chaparro comenzó una huelga de hambre para denunciar que sufre «tratos crueles inhumanos y degradantes» y solicitó que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el encargado de negocio de la Unión Europea y el nuncio apostólico de la Santa Sede visiten su centro de reclusión. EFE

Gobierno de Ortega niega derechos a presos políticos

RECLAMO. Familiares de los opositores encarcelados sostienen que todo el Estado obedece a Daniel Ortega.

Las familias de los presos reclaman noticias de los suyos y exigen visitarlos  y que reciban ayuda legal.

Redacción MANAGUA

La Policía de Nicaragua rechazó una petición humanitaria para que un grupo de 15 líderes y trabajadores de una ONG, capturados en una reciente ola de arrestos contra disidentes, puedan tener contacto con sus abogados y familiares, denunciaron sus representantes legales.

Esposas, hermanas, sobrinas, e hijos de los llamados “presos políticos” se presentaron a la sede de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, para solicitar ver a los detenidos. Pero fueron rechazados por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales y antimotines.

“Hemos ido a los Juzgados a tratar de interponer recursos para visitas, para que tengan derecho a tener contacto con el exterior, para que se les garantice el derecho a una audiencia privada y una defensa con un abogado de su elección; sin embargo, nos niegan eso en el Poder Judicial. Venimos acá y aquí nadie nos quiere recibir absolutamente nada”, dijo la hermana de la dirigente opositora Tamara Dávila Vijil, Ana Álvarez Vijil, en rueda de prensa improvisada.

Debido a que las autoridades no han informado del paradero ni el estado de salud de los reos, en su mayoría investigados por delitos considerados “traición a la patria”, sus familiares los consideran “desaparecidos”. También los clasifican como “secuestrados”, ya que sus arrestos supuestamente se dieron al margen de la ley.

“Nos siguen violando y coartando nuestras libertades y las libertades de nuestros familiares que tienen hasta 39 días detenidos, secuestrados, ilegal y arbitrariamente”, afirmó Álvarez, quien fungió como portavoz de los denunciantes.

Colusión institucional

Los familiares de los convictos alegaron que la Constitución de Nicaragua garantiza que las personas sean consideradas inocentes mientras son investigadas, y que tienen derecho a visitas de abogados y allegados; sin embargo, se quejaron del trato de las autoridades.

“Es muestra de la colusión institucional que existe y cómo las distintas dependencias de lo que debería ser el sistema de justicia está al servicio del régimen y la dictadura, y todas las instancias están coludidas, la Policía, el Poder Judicial, la Defensoría Pública, la Procuraduría”, sostuvo Álvarez.

Los denunciantes se identificaron como familiares de las dirigentes opositoras Dávila Vijil, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, y Violeta Granera; la exguerrillera sandinista disidente Dora María Téllez, los aspirantes a la Presidencia Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.

La inquietud, expresada en una carta ante la Policía nicaragüense, también fue firmada por familiares de los exvicecancilleres José Pallais, Víctor Hugo Tinoco, y el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios.

Al menos 21 personas consideradas opositoras han sido capturadas en el marco de las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección. EFE