Asentados en tres provincias, les preocupa el avance que los mineros han tenido en zonas que ellos consideran ancestrales y biodiversas.
Redacción IMBABURA
El ultimátum a los mineros ilegales se dio por parte de la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE), quienes este 26 de enero de 2022 denunciaron estar amenazados por la explotación ilegal de sus recursos, ante la impavidez de las autoridades respectivas.
Jairo Cantincus, dirigente de los Awá, dijo que permanentemente ha denunciado la existencia de actividades mineras en el territorio, “pero las autoridades de turno del Estado ecuatoriano en ningún momento han prestado atención a las denuncias que ha realizado el Consejo de Gobierno de la FCAE”.
Prohibición de ingreso a ‘extraños’
Según Cantincus, últimamente ha aumentado la presencia de gente extraña que dice se dedica a la explotación minera en su territorio. “Por ello, tras la asamblea en el Centro Awá La Unión, definimos frenar el ingreso de personas particulares. Nuestro accionar ya permitió el desalojo de un grupo de mineros ilegales, pero después de cierto tiempo este grupo de personas se concentraron en otro sitio para extraer oro sobre el río Tulubí”.
Uno de los últimos casos de este tipo, en territorio Awá, se dio este 21 de enero de 2022, cuando los militares descubrieron un campamento de minería ilegal en el sector conocido como La Tronquería, perteneciente al cantón Tulcán (Carchi).
En este sitio, el proceso de extracción ya presentaba un sistema avanzado, donde tenían una piscina de procesamiento y trituradora, entre otros elementos para el proceso ilegal, así como 412 sacos de material molido.
Según la Gobernación del Carchi, de cada dos sacos de material minero extraído ilegalmente se obtendría 8 gramos de oro, con un precio por cada gramo de $50, por lo que entre lo encontrado en La Tronquería se obtendría un total de $82.400, aproximadamente.
Zonas rurales de Carchi e Imbabura son las más apetecidas por los mineros ilegales.
Biodiversidad y ancestralidad
Desde la FCAE señalan que durante la última década han elevado a las autoridades las advertencias de los mineros ilegales, pero no se ha obtenido respuesta alguna de las carteras de Estado responsables del cuidado de la biodiversidad.
Para los Awá, su lucha histórica contra la explotación de recursos se sustenta en su cosmovisión ancestral.
“El territorio para nosotros los Awá, el Katsa Su (territorio grande), es el espacio natural, cultural, social y paisajístico donde habitan los espíritus y los seres sobrenaturales sagrados, donde se genera la vida de todos los seres vivientes (plantas, animales, ríos y ser Awá)”, detallaron, en un comunicado.
“De acuerdo a nuestras formas de vida, los centros Awá impulsamos actividades de conservación en el territorio, reponiendo y protegiendo los recursos naturales existentes. En el 2020 se elaboraron los planes comunitarios participativos, para los centros Awá, donde los pobladores manifiestan en su mayoría tener áreas de conservación, porque el horizonte de los Awá es la lucha y cuidado del territorio para las futuras generaciones”, expuso Cantincus.
El dirigente en enfático en señalar que “el pueblo Awá no es minero”, razón por la cual solicitan a las autoridades del Estado que se investigue a las personas involucradas en la explotación de la minería ilegal en este territorio.
“El pedido es que las autoridades verifiquen la situación, frente a la minería ilegal, para trabajar coordinadamente. Exigimos a las personas que realizan actividades de extracción minera ilegal en el territorio Awá se retiren de forma inmediata, pues haremos respetar nuestra ley como nacionalidad del Ecuador”, finalizó.
Los Awá se expanden en 115.000 hectáreas
El territorio Awá del Ecuador se encuentra localizado en el extremo noroccidental del país con 115.000 hectáreas, en las estibaciones occidentales de Los Andes, desde los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Cubre partes de las provincias de Carchi, Esmeraldas e Imbabura.
La nacionalidad cuenta con una población de 7.500 habitantes indígenas Awá, aproximadamente. Sus áreas forman parte de la región biogeográfica del Chocó, a lo largo del sur del Pacífico, desde el sur de Panamá, pasando por Colombia y terminando en el noroccidente de Ecuador.
Según la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE), su territorio posee los bosques más húmedos del mundo, siendo reconocida como una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta.
Problemas ambientales y sociales
Durante el primer mes del 2022, el Ejército, a través de operativos en zonas rurales de Carchi, ha localizado indicios de extracciones mineras ilegales, lo que da muestra que este tipo de actividades no han cesado del todo.
Entre lo hallado, constan túneles de grandes extensiones que atraviesan la tierra, poleas para transportar bultos pesados con el material extraído, entre otras evidencias. Sin embargo, no han podido encontrar a personas en delito flagrante, por lo que no han existido detenidos.
Jaime Guerra, comandante del Ejército acantonado en Carchi, en su momento expuso que en ciertas ocasiones no se localiza a personas en las bocaminas ilegales porque ellos tienen su propia seguridad, con lo que están atentos a las actividades que realizan la Fuerzas Armadas en ese sector.
Sin embargo, también se reconoce que las actividades de minería ilegal representan un grave problema a la seguridad del Estado, por los graves e irreversibles impactos a la naturaleza, en especial a la contaminación de fuentes hídricas, la tala de bosques y la descomposición del suelo.
Por otra parte, el Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne) ha indicado que toda exploración minera, así sea bajo una concesión otorgada legítimamente por el Estado, provoca daños irreversibles en la naturaleza y los territorios concesionados, aun cuando ni siquiera se haya extraído un gramo de mineral.
También han resaltado que en torno a esta actividad ilícita se generan delitos conexos como el lavado de activos, la corrupción de entes de control, el tráfico de armas e hidrocarburos, el tráfico de madera y fundamentalmente enormes pérdidas económicas para el Estado y la población en general.
