Ecuatoriana escapa de la guerrilla y revela cómo engañan para reclutarlos

El testimonio se suma a las evidencias encontradas en Ecuador, dentro de un caso de trata de personas, que terminó evidenciando vínculos guerrilleros con grupos revolucionarios locales.

Logró huir junto a su novio de uno de los campamentos, por lo que pudo brindar a las autoridades detalles de la expansión de una de las disidencias de las FARC.

La captura de ocho ecuatorianos relacionados con el ala dura de la narcoguerrilla colombiana prendió las alertas en Ecuador y Colombia, evidenciando los intentos de los grupos subversivos armados de ampliar sus tentáculos incluso a zonas urbanas de otros países.

Provincias como Pichincha, Chimborazo, El Oro, Imbabura y Carchi aparecen en los radares de inteligencia ecuatoriana y colombiana, como sitios donde se estarían configurando falsas fachadas de promesa de viajes de estudio al extranjero para hombres y mujeres, quienes terminan siendo reclutados, en ciertos casos, contra su voluntad en campamentos narcoguerrilleros.

Testimonio revelador

Una mujer oriunda de Guamote, provincia de Chimborazo, logró escapar de uno de esos campamentos, ubicado en Venezuela, en el estado Apure, en la frontera con Arauca y Vichada.

Su testimonio, recogido por autoridades colombianas, difundido este 21 de mayo de 2022 por la revista colombiana Semana, señala que la mujer “se voló junto con su novio del campamento”, para luego de una travesía de más de dos días pasar la frontera y entregarse a las autoridades, donde “decidió buscar protección y convertirse en testigo”.

El reporte señala los planes de la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, quien en su momento fue el segundo al mando de las FARC y hoy está refugiado en Venezuela, para expandirse en Ecuador.

“Desde la muerte de sus socios criminales, Hernán Darío Velázquez, alias ‘Paisa’, y Henry Castellanos, alias ‘Romaña’, se había perdido el rastro del máximo jefe de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez (…). Pero en medio de una operación realizada en las últimas horas en Ecuador, con apoyo de autoridades colombianas, no solo se volvió a saber de él, sino cómo viene ejecutando su plan de expansión por medio de una guerrilla latinoamericana con el reclutamiento de personas de diferentes países de la región”, expone el medio.

Viajó engañada

Al explicar cómo fue que terminó en un campamento narcoguerrillero en Venezuela, desde un pequeño cantón en el centro de Ecuador, dijo que la hablaron de una posibilidad de viajar hasta Argentina a cursar estudios universitarios, a través de políticos locales.

“Eso fue para el 21 de septiembre de 2021, yo me encontraba en Ecuador, junto a mi papá, cuando a mi papá le escribió un político de una comunidad de Guamote. Él le dijo que quería enviar a personas para estudiar en Argentina, y mi papá le habló de mí. Como yo ya había acabado el bachillerato, el señor le dijo que sí (…). Mi papá viajó un domingo por tierra para la ciudad de Bogotá, y de ahí nos íbamos a reunir todos para viajar a Argentina, para estudiar seis meses en la universidad, después nos regresaban”, menciona, según el testimonio que recoge Semana.

Sin embargo, advierte que “todo era parte de un engaño, del plan de Márquez para reclutar jóvenes de diferentes nacionalidades, ponerlos al servicio de la Segunda Marquetalia y extender sus tentáculos en su plan por crear una guerrilla latinoamericana, sin dejar de lado el negocio criminal del narcotráfico, para eso tenía que entrenarlos y adoctrinarlos en sus campamentos en Venezuela”.

Labores de inteligencia muestran los seguimientos desarrollados en Ecuador desde 2019, que dieron con la captura de ocho personas el 19 de mayo de 2022.

Sobre la forma de fugarse, la mujer dijo: “Tomamos la decisión de escaparnos de ese comando, ya que yo estaba obligada a estar en esa guerrilla y quería devolverme para mi casa, Manuel (su pareja) ya llevaba tres años en la guerrilla, yo le dije que me quería salir, entonces él me dijo que nos fuéramos”.

“El 14 de abril salimos de la montaña de Cabuyarito, donde nos encontrábamos acampando. Al mediodía le pedimos permiso a Efraín, quien era el comandante, para irnos a bañar a la orilla del río, allá dejamos abandonada la pistola, el fusil, y nos fuimos. Caminamos hasta las cinco de la tarde, llegamos a la casa de unas personas civiles que nos dejaron dormir esa noche en su casa”, agrega.

Al siguiente día cruzaron la frontera y se entregaron a las autoridades colombianas.

En Ecuador, las investigaciones vinculan al Movimiento Guevarista con supuestos viajes a campamentos en Venezuela.

Nuevo código penal cubano siembra miedo

El Código Penal exime de responsabilidad la represión de actividades contrarias al Estado. En la foto, manifestantes pro y anti gobierno se enfrentan.

Representantes de la disidencia política en la isla señalan que la normativa elimina la posibilidad de un accionar político y comunicativo independientes.

Redacción LA HABANA

El presidente Joe Biden anunció la relajación de algunas sanciones contra Cuba; por ejemplo, el restablecimiento de los vuelos comerciales y la eliminación del límite de $1.000 para el envío de remesas.

El anuncio vino acompañado del llamado a la liberación de presos políticos en la isla. Algo que suena difícil tras la aprobación el domingo del nuevo Código Penal cubano.

La normativa, advierte la disidencia, aumentará la represión y dificultará las expresiones políticas y de derechos.

Norma restrictiva

El abogado Fernando Almeyda declaró al medio independiente La Joven Cuba, que el código «llega a un nuevo nivel, institucionalizando la violencia a favor de los intereses del Estado«.

Destacó que el texto exime de responsabilidad penal a quienes actúen para «repeler o impedir un peligro o daño a los intereses sociales del Estado» y apuntó a los grupos progubernamentales que chocaron con los manifestantes del 11 de julio pasado.

También alertó de que se exime de responsabilidad penal a policías, militares y funcionarios por «obrar en cumplimiento de un deber».

Se mantienen, además, los delitos de propagación de noticias falsas y de sedición -que ha castigado con hasta 30 años de cárcel a manifestantes-, y el de propaganda enemiga pasa a denominarse propaganda contra el orden constitucional.

Del mismo modo, en un comunicado conjunto el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), la Red Femenina de Cuba (RFC) y la Asociación de Madres y Familiares 11J por la Amnistía (AMFA), denunciaron el establecimiento en el Código de nuevos tipos delictivos por desórdenes públicos y contra la seguridad del Estado.

Asimismo, distintas asociaciones han puesto en la mira otro punto: la condena de cuatro a 10 años a personas –o representantes de ONG– que reciban fondos «con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional».

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señaló en un comunicado que esto puede tener efectos “catastróficos” para el periodismo independiente en Cuba, «un país donde los medios privados son ilegales y los periodistas no tienen la posibilidad de obtener financiamiento local». (EFE)

Críticas a nuevo código penal cubano

Activistas creen que las nuevas normas harán más represivo al país.

Activistas y opositores señalan que la nueva norma aumenta los tipos delictivos, además de que da cabida a la ambigüedad y permite las arbitrariedades.

Redacción LA HABANA

El nuevo Código Penal de Cuba, aprobado ayer en la Asamblea Nacional, ha suscitado desde el principio los recelos y críticas de la disidencia y el activismo, que temen que asfixie la protesta social y el periodismo independiente.

Sus detractores señalan que aumentan los tipos delictivos, en 37, y que se endurecen las penas (cuatro delitos más con pena de muerte; 10 más con prisión perpetua).

Destacan asimismo que incorpora una ambigüedad calculada que da cabida a la arbitrariedad y consideran la reforma una reacción legal a las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Denuncian en este sentido los nuevos tipos delictivos por desórdenes públicos y contra la seguridad del Estado, así como aquellos que penalizan la financiación extranjera de ONG o medios de comunicación y la descripción del delito de espionaje.

Especial atención generan las condenas de cuatro a 10 años a personas –o representantes de ONG– que reciban fondos «con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional».

Lo califican de golpe a la posibilidad de disenso y al ejercicio de un periodismo independiente. (EFE)