Ecuador recibirá $1.000 millones del FMI hasta junio de 2022

El Ministro de Economía (d.) y el gerente del Banco Central participaron en el anuncio.

El país y el organismo multilateral consiguieron cerrar la revisión pendiente del acuerdo de financiamiento.

Ecuador llegó a un acuerdo a nivel de personal técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en relación a la cuarta y quinta revisión del programa de Servicio  Ampliado (SAF), que el país mantiene con este organismo desde septiembre de 2020.

El directorio del FMI deberá aprobar este acuerdo, en las próximas semanas, y autorizar un desembolso por $1.000 millones para financiar el Presupuesto General del Estado del Ecuador, fortaleciendo programas sociales y de infraestructura.

El ministro Simón Cueva aseguró, durante un conversatorio con medios, que esos recursos llegarán en alrededor de la primera quincena de junio de 2022. Con eso, hasta finales de este año, y luego de una nueva revisión, se desembolsará los $700 millones adicionales dentro del acuerdo de financiamiento.

El Ministro destacó el reconocimiento que el FMI hace al exitoso plan de vacunación implementado por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que  permitió avanzar con la recuperación económica del país.

Además, señaló que hay una valoración positiva de parte del organismo al manejo responsable de las finanzas públicas y a la ampliación en la cobertura de los programas sociales.

El acuerdo a nivel técnico se logró luego de varias reuniones de trabajo de autoridades y equipos ecuatorianos con la misión del FMI, durante el periodo comprendido entre el 4 de marzo y 9 de mayo de 2022.

La jefa de la misión del organismo internacional, Ceyda Oner, resaltó que los resultados fiscales de septiembre y diciembre de 2021 fueron mejores que los proyectados en la pasada revisión, dando cumplimiento a la mayoría de los criterios  cuantitativos del programa.

Ecuador se ha comprometido a transparentar el manejo de las finanzas públicas. En este sentido, el Gobierno está comprometido a poner en orden las obligaciones que se mantienen con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS(, en lo relativo a pensiones y al servicio de salud; y avanzar con auditorías financieras Petroecuador y Petroamazonas.

El programa SAF que el país mantiene con el FMI empezó en septiembre de 2020, con una duración de 27 meses, y representa un total de respaldo financiero por $6.500 millones, de los cuales el país ya recibió $4.800 millones.

Cueva reconoció de las discusiones con el organismo multilateral, que se dilataron por más de un mes, tuvieron un enfoque especial relacionado con cómo ir reorientando y priorizando algo más de gasto publico para inversiones y pago de deudas atrasadas.

Es decir, en flexibilizar las metas; pero aseguró que no puede dar mayores precisiones porque todavía falta la aprobación del directorio del FMI.

Sin embargo, sí puntualizó que más de $160 millones adicionales se destinarán a proyectos prioritarios en vialidad. El Gobierno tiene como objetivo gastar más de $1.800 millones en inversión pública durante 2022; pero los mayores montos se canalizarán mediante la inversión privada. (JS)

El Presidente de Chile afronta primeras protestas estudiantiles de su mandato

Las cosas no van bien para el presidente Boric, cuya popularidad bajó del 50% al 36% en menos de dos meses en el poder.

Estudiantes de cuatro liceos de la capital del país se manifestaron este viernes  para exigir el mejoramiento de la infraestructura educativa. Un alumno fue detenido.

SANTIAGO. Decenas de estudiantes de secundaria protestaron este 29 de abril de 2022 y ocuparon varios centros educativos de Santiago de Chile para denunciar malas condiciones de infraestructura y mobiliario en las aulas tras la pandemia, y reivindicar una mejor educación pública.

Las movilizaciones, que terminaron con un joven detenido, comenzaron a las afueras del emblemático Instituto Nacional, en el centro, donde se reunió un grupo de adolescentes cubiertos con trajes blancos que gritaron consignas por una educación de calidad mientras trataron de echar abajo la reja del recinto.

En total son cuatro los liceos que se encuentran ocupados por sus estudiantes y dos los que tienen a sus alumnos en huelga, todos ubicados en los barrios de Santiago y Providencia, en la capital.

Diego Jaque, presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional, denunció a medios locales la falta de mantenimiento en la infraestructura del establecimiento y agregó que se reunió con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para explicar sus demandas.

«Las salas están en riesgo de derrumbe, tenemos techos que no están completos, luces que no funcionan. Nuestro estudiantado está en riesgo (…) Como menores de edad, lo único que queremos hacer es dialogar», señaló otro joven, uno de los portavoces de la ocupación del Internado Nacional Barros Arana (INBA).

Se trata del tercer día consecutivo de movilizaciones, durante las cuales se registró el lanzamiento de bombas tipo molotov, la quema de un bus del transporte público al frente de una escuela el pasado martes, y un gran contingente policial que reprimió con violencia a los adolescentes.

Primeras protestas estudiantiles de la era Boric

Durante la mañana, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, anunció la inversión de 10.000 millones de pesos (11,7 millones de dólares) en infraestructura escolar.

La portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el Ejecutivo asumió el pasado marzo «con un déficit muy grande en materia de la infraestructura de los establecimientos educacionales” y anunció una revisión de protocolos policiales para contener marchas estudiantiles.

«Cuando se trata de escuelas, cuando se trata de estudiantes, (las fuerzas del orden) tienen que tener pertinencia”, aseveró.

Estas son las primeras manifestaciones estudiantiles de la administración del progresista Gabriel Boric, un exlíder estudiantil que asumió la Presidencia hace 50 días y cuya reivindicación insigne siempre ha sido mejorar el sistema educativo.

«En este Gobierno, los estudiantes que quieran dialogar van a tener las puertas abiertas. Los que quieran quemar buses o utilizar medios violentos para defender sus reivindicaciones, tendrán que responder ante la ley como corresponde”, aseguró el pasado miércoles.

En la historia reciente de Chile, las grandes movilizaciones han estado precedidas de protestas estudiantiles, como las potentes marchas por una mejor educación pública de 2011 o 2006 -conocida como la Revolución Pingüina-, o incluso, la crisis social de 2019, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.

Esa ola de masivas protestas, que gatilló un proceso constituyente, comenzó precisamente como una protesta de estudiantes de secundaria que llamaron a saltarse el torniquete del metro tras una subida en el precio del billete. EFE

Estructura de la Universidad Luis Vargas presenta daños por el sismo

Luego de realizar una inspección por la infraestructura de la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de Esmeraldas en el campus Nuevos Horizontes se evidenció una serie de daños en las áreas administrativas y académicas.

Paredes y columnas cuarteadas, la caída de techo, cielo raso, daño de equipos y de espacios de oficina, paredes quue deben ser retiradas, por el riesgo que significan para quienes laboran en la institución.
La inspección fue realizada por la Unidad de Infraestructura del alma máter luego de los sismos registrados los días 26, 27 y 28 de marzo en la provincia de Esmeraldas. Situación que obligó a suspender las actividades académicas y administrativas, a fin de precautelar la vida de la comunidad universitaria.
La autoridad de la universidad, Girard Vernaza, indicó que en el terremoto de 2016 el centro de estudios no fue tomada en cuenta en el proceso de reconstrucción, pese a los daños registrados en varios bloques de aulas; por lo que esperan que en esta ocasión no vuelva a suceder lo mismo. (CS)

Estudiantes del Lauro Guerrero no retornaron a clases por las lluvias

RETORNO. Estudiantes del colegio Lauro Guerrero iban a retornar a las aulas este miércoles, pero el periodo invernal suspendió nuevamente las clases.

Se suspendieron las clases en cuatro establecimientos de Loja. En el Colegio Militar estudian cerca de 1.200 estudiantes.

Luego de acuerdos y reuniones entre padres de familia y directivos del plantel, conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Salud, resolvieron que desde este miércoles 16 de marzo de 2022, los estudiantes de primero, segundo y tercero de Bachillerato regresen a clases presenciales con normalidad, ya que estaban en el sistema virtual, por la presencia de daños (colapso) en el alcantarillado sanitario del plantel, pero luego de las lluvias del martes, nuevamente se suspendieron las clases en esta institución, además, se cerró la escuela José Ingenieros, escuela Marieta de Veintimilla y el colegio Eugenio Espejo, así lo anunció el Gobernador de Loja, Mario Mancino.

Situación del Lauro Guerrero

Jackson Conza, presidente del Comité Central de padres de familia del plantel, manifestó que el lunes 14 de marzo, luego de recibir un comunicado del inicio de clases en el plantel, un grupo de padres de familia realizaron en plantón para exigir al Ministerio que dé solución al colapso del alcantarillado sanitario. En la tarde, mantuvieron una reunión con las autoridades del Ministerio en donde les explicaron que hay un nuevo Rector y que procederán a dar respuesta al pedido.

Luego, el martes 15 de marzo, a partir de las 11:00, mantuvieron una reunión pero con el nuevo rector, el magister Juan Luna Rengel, con quien definieron que el regreso a clases presenciales será progresivo y lo harán los de primero, segundo y tercero de Bachillerato, pero luego de que pase el periodo invernal en Loja, que ha dejado afectaciones en las vías. No volverán todos, porque el sistema sanitario está colapsado y debe ser intervenido. “Se estima que existe una partida presupuestaria de 75 mil dólares, de los cuales para la reparación urgente se utilizarán solo 45 mil dólares. Debemos aclarar que las baterías sanitarias están en perfectas condiciones, lo que no funciona es el sistema de alcantarillado con los residuos del plantel”, reveló.

Solución en el colegio

Carmen Armijos, directora Distrital del Ministerio de Educación, agregó que ya mantuvieron una reunión con los padres de familia, donde acordaron algunos temas. “Se habla de fallas en el sistema de alcantarillado, pero eso lo detectarán según cómo los estudiantes y maestros hagan uso del plantel, por lo que ese es el acuerdo. Existe el presupuesto para obras menores, todo dependerá del informe y la contratación en el portal de compras públicas”, reveló.

 

EL DATO

Buscan realizar un trabajo emergente, pero la idea es realizar un cambio total del sistema de alcantarillado.

TE PUEDE INTERESAR

Disponibles 11 becas para maestrías en periodismo

Disponibles 11 becas para maestrías en periodismo

Ley de Inversiones busca potenciar $10.000 millones en proyectos de infraestructura

El Gobierno está convencido de que la iniciativa tendrá el apoyo de los legisladores.

La normativa incluye reformas en el mercado de valores, Alianzas Público- Privadas, telecomunicaciones y zonas francas.

La tarde de este 22 de febrero de 2022, el Gobierno de Guillermo Lasso enviará a la Asamblea su segunda gran iniciativa en materia económica.

El proyecto de Ley de Inversiones busca apuntalar la estrategia para atraer, al menos, $30.000 millones de nuevas inversiones hasta 2025. De ese total, $10.000 millones están relacionados a proyectos de infraestructura, sobre todo carreteras.

Según Roberto Salas, secretario técnicos de Alianzas Público Privadas (APP), la normativa simplifica y facilita los procesos; además, establece incentivos y controles reales para que el accionar de los inversionistas privados no se queda solo en las obras, sino que se mantenga en el mantenimiento de las mismas a lo largo de los años.

Otro pilar de la atracción de inversión privada será el fortalecimiento de las zonas francas. El proyecto, que entregará el Ejecutivo a la Asamblea, contiene incentivos tributarios y la libertad de que esas zonas francas se puedan establecer en cualquier lugar del país.

Se apunta a conseguir la concreción de proyectos productivos en sectores como el logístico, telecomunicaciones, turismo, entre otros

Sin un mercado de valores desarrollado no habrá crecimiento

Otro pilar de la Ley de Inversiones es una reforma integral del mercado de valores. El objetivo principal es que ese mercado realmente se convierta en una opción de financiamiento para las empresas del país.

Además, se configura un nuevo sistema de controles para  evitar, como aseguró el ministro de Economía, Simón Cueva, que se repitan manejos irregulares y estafas como la del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

A la par, la normativa presenta incentivos para que se den pasos hacia la unificación de las dos bolsas de valores que existen actualmente en el país. (JS)

DATO.- La Ley de Inversiones se enviará con el carácter de económico urgente, lo que significa que la Asamblea tendrá máximo 30 días para tratarla.

TE PUEDE INTERESAR:

Cuatro hombre robaron y agredieron a una mujer en el norte de Quito

Gobierno investiga la venta del Banco del Pacífico en Miami

La Presidencia de la Asamblea resquebraja a Pachakutik

Menos del 1% de escuelas en Ecuador carece de condiciones para operar

SERVICIOS. El 0,99% de las instituciones educativas no tienen condiciones para volver a clases.

La zona 5, formada por Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos, tiene más planteles en mal estado. Se suma Guayaquil que es una zona aparte.

De las cerca de 16.000 instituciones educativas que existen a escala nacional, 162 no tienen condiciones para que sus estudiantes retornen a las aulas. Esto quiere decir que el 0,99% tiene problemas de infraestructura.

Se trata de planteles que por falta de mantenimiento o por afectaciones causadas por lluvias no están en condiciones de ser utilizados actualmente.

“Estas son las instituciones donde se implementarán los planes de contingencia y se diseñarán planes específicos para garantizar la continuidad de la educación de los estudiantes inscritos”, dijo María Brown, ministra de Educación.

A los menores que deseen asistir de manera presencial se los podría reubicar. Estas medidas se socializarán desde cada establecimiento.

Cinco provincias con más problemas 

En la zona 5 es donde hay más escuelas y colegios con problemas de infraestructura: 67 en total, en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos.

En estas cinco provincias (contabilizadas sin tomar en cuenta Guayaquil) se concentra un total de 16.143 estudiantes.

A ellas se añade la zona 8 (Guayaquil) con 30 planteles en mal estado.

Esto quiere decir que el resto de instituciones educativas están listas para acoger a los estudiantes.

Ana María Almeida, psicóloga educativa, señala que no todas las instituciones con problemas de infraestructura son necesariamente planteles sin agua. “Hay escuelas que no han tenido mantenimiento en dos años, otras que las lluvias les han afectado y cerca de 140 a escala nacional que no cuentan con agua potable, esto no solo le compete al Ministerio de Educación sino a los Gobiernos locales”.

Sin acceso a medidas de bioseguridad

Según un balance realizado en 2021, al menos 144 instituciones no contaban con agua potable.

Almeida dice que estas instituciones no pueden recibir a los alumnos porque no pueden garantizar el adecuado acceso al lavado de manos, una de las principales medidas de bioseguridad.

“Es adecuado que el Ministerio de Educación tenga ya un plan para estos estudiantes como lo ha anunciado la ministra (María) Brown. Es importante que haya cifras de cuántas instituciones tienen problemas de infraestructura porque rompe el discurso generalista de decir que ‘la mayoría’ de escuela no tienen condiciones para volver”, señala la experta.

Es por eso que Brown señaló que la información sobre la infraestructura de los planteles se actualizará todos los jueves en la página web del Ministerio de Educación; ahí se incluirá datos como nombre, ubicación y cantidad de estudiantes en cada plantel.

 Intervenciones en conjunto

La reparación de escuelas, especialmente las que no cuentan con servicios básicos, le compete también a los Gobiernos seccionales que son los encargados del alcantarillado y saneamiento. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, se firmará un acuerdo para la infraestructura de 30 planteles educativos. “La inversión solo en infraestructura es de 6,5 millones de dólares, pero vamos a asumir otros temas que hemos visto en el camino, por ejemplo los juegos infantiles, juegos inclusivos, baños, además de un baño inclusivo con puerta hecha para sillas de ruedas y rampas”, señaló Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, al levantar su decisión de cerrar escuelas.

Actualmente, en la región Costa- Galápagos se mantienen los lineamientos de la presencialidad del 22 de enero de 2022. Mientras que en la Sierra- Amazonía, desde el 7 de febrero de 2022, se podrá volver al 100% de la presencialidad bajo acuerdo de los padres. (AVV)

Cuándo no enviar a mi hijo a la escuela

  • Si los padres, hermanos o personas que han estado en contacto con los menores presentan síntomas, los niños no deberán salir de casa por al menos 10 días.
  • La fiebre es uno de los principales indicadores de la COVID-19. Si el pequeño la tiene es primordial buscar atención médica.
  • Si su prueba PCR llega a salir negativo es apropiado que vuelva a clases tres días después de no presentar fiebre.
  • La tos es otro síntoma habitual del coronavirus. Al igual que con la fiebre es apropiado descartar el contagio.
  • La misma recomendación es en casos de pequeños con congestión nasal.

Instituciones educativas con problemas de infraestructura

  • Zona 1 (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos) : 16 instituciones
  • Zona 2 (Pichincha -excepto Quito-, Napo y Orellana): 17 instituciones
  • Zona 3 (Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza): 8 instituciones
  • Zona 4 (Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas): 7 instituciones
  • Zona 5 (Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Guayas -excepto Guayaquil-, Durán y Samborondón): 67 instituciones.
  • Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago): 3 instituciones
  • Zona 7 (El Oro, Loja, Zamora Chinchipe): 14 instituciones
  • Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón): 30 instituciones
  • Zona 9 (Quito): cero instituciones
Según Unicef, volver a clases  protege a los menores de la exclusión educativa, la desnutrición infantil y la violencia intrafamiliar que muchas veces se denuncia desde las escuelas.

Petroecuador firmó contrato de importación privada de combustibles

Ítalo Cedeño, gerente de la petrolera estatal, suscribió el contrato.

El objetivo es ofrecer combustibles de mejor calidad a través de seis comercializadoras nacionales. El Gobierno busca abrir el mercado local y reducir costos.

Este 31 de enero de 2022, Petroecuador y la empresa privada Abastecedora Ecuatoriana de Combustibles S. A. (Abastibles) suscribieron un contrato para el servicio de recepción, transporte, almacenamiento y despacho de productos derivados de petróleo en la infraestructura de Petroecuador, por un plazo de 15 años.

Esa empresa privada está conformada por seis comercializadoras: PetrolRíos, Petróleos y Servicios, Masgas Ecuador, Petroworld S. A., Clyan Services World S. A., Energygas S. A.

El acto contó con la presencia del gerente general de EP Petroecuador, Ítalo Cedeño, y el gerente general de Abastecedora Ecuatoriana de Combustibles S. A., Luis Oswaldo Gordillo, además de autoridades de las dos empresas.

De acuerdo con Luis Oswaldo Gordillo, Abastibles está conformada por seis empresas que representan el 45% del segmento automotor a nivel nacional. “Nos hemos unido para la importación de combustible de buena calidad y competir con empresas transnacionales”, dijo.

Para la ejecución de este contrato se podrán utilizar los muelles petroleros de Esmeraldas, La Libertad y Tres Bocas, además de los poliductos, las terminales y refinerías, todos estos activos pertenecientes a Petroecuador. La suscripción de estos contratos implica el servicio que presta la empresa pública en uso de las instalaciones de Petroecuador, acorde con la programación operativa de la empresa.

Con la firma de este convenio con la empresa privada se optimizarán los recursos existentes a través de la utilización de la infraestructura de la petrolera pública, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 1158, cuya Disposición General Cuarta señala que “las empresas públicas deberán facilitar la infraestructura a cambio del pago de una tarifa razonable por volumen y permanencia, para la importación, recepción, transporte y almacenamiento, y despacho de combustibles, con su costo y margen”.

La tarifa será establecida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

El gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, destacó que la firma es con una empresa 100% ecuatoriana, y que servirá para beneficio de los usuarios, pues se generará una mayor competencia en el mercado.

“Es una sana competencia, que ustedes puedan importar el combustible que usamos los ecuatorianos; trataremos siempre de que las especificaciones sean las internacionales”, dijo.

Antes de esta última firma, la petrolera estatal ya había cerrado cinco contratos para la importación de gas natural con Corpetrolsa S. A., Terpel-Comercial Ecuador Cía. Ltda., Servicios WFSE Ecuador C. L., Primax S. A. y Duragas. (JS)

TE PUEDE INTERESAR:

Cuáles son las profesiones más demandadas de 2022

Muere Isabel Robalino, mujer ícono de lucha

Los proyectos sobre seguridad se acumulan en la Asamblea

Subsidio a combustibles cubriría déficit policial y reconstrucción de escuelas

Al día, se destinan más de $4 millones para mantener gasolinas baratas.

En 2022, el subsidio significará $1.600 millones. Ese monto marcaría una diferencia radical si se destina a sectores prioritarios sin inversión necesaria.

El consumo de diésel retornó a niveles pre pandemia al cierre de 2021. En total, se comercializaron 1.388 millones de galones en los últimos 12 meses. En el caso de la gasolina extra y eco país, se consumieron 1.081 millones de galones.

Para 2022, se espera que esas cifras se incrementen aún más, lo que significa mayor gasto público para mantener los subsidios de esos combustibles, cuyos precios quedaron congelados desde el 22 de octubre de 2021.

En el mejor de los casos, si los precios internacionales del crudo no se disparan aún más de los $80 por barril actuales, esos subsidios costarán $1.600 millones durante este año.

Esos recursos podría ser utilizados en destinos prioritarios y que no han tenido la inversión necesaria durante los últimos 10 años.

Así, por ejemplo, se podría cubrir totalmente los más de $860 millones que se necesitan para la reconstrucción de la infraestructura educativa, sobre todo para niveles primarios. Los mayores daños a subsanar está en sectores rurales, que además tiene bajo acceso a internet.

Por otro lado, otro destino prioritario sería reforzar la nómina policial, en medio de un panorama donde cada día se registran casos de muertes violentas y asaltos en todo el país, como el más reciente de un turista holandés en Guayaquil.

Según el Gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, Ecuador está lejos de estándares internacionales donde se establece que se necesitan 4 policías por cada 1.000 habitantes. Actualmente, la cifra no supera los 2,7 policías por cada 1.000 habitantes

«Esa es la realidad. Es el equivalente a tener dos huecos y un corcho. Tapas uno, pero destapas otro. Necesitamos tener más policías. Ese es el norte hacia el que se trabaja. Durante los últimos dos años, Gobierno anteriores no hicieron nada para abrir el proceso de formación policial», dijo.

En este contexto, la contratación de al menos 24.700 personas más costaría un poco más de $380 millones anuales. Con la mejoras en capacitación y mejor dotación de herramientas de trabajo, la cifra podría sumar más de $400 millones. (JS)

DATO.- Durante 2021, el subsidio a los combustibles representó alrededor de $1.080 millones.

TE PUEDE INTERESAR:

Cuál es la versión de la Fiscalía sobre el caso del policía Santiago Olmedo

El Consejo de Participación ‘hace agua por todos lados’

Los restaurantes, el comodín de las restricciones anticovid

Obras inconclusas, un monumento a la corrupción

PERJUICIO. Contraloría detectó pagos injustificados y retrasos en el proyecto PRIZA de Manabí.

La impunidad en estos casos responde a la falta de articulación entre Contraloría y Fiscalía y se agravan con los largos procesos de auditorías e informes.

Tungurahua, Imbabura y Los Ríos son solo algunas de las provincias que cuentan con obras inconclusas que pasan el millón de dólares y sobre las cuales aún está pendiente determinar algún tipo de responsabilidad penal.

La construcción del mercado de Ibarra, por ejemplo, es una obra que lleva inconclusa más de cinco años; se invirtieron alrededor de $7 millones, pero el terreno sobre el que se construyó está en litigio, aún no hay responsables.

En Los Ríos también hay problemas, se invirtieron más de $3 millones en la ejecución del soterramiento y regeneración urbana de Quevedo, pero no se cumplieron los requerimientos técnicos para albergar cableado de alta tensión.

Sanciones y responsables

Para Germán Rodas Cháves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, las obras que quedan inconclusas responden a factores como “incapacidad de trabajo y administración de determinados funcionarios públicos de elección popular o de designación directa, a la falta de celeridad en transferencias económicas de los organismos competentes y al manejo inadecuado de la contratación pública”.

Para esto, explica Rodas, las normas deben venir de la mano de la Contraloría General del Estado (CGE), Fiscalía General del Estado (FGE) y la Asamblea, “los organismos de control deben buscar un mecanismo mediante el cual se impida que la obra inconclusa quede como un monumento a la incapacidad, a la impunidad, ciertamente se debe sancionar sobre la base de una adecuada investigación”, resalta.

Cuando la Contraloría detecta anomalías en la ejecución de alguna obra, inicia una auditoría y su debido informe, el cual, según el Código Integral Penal (COIP), debe ser emitido a la Fiscalía.

El abogado penalista Nicolás Salas explica que, normalmente la Contraloría realiza informes de tres tipos: administrativo, civil y con indicios de responsabilidad penal. Menciona que para estos tres casos siempre hay una sanción, la cual varía dependiendo del tipo.

“Cuando este órgano de control determina responsabilidad de carácter administrativo, lo que procede es la multa al funcionario que haya incumplido con algún tipo de normativa. Cuando es de condición civil, dependiendo del caso, se establecen glosas (usted paga por el perjuicio que se hizo al Estado)”, detalla Salas y sostiene que cuando hay indicios de responsabilidad penal es cuando hay observaciones que puedan estar relacionadas con el delito de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o delitos contra la administración pública.

Pese a que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece “actuar coordinadamente con la Fiscalía General del Estado para iniciar y proseguir los juicios penales, relacionados con delitos en el manejo de los recursos públicos”, el tiempo que se demora la Contraloría en emitir varios de sus informes es determinante en el proceso de sanción a posibles responsables no solo de obras inconclusas sino también de sobreprecios.

“Esta entidad establece un tiempo límite para que se realicen los informes de auditoría y, en muchos ocasiones, la CGE actúa después de cuatro, cinco o 10 años y, cuando intenta judicializar los casos se encuentra que estos tiempos han concluido”, menciona Salas y refuerza la idea de que este es otro motivo para que haya impunidad en los procesos de penalización.

Posibles soluciones

Los expertos consultados coinciden en que, para que no haya impunidad en las sanciones ni despilfarro de dinero en la ejecución de obras se requiere de un cambio estructural, empezando por la misma Contraloría y la designación de su nueva máxima autoridad.

Salas cree que la CGE es una institución que se ha desinstitucionalizado debido a los escándalos públicos, “hay que volver a contar con una autoridad de la contraloría que pueda reorganizar todas las actividades, establecer prioridades en la vigilancia de política pública, de procesos precontractuales”, comenta Nicolás Salas y reafirma que, es fundamental que los recursos de los ecuatorianos se deben canalizar de manera adecuada y que “los funcionarios públicos sepan que están siendo observados por la CGE”.

Por su parte, Germán Rodas enfatiza en la necesidad de empezar por la raíz del problema. “Para que una obra no quede inconclusa, los organismos de control deben garantizar que existan los recursos adecuados, la prospectiva de la construcción, permisos ambientales, etc.”; además califica a las  obras inconclusas como un “monumento a la corrupción y al manejo inadecuado de los recursos en perjuicio de la comunidad”. (MFU)

Contraloría detectó pagos injustificados por $1.1 millones en proyecto PRIZA

El 25 de noviembre la Contraloría General del Estado (CGE) informó que, luego de una auditoría al Plan de Reestructuración Integral de las Zonas Afectadas (PRIZA) se detectó que la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) realizó pagos injustificados por $1.1 millones en obras para la rehabilitación de la infraestructura del servicio público de energía eléctrica, en Manabí.

Este proyecto de reconstrucción de la subestación eléctrica de San Vicente, que inició luego del terremoto de 2016, tiene observaciones no solo relacionadas a sobreprecios sino también a retrasos en el plazo de entrega. La obra debió terminar en 150 días, desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2018, sin embargo, concluyó 484 días después de que iniciaron los trabajos.

Dentro de este mismo proyecto, la Contraloría aprobó otro informe previo sobre la construcción de redes eléctricas y telecomunicaciones en Portoviejo y Bahía de Caráquez. Aquí se estableció que se incumplieron las especificaciones técnicas y los cronogramas de trabajo. Además, se determinó que realizaron pagos injustificados por $1.5 millones.

“Las obras inconclusas son un monumento a la corrupción, a la demagogia, a la oferta de campaña y al incumplimiento de las tareas con responsabilidad y la ausencia de leyes y normas que castiguen esta conducta anómala”, Germán Rodas Cháves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.

 “Hay normativas suficientes para sancionar a los funcionarios públicos que por acción u omisión no realizan los controles adecuados de la gestión pública”, Nicolás Salas, penalista.