Todos han sido beneficiados con el Decreto Ejecutivo 355, expedido hace un mes por el presidente Guillermo Lasso.
Redacción TULCÁN
La aplicación del indulto o perdón presidencial para reducir el hacinamiento en un sistema penitenciario nacional que tiene alrededor de 35.000 presos, pero con una infraestructura máxima para 30.500, ha beneficiado a más privados de libertad en provincias como Manabí y Carchi.
Este beneficio, según el Decreto Ejecutivo 355, firmado por el presidente Guillermo Lasso el 21 de febrero de 2022, puede ser considerado por las personas privadas de libertad (PPL) que no están sentenciadas por delitos considerados graves, sino de otro tipo como robo, hurto, estafa o abuso de confianza.
A escala nacional, con corte al 18 de marzo de 2022, la Defensoría Pública informó que se atendieron 508 casos en todo el país, de los cuales, tras los respectivos análisis de los requisitos (ver recuadro), un total de 86 fueron favorables para obtener la libertad inmediata y dejar las cárceles.
Las cifras
Los casos presentados se localizaron en 15 provincias. Manabí lideró el número de indultos otorgados, con 24, seguido de Carchi, con 16. En tercer lugar, Azuay y Guayas con nueve casos cada una, seguido de Cañar e Imbabura, con cinco cada una. El resto de provincias tiene menos de tres casos.
Más solicitudes
Desde la Defensoría Pública se informó que actualmente están en trámite al menos 2.000 solicitudes nacionales, entre las cuales hay más de 100 que están próximas a ser aprobadas, con lo que Carchi sumaría alrededor de 30 personas con el indulto presidencial por el decreto 355.
Entre los delitos por los que fueron sentenciadas las personas recientemente indultadas, el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) señala que 61 tenían cargos por robo, cinco por estafa, uno por abuso de confianza y 19 por otros de la misma clase.
La mayoría son extranjeros
En la cárcel de Tulcán, según datos del SNAI, hay 900 presos, pero las instalaciones están diseñadas para albergar a 350, entre espacios para hombres y mujeres. Más del 80% de los detenidos tiene penas relacionadas a casos de narcotráfico y alrededor del 60% corresponde a extranjeros.
Precisamente, de los 16 indultos entregados localmente hasta el 18 de marzo, 75% pertenece a otras nacionalidades, mientras 25% se otorgó a ecuatorianos.
Esta situación, según la Defensoría Pública, también acarrea un problema para cumplir con los indultos y liberar en cierta parte los espacios de las prisiones, pues los ciudadanos extranjeros capturados en Ecuador deben someterse también a un proceso de repatriación.
“En la gestión de estos procesos, los defensores públicos identificaron algunos inconvenientes, como el acceso a la información y documentación legal, así como dificultades para presentar los indultos. En cuanto a repatriaciones, SNAI y Cancillería identificaron problemas económicos para la obtención de las copias certificadas y el pago de multas de las personas privadas de libertad”, expusieron.
“Nuestros defensores públicos, desde la emisión del Decreto 355, visitaron los centros de privación de libertad, con el fin de brindar asesoría legal a la población carcelaria, que podrían beneficiarse de esta medida presidencial”, finalizaron.
En Carchi e Imbabura la sobrepoblación carcelaria obliga a que 30 personas duerman en celdas que son para 10 personas.
Requisitos básicos para acceder al indulto
- Haber cumplido el 40% de la pena, para los sentenciados con del Código Penal anterior.
- Haber cumplido el 60% de la pena, para los condenados con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) actual.
- No tener varias sentencias.
- No tener otras investigaciones o juicios en curso.
- No tener sanciones por malos comportamientos dentro de la cárcel.