La minería ilegal acecha a zonas rurales de Carchi

Evidencias. Apenas iniciado 2022, el personal militar localizó indicios de actividades mineras ilegales en zonas rurales de Carchi e Imbabura.
Evidencias. Apenas iniciado 2022, el personal militar localizó indicios de actividades mineras ilegales en zonas rurales de Carchi e Imbabura.

En esta provincia se han encontrado bocaminas y materiales que dan cuenta de las actividades que se ejecutan sin ningún tipo de permiso o control.

Redacción CARCHI

Es un problema que parece que nunca desaparecerá. La minería ilegal ha encontrado en zonas rurales de Carchi sectores donde se puede seguir explotando la tierra, sin controles, permisos o procedimientos técnicos que no pongan en riesgo ni a las personas ni a la naturaleza.

Solo en la primera semana de 2022, el Ejército ecuatoriano, a través de operativos en los cantones Mira, Espejo y otros sectores que limitan con la provincia de Imbabura, ha localizado indicios de actividades mineras ilegales, lo que da muestra que este tipo de actividades no han cesado del todo.

Las evidencias

Túneles de grandes extensiones que atraviesan la tierra, poleas para transportar bultos pesados con el material extraído, entre otras evidencias son parte de lo que ha localizado el personal militar en estos sitios.

Sin embargo, en los últimos operativos no han podido encontrar a personas en delito flagrante, por lo que no han existido detenidos.

Según Jaime Guerra, comandante del Batallón de Infantería Mayor Galo Molina, acantonado en Carchi, en ciertas ocasiones no se localiza a personas en las bocaminas ilegales “porque ellos tienen su propia seguridad, con lo que están atentos a las actividades que realizan la Fuerzas Armadas en ese sector”.

Problemas sociales y ambientales

Desde las autoridades militares se ha reconocido que, “las actividades de minería ilegal representan un grave problema a la seguridad del Estado, a razón de los graves e irreversibles impactos a la naturaleza, en especial a la contaminación de fuentes hídricas, la tala de bosques y la descomposición del suelo”.

Además, resaltan que en torno a esta actividad ilícita se generan delitos conexos como el lavado de activos, la corrupción de entes de control, el tráfico de armas e hidrocarburos, el tráfico de madera y fundamentalmente enormes pérdidas económicas para el Estado y la población en general.

Precisamente, se estima que en los últimos dos años, las pérdidas para el Estado ecuatoriano por la minería ilegal llegan a sumar más de $900 millones al año, pasando los focos de esta actividad, en todo el territorio nacional, de 500 a 600.

Solo en la parte ambiental, cada año, la minería ilegal provoca daños que para la economía ecuatoriana son de $350 millones, mientras que en las zonas amazónicas de países como Colombia, Perú y Brasil son equivalentes a más de $2.500 millones.

Más allá de la ilegalidad

Pero el Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne) va más allá de la minería ilegal, mencionando que toda exploración minera, así sea bajo una concesión otorgada legítimamente por el Estado, “provoca daños irreversibles en la naturaleza y los territorios concesionados, aun cuando ni siquiera se haya extraído un gramo de mineral”.

Como un ejemplo, en su momento mencionaron que en la parroquia Chical, perteneciente al cantón Tulcán, en Carchi, se desarrolla un proyecto minero en plena zona intangible del Bosque Protector Cerro Golondrinas, afectando gravemente a los ecosistemas, fuentes hídricas, especies de flora y fauna de las cuales aún no se dispone de registros científicos completos, como pretendía suceder en el Bosque Protector Los Cedros, en la zona de Intag, en Imbabura.

“Este bosque es responsable de garantizar el agua segura y de calidad para cuatro parroquias, así como de garantizar el equilibrio ecológico y servicios ecosistémicos a Carchi y al mundo entero. No solo la minería ilegal es un peligro para los ecosistemas y las zonas pobladas aledañas”, expusieron.

En El Cielito no es un problema nuevo

Desde 2017 las alarmas se encendieron en Carchi por los primeros brotes de minería ilegal.

En ese entonces, los dirigentes comunitarios denunciaron estar atravesando por un grave problema social a consecuencia del descubrimiento de una mina de oro, ubicada en el sector El Cielito y Río Verde, señalando que esto desató un ambiente de inseguridad, violencia y daño ambiental.

Un año después, en 2018, los problemas se acrecentaron con la llegada de más personas, de distintas partes del país y extranjeros, a territorio carchense para explotar tierras, como en El Cielito.

En 2019, varios operativos de la fuerza pública lograron desalojar a la mayor cantidad de mineros ilegales, pero tres años más tarde aún se reportan puntos donde siguen efectuando sus actividades, según los recorridos constantes que ejecutan las Fuerzas Armadas por los sectores identificados como neurálgicos de la extracción ilegal de minerales, principalmente oro.

Las zonas colindantes entre las provincias de Imbabura y Carchi son las más apetecidas por los mineros ilegales.