La Unión Europea entregará $2,6 millones a Ecuador para enfrentar crisis carcelaria

Imagen de la entrada principal de la cárcel de Bellavista, en la ciudad de Santo Domingo.

El anuncio se hizo durante la Primera Conferencia de Consenso para la Crisis Penitenciaria en Ecuador, realizada en Quito.

La Unión Europea (UE) entregará 2,5 millones de euros (2,6 millones de dólares) para combatir la crisis carcelaria en Ecuador, mediante capacitaciones y herramientas de clasificación de presos.

“La UE moviliza esos recursos, a través de sus fondos de emergencia, a un proyecto específico que comenzará el 1 de julio”, adelantó a EFE, el director del Programa comunitario de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PAcCTO), Xavier Cousquer.

El anuncio lo hizo durante la Primera Conferencia de Consenso para la Crisis Penitenciaria en Ecuador que organizó el Programa de la UE en Quito.

Según el analista europeo, hay dos problemas estrechamente relacionados con el origen de la crisis carcelaria: el hacinamiento y la falta de clasificación en las prisiones.

El proyecto consiste, precisamente, en mejorar la clasificación de los reos, y en la capacitación y especialización de los actores del sector penitenciario.

En los últimos dos años, cerca de 400 presos fallecieron en enfrentamientos entre bandas rivales. Según el Estado, la población carcelaria era de 38.700 presos a septiembre de 2021, repartidos en 36 centros de privación de libertad, con una capacidad para 30.000.

La UE también plantea trabajar en la “protocolización” en las cárceles, a través de capacitación y conocimiento de experiencias exitosas. Esto, tras observar la “falta de coordinación interinstitucional” en el sistema de rehabilitación social, especialmente de los adolescentes infractores. (EFE)

 

 

Más presos extranjeros que ecuatorianos en Carchi

RECLUSOS. Gran parte de los prisioneros extranjeros detenidos en Ecuador están recluidos en la cárcel de Tulcán.

La población carcelaria internacional, a pesar del hacinamiento y la situación en las penitenciarías del Ecuador, prefiere no ser trasladada a sus países.

Redacción TULCÁN

De los 800 a 850 presos que alberga, en promedio, la cárcel de Tulcán, en la provincia de Carchi, más del 50% corresponde a ciudadanos extranjeros.

A pesar de que este centro penitenciario, en lo que va de 2022, ha sido ajeno a revueltas o masacres como las protagonizadas en otras cárceles del país, convive con otras dificultades, como el hacinamiento que sobrepasa los 300 reclusos, obligando a que en celdas destinadas para cuatro personas tengan que dormir hasta 10.

Rodrigo Guerrón, director del centro carcelario de Tulcán, ha reconocido que la sobrepoblación carcelaria es precisamente uno de los temas que más preocupan y agrega que esta situación dificulta la convivencia entre reclusos, que luego podrían derivar en intentos de amotinamiento, que -afirma- en la provincia están controlados.

Más extranjeros que nacionales

Guerrón agregó que particularmente en Carchi, como no sucede en ninguna otra prisión del país, el hacinamiento se produce por la alta cantidad de privados de libertad provenientes de otros países, la mayoría de ellos colombianos, seguidos de venezolanos.

Hasta marzo de 2022, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) registraba un promedio de 3.500 privados de libertad extranjeros a escala nacional, de los cuales alrededor de 500 estaban recluidos en Carchi.

Esto último, versus los alrededor de 350 ecuatorianos que ocupan la prisión de Tulcán.

En todo el Ecuador, los presos de nacionalidad colombiana superan a los de otras nacionalidades, como la venezolana, peruana, mexicana y cubana…

Con corte al 29 de abril de 2022, en Tulcán estaban recluidas 840 personas, entre hombres y mujeres, en un espacio con capacidad instalada para 550 personas, según las estadísticas del SNAI. (FV)

No quieren ser repatriados

A pesar de que, en el caso de Carchi, la población carcelaria extranjera supera a la local y con la repatriación a sus respectivos países se podría solucionar el problema de hacinamiento, jurídicamente este proceso no es tan sencillo.

Desde la Defensoría Pública se expuso que las repatriaciones de privados de libertad de otras nacionalidades, desde el Ecuador a sus respectivos países de origen, se cumplen luego de cumplir con una serie de requisitos, que son analizados junto a los consulados o cancillerías de cada país.

Se agregó que el trámite también depende de los acuerdos o tratados que existen entre ambas naciones, así como su legislación local, donde se analiza, por ejemplo, que el delito por el que fue condenado en Ecuador también esté tipificado en ese país.

Sin embargo, una de las condiciones para poder ser repatriados es que cada uno de los sentenciados tenga la voluntad de retornar a su nación de origen; caso contrario, el trámite no se puede efectuar.

Rodrigo Guerrón, director de la cárcel de Tulcán, expuso que en la provincia la mayoría de presos con sentencia podrían ser repatriados, pero ellos, precisamente, no desean irse del país a seguir cumpliendo su condena, sino que prefieren quedarse en Ecuador.

Por ejemplo, de los más de 400 extranjeros detenidos en Carchi, menos de 10 son los que han mostrado intenciones de ser repatriados, mientras el resto afirma que terminará su sentencia en la localidad.

En Carchi, de toda la población carcelaria, alrededor del 85% está detenido por casos correspondientes a delitos de drogas.

El mes pasado, tres casos de tuberculosis obligaron a suspender todas las visitas en la cárcel de Tulcán.

Carchi está entre las provincias con más presos indultados

Hacinamiento. En Tulcán hay alrededor de 900 privados de libertad, pero la cárcel solo es para 350.

Todos han sido beneficiados con el Decreto Ejecutivo 355, expedido hace un mes por el presidente Guillermo Lasso.

Redacción TULCÁN

La aplicación del indulto o perdón presidencial para reducir el hacinamiento en un sistema penitenciario nacional que tiene alrededor de 35.000 presos, pero con una infraestructura máxima para 30.500, ha beneficiado a más privados de libertad en provincias como Manabí y Carchi.

Este beneficio, según el Decreto Ejecutivo 355, firmado por el presidente Guillermo Lasso el 21 de febrero de 2022, puede ser considerado por las personas privadas de libertad (PPL) que no están sentenciadas por delitos considerados graves, sino de otro tipo como robo, hurto, estafa o abuso de confianza.

A escala nacional, con corte al 18 de marzo de 2022, la Defensoría Pública informó que se atendieron 508 casos en todo el país, de los cuales, tras los respectivos análisis de los requisitos (ver recuadro), un total de 86 fueron favorables para obtener la libertad inmediata y dejar las cárceles.

Las cifras

Los casos presentados se localizaron en 15 provincias. Manabí lideró el número de indultos otorgados, con 24, seguido de Carchi, con 16. En tercer lugar, Azuay y Guayas con nueve casos cada una, seguido de Cañar e Imbabura, con cinco cada una. El resto de provincias tiene menos de tres casos.

Más solicitudes

Desde la Defensoría Pública se informó que actualmente están en trámite al menos 2.000 solicitudes nacionales, entre las cuales hay más de 100 que están próximas a ser aprobadas, con lo que Carchi sumaría alrededor de 30 personas con el indulto presidencial por el decreto 355.

Entre los delitos por los que fueron sentenciadas las personas recientemente indultadas, el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) señala que 61 tenían cargos por robo, cinco por estafa, uno por abuso de confianza y 19 por otros de la misma clase.

La mayoría son extranjeros

En la cárcel de Tulcán, según datos del SNAI, hay 900 presos, pero las instalaciones están diseñadas para albergar a 350, entre espacios para hombres y mujeres. Más del 80% de los detenidos tiene penas relacionadas a casos de narcotráfico y alrededor del 60% corresponde a extranjeros.

Precisamente, de los 16 indultos entregados localmente hasta el 18 de marzo, 75% pertenece a otras nacionalidades, mientras 25% se otorgó a ecuatorianos.

Esta situación, según la Defensoría Pública, también acarrea un problema para cumplir con los indultos y liberar en cierta parte los espacios de las prisiones, pues los ciudadanos extranjeros capturados en Ecuador deben someterse también a un proceso de repatriación.

“En la gestión de estos procesos, los defensores públicos identificaron algunos inconvenientes, como el acceso a la información y documentación legal, así como dificultades para presentar los indultos. En cuanto a repatriaciones, SNAI y Cancillería identificaron problemas económicos para la obtención de las copias certificadas y el pago de multas de las personas privadas de libertad”, expusieron.

“Nuestros defensores públicos, desde la emisión del Decreto 355, visitaron los centros de privación de libertad, con el fin de brindar asesoría legal a la población carcelaria, que podrían beneficiarse de esta medida presidencial”, finalizaron.

En Carchi e Imbabura la sobrepoblación carcelaria obliga a que 30 personas duerman en celdas que son para 10 personas.

Requisitos básicos para acceder al indulto

  • Haber cumplido el 40% de la pena, para los sentenciados con del Código Penal anterior.
  • Haber cumplido el 60% de la pena, para los condenados con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) actual.
  • No tener varias sentencias.
  • No tener otras investigaciones o juicios en curso.
  • No tener sanciones por malos comportamientos dentro de la cárcel.

‘Lobos’ y ‘Choneros’ se mantienen en la cárcel de Loja

CÁRCEL. ‘Lobos’ y ‘Choneros’ siguen en la cárcel de Loja desde enero de 2022.

Se realizan los trámites para su traslado a cárceles de mayor seguridad. Autoridades hablan de reducción de hacinamiento.

Los reclusos pertenecientes a las bandas delictivas en el país ‘Los Lobos’, y los ‘Choneros’, continúan en el Centro de Reclusión de Loja desde hace más de un mes, sin embargo, no se han registrado mayores novedades como riñas o pleitos en busca del poder, dicen autoridades del Centro de Privación de Libertad de Loja. Actualmente, en este Centro buscan disminuir el número de reos, mediante la otorgación de indultos.

Integrantes de las bandas

Carlos Domínguez, director del Centro de Reclusión, manifestó que durante los últimos meses no se han dado riñas o amotinamientos a lo interno, el control y seguridad de la cárcel está a cargo de los guías penitenciarios y personal de la Policía Nacional en los exteriores de la entidad.  “La gente está trabajando en sus diferentes actividades, tenemos activos los talleres de manualidades, carpintería, y otros están dedicados al estudio. El objetivo es seguir trabajando para tener menos personas y así bajar el hacinamiento de este lugar”, dijo.

Indicó que, en lo referente a las cuatro personas, dos integrantes de ‘Los Lobos’ y los dos ‘Choneros, siguen en la cárcel de Loja, todavía no han sido trasladados a las cárceles de máxima seguridad, pero las gestiones están en trámite. “Los informes han sido terminados, están en análisis, no es fácil realizar los traslados porque deben ser sustentados con informes médicos, laborales, de seguridad y otros; los documentos están en Planta Central. Desde hace algunas semanas no han llegado más reclusos desde otras provincias a Loja”, recalcó.

Indultos

Actualmente, en la cárcel de Loja existen 740 personas entre hombres y mujeres, a ello se suman otras 90 del Centro de Detención Provisional que están allí durante 24 horas, tres días, una semana y hasta algunos meses, dependiendo de la contravención. Ese número de reclusos cada vez va a la baja, debido a que continuamos trabajando con el beneficio del indulto, la idea es seguir con la reducción y la perspectiva es llegar a unas 60 personas en estos meses”, recalcó Domínguez.

Hasta el momento se han otorgado 5 indultos, luego que ellos han cumplido con los requisitos, como tener cumplido un 60% de su pena, contar con sentencia ejecutoriada, no registrar procesos penales y no estar condenados por delitos de peculado, tráfico de influencias, asociación ilícita y trata de personas.

 

EL DATO

En la cárcel de Loja existen alrededor de 285 personas de
la vecina provincia de Zamora Chinchipe.
TOME NOTA

Dos integrantes de ‘Los Lobos’ fueron detenidos en Zamora y los
‘Choneros’ fueron remitidos de otras cárceles a Loja.

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Presidente Lasso intenta acelerar indultos carcelarios

Guillermo Lasso firma decreto 355 con el que intenta dar un giro al manejo carcelario.

El Gobierno también anunció medidas en temas como educación, asistencia social y derechos humanos para mejorar la situación en las cárceles.

Con el Decreto Ejecutivo N°355, firmado el lunes 21 de febrero de 2022, el presidente Guillermo Lasso pretende acelerar el proceso de indultos a personas privadas de la libertad (PPL). El objetivo es reducir el hacinamiento en las cárceles. Actualmente, el sistema carcelario tiene 34.821 PPL y la capacidad máxima es para 30.169. Hay un déficit de 4.652 plazas.

Adicionalmente, se anunció el nuevo plan para el sistema de rehabilitación social, el que cuenta con un presupuesto de 27 millones de dólares, en una primera fase.

Puesto que el 45% de las personas privadas de libertad son menores de 30 años y muchos no tienen sentencia, entre los beneficios del plan está la creación de carreras técnicas para los presos, convenios con empresas para dar trabajo a la población carcelaria, así como programas de desintoxicación.

En la presentación oficial, Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, explicó que existen 12 ejes y más de 300 acciones para mejorar la condición de las cárceles, que han sido, en los últimos meses, escenarios de cruentas matanzas.

Entre los lineamientos a trabajar están educación, justicia, deporte, asistencia social, derechos humanos. También existe el compromiso de capacitar a los guías penitenciarios y crear infraestructura con mejoras en tecnología.

Se podrán beneficiar del indulto, los PPL que no estén sentenciados de delitos considerados graves, sino de otro tipo como robo, hurto, estafa o abuso de confianza.

Requisitos para ser indultado

  • Haber cumplido el 40% de la pena para los sentenciados con del Código Penal anterior; y el 60% para los condenados con el Código Orgánico Integral Penal actual.
  • No tener varias sentencias.
  • Tampoco deben tener otras investigaciones o juicios en curso.
  • No tener sanciones por malos comportamientos dentro de la cárcel.

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Indultos no reduce el hacinamiento en cárcel de Ambato

Situación. Militares y policías resguardan el centro penitenciario.

A nivel nacional existe más del 30% de hacinamiento en las diferentes cárceles, con un total de 37.201 privados de libertad.

En Tungurahua la realidad no es diferente, el hacinamiento hasta diciembre de 2021 era de más del 100%, puesto que en la cárcel de Ambato conviven alrededor de 900 presos cuando su infraestructura fue pensada para 400 reos.

Ante esta situación, el Gobierno emitió los decretos 264 y 265, mediante el segundo se puede conceder indultos a quienes padecen enfermedades catastróficas, terminales, tuberculosis multidrogorresistentes y coinfección TB-VIH.

Sin embargo, la medida aporta poco o casi nada al hacinamiento, así lo refleja la estadística, ya que en la cárcel de Ambato apenas ocho personas pueden acogerse a esta medida y solo seis ya fueron liberadas.

 

CIFRA: 17 indultos se han dado a nivel nacional desde que se emitió el decreto en 2021.

 

Dennis Andrade Arrieta, director Provincial de la Defensoría Pública, manifestó que a pesar de que en Tungurahua se han dado la mayor cantidad de indultos ya que en todo el país se han tramitado 17.

“Han sido personas que han reunido las características y requisitos del Decreto 265”, dijo.

Según el funcionario, quienes se hicieron acreedores a este beneficio fueron personas con delitos menores, teniendo en cuenta que se excluye de este beneficio a privados de la libertad por violación, asesinato, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, entre otros.

 

Preocupación

Para el funcionario, realmente el número de personas que califican para este beneficio no ayuda mucho a resolver el hacinamiento de los centros de rehabilitación, que es lo que reclama el sistema carcelario.

Andrade también explicó que la Defensoría Pública ha identificado varios nudos críticos que demoran los procesos, uno de ellos está en la conformación de la carpeta del expediente.

 

Otras razones para el indulto

  • Adultos mayores
  • Mujeres que padezcan alguna enfermedad o embarazadas
  • Personas con discapacidad y con enfermedades terminales

 

Por ello aseguró que se está desarrollando un trabajo conjunto con el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

Situación

Con la esperanza de lograr ingresar al centro penitenciario de Ambato varias personas se colocan en una fila solo con la esperanza de tener noticias de sus familiares, puesto que la preocupación persiste por los altercados y muertos que se han dado en las cárceles del país.

El ambiente se vuelve tenso cuando los uniformados despliegan un trabajo operativo para reforzar la seguridad externa en la cárcel.

 

Se excluye de este beneficio a privados de la libertad por

  • Violación
  • Asesinato
  • Peculado
  • Concusión
  • Enriquecimiento ilícito

 

Mayra, nombre protegido, manifestó que tiene a su padre en la cárcel desde hace seis años, pero lo que le preocupa es que a pesar de se habla de medidas para solucionar el hacinamiento esto no se da.

“Duermen en un cuarto pequeño al menos seis personas y luego con toda esa gente cómo no van a tener inconvenientes”, dijo.

 

Autoridad

Fidel Viteri, director de la Cárcel de Ambato, explicó que si bien el número de indultos parece bajo con relación al número de internos, se debe tener en cuenta que el porcentaje de personas que pueden acogerse a este beneficio será reducido debido a que está destinado para una población específica.

Aseguró, además, que la política de las autoridades justamente es la de trabajar para reducir el hacinamiento y para ello se están buscando otras alternativas. (FCT)

Nadie responde sobre el estado carcelario en Ambato

REFERENCIA. Familiares de los reos y los mismos presos han denunciado las presuntas irregularidades que hay en el lugar.

Las masacres, la falta de control y las irregularidades evidenciadas en el sistema carcelario, son parte de un sistema penitenciario que pide mejoras e innovaciones de manera urgente desde hace varios años.

Las consecuencias de las malas administraciones en los reclusorios, empeoran el panorama. La cárcel de Ambato, no está fuera de esta realidad llena de carencias y problemas.

 

Uno de los problemas

Entre las secuelas de la pandemia, también se suman las suscitadas dentro del centro de privación de libertad de Ambato.

José Navas, abogado de un adulto mayor que estaba privado de la libertad y falleció a consecuencia de un presunto descuido y falta de atención a su estado clínico, impulsa un proceso legal para esclarecer esta muerte.

Comenta que en la administración de ese entonces se dijo que, durante la pandemia, todo estaba bien, cuando desde afuera se habla de que más de 400 privados de la libertad fueron contagiados por el virus.

Dice que con el proceso legal se busca reparar a la familia de su defendido y, por ende, a otras personas víctimas del supuesto mal manejo interno de la emergencia sanitaria en este reclusorio.

“Mi cliente era una persona de 72 años que tramitaba su boleta de excarcelación y murió sin obtenerla, se la entregaron a su hija luego del deceso, como si fuese una burla. Como él, hay muchos otros casos y testimonios, que serán escuchados por la señora jueza que lleva el caso”, dijo.

Navas asegura que el proceso judicial se encuentra ya en manos de la Corte Constitucional y que a la audiencia que se llevará a cabo el 30 de noviembre de 2021, se adjuntarán testimonios de otros familiares de internos, que perecieron por el supuesto mal manejo de la pandemia.

TOME NOTA
La cárcel de Ambato tiene capacidad para 450 personas y actualmente 
habría 957 reos, lo que implica un excedente de 507 presos. 

 

Más inconvenientes

Pero, este no sería el único percance registrado. Como en el resto del país, en la cárcel de Ambato existe hacinamiento.

En agosto de este año Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) estuvo en la ciudad y se conoció que la cárcel tiene capacidad para 450 personas y al momento habría 957 reos, lo que implica que existe un excedente de 507 presos.

Los reos y sus familiares hablan de presuntas irregularidades en cuanto al proceder de un grupo de guías penitenciarios, una supuesta administración fraudulenta en cuanto al manejo del restaurante del lugar.

También se habla sobre la estadía de presos por casos de corrupción, y el por qué se encuentran en este centro carcelario, son parte de las situaciones que se han quedado sin respuesta por parte de las administraciones carcelarias anteriores.

Sin embargo, Sebastián Rodríguez, nuevo director del centro penitenciario asegura que tampoco puede dar información que aclare las interrogantes planteadas.

 

Silencio

Este medio de comunicación gestionó una entrevista con el funcionario, la que fue en primera instancia aceptada y posteriormente negada, debido a que el servidor aseguró no contar con la autorización.

Una de las razones dadas de manera verbal, es que apenas lleva en el cargo un mes y tres semanas, lo que no le permite, por el momento, entrar en detalles sobre los temas planteados.

Lo único que contestó Rodríguez es que no se recibirán reos de otras cárceles del Ecuador en Ambato. (MAG)  

Decretos contra el hacinamiento carcelario aportan poco

Los decretos de Guillermo Lasso benefician a infractores de tránsito y reos con enfermedades graves.

Los casos contemplados en los indultos implican sanciones breves, en muchos casos, y, además, sus beneficiarios no son muchos. 

El presidente Guillermo Lasso suscribió los Decretos Ejecutivos 264 y 265 a través de los cuales concedió el indulto presidencial a Personas Privadas de la Libertad (PPL) bajo ciertas condiciones.

Por una parte, de acuerdo con el comunicado presidencial, el Decreto 264 busca indultar a Personas Privadas de la Libertad que hayan sido sentenciadas por las infracciones previstas en los artículos 383 y 386 del Código Integral Penal (COIP), que correspondan a infracciones de tránsito que no impliquen muertes ni lesiones.

Dichos artículos (383 y 386) establecen una pena privativa de libertad de cinco a 15 días y, de tres días, respectivamente.

Por ejemplo, en el artículo 383 se sanciona a quienes conduzcan un vehículo con llantas en mal estado. En el caso de ser transporte público, la pena de libertad es el doble, es decir, hasta un mes.

Mientras que el artículo 386 castiga a quienes realicen contravenciones de tránsito de primera clase: personas que conduzcan sin haber obtenido la licencia, a quien falte de obra a la autoridad o agente de tránsito o quien exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado establecidos en el reglamento correspondiente.

Para el abogado penalista Nicolás Salas, el Presidente tiene a su alcance el otorgar indultos por razones humanitarias y, la medida en la cual estos indultos ayuden a controlar el hacinamiento es importante.

Sin embargo, el experto enfatiza en que este decreto no contribuye en mayor medida a una solución; «no creo que las personas que salgan mediante este indulto vaya a reducir el hacinamiento carcelario. No tengo cifras exactas pero no creo que pase de unos cientos de personas las personas encerradas por estas causas».

Para acceder a este indulto, las PPL deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener sentencia condenatoria ejecutoriada por una de las infracciones referidas en el artículo 1 y, no tener procesos penales pendientes en su contra.

Indulto a personas con enfermedades catastróficas

Por su parte, el Decreto 265 determina que se indultará a quienes padezcan de una o más de las siguientes condiciones:

  • Enfermedades catastróficas
  • Enfermedades terminales
  • Tuberculosis multidrogorresistentes
  • Coinfección TB- VIH

El comunicado presidencial cita que en los casos señalados, se establecerá el perdón total de las Personas Privadas de la Libertad y «no extingue la obligación de la reparación integral que cada uno de los receptores del indulto tenga a su cargo manteniéndose inclusive, aquellas de naturaleza pecuniaria.

Según el analista, el problema radica en la cantidad para la que está hecho el sistema carcelario y la medida en la que «ayudan» este tipo de decretos. Considera que el mayor aporte debería venir del sistema judicial.

«El esfuerzo principal debería venir de la función judicial limitando el uso de la prisión preventiva. Esa es una solución considerable. Recordemos que alrededor del 40% de las PPL tienen prisión preventiva«, destaca el analista.

Con él coincide Joffre Campaña, otro experto en temas penales, quien, a través de su cuenta de twitter, expresó que el decreto 264 es una ‘tomadura de pelo’. «Más tardará el trámite burocrático que las penas que perdona», escribió.

Para acceder al indulto del Decreto 256, las PPL deberán: tener sentencia condenatoria ejecutoriada, no tener procesos penales pendientes en su contra y no estar condenada por delitos como genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, secuestros, entre otros. (MFU)

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Asamblea pidió información sobre sistema carcelario a cuatro entidades

SESIÖN. El pleno de la Comisión de Seguridad Interna sesionó el sábado 9 de octubre de manera virtual

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional investigará la situación del sistema carcelario. El Sistema de Rehabilitación Social deberá entregar la nómina de internos fallecidos desde 2018 y las causas de los decesos.

Cuatro de las 18 entidades públicas relacionadas con el tema penitenciario y de seguridad ciudadana deberán entregar información a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, la cual abrió un investigación relacionada con la crisis carcelaria y la alarmante inseguridad ciudadana que vive el país.

La información fue requerida a los ministerios de Defensa Nacional y de Gobierno, así como a la Comandancia General de Policía y al organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

Desde el Ministerio de Defensa deberán responder a  55 interrogantes relacionadas con los operativos de control de armas en las distintas provincias del país; apoyo al control de los centros de rehabilitación social; operativos de seguridad en las zonas de frontera, todo esto desde 2016. En similares materias se consulta al Ministerio de Gobierno, con un total de 60 preguntas.

A la Comandancia General de Policía se formulan otras 60 preguntas, también relacionadas con la participación de la institución en los operativos de control de armas, a escala nacional, así como el apoyo al mantenimiento de la seguridad en los centros de rehabilitación social y los resultados de las sucesivas declaratorias de estado de excepción en las cárceles del país.

En tanto que el organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, deberá contestar 89 preguntas, sobre información acerca del hacinamiento en los centros de rehabilitación social, los procesos de prelibertad y de beneficios penitenciarios, la nómina de internos fallecidos desde 2018 y las causas de los decesos, entre otros aspectos puntuales. (RR)