Abogados no estarán obligados entregar datos confidenciales de sus clientes al SRI

INSTITUCIÓN. Sede de la Corte Constitucional.

El fallo de la Corte Constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Esto es “cuestión de días”, dicen abogados.

La Corte Constitucional (CC) declaró la inconstitucionalidad de la obligación de los profesionales del derecho, abogados, consultores,  y contadores, de reportar al Servicio de Rentas Internas (SRI) información confidencial de sus clientes. Con su  fallo, el organismo dio de baja una disposición aprobada durante el régimen de Rafael Correa.

En 2016, el colegio de Abogados de Pichincha y el Observatorio de Derechos y Justicia presentaron demandas de inconstitucionalidad en contra de una norma incluida en la Ley Orgánica de Solidaridad  y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas  Afectadas por el Terremoto de 2016, que buscaba generar ingresos y contribuciones especiales para atender a los sectores afectados por ese evento.

Lo que se violentó

Stalin Raza, abogado y constitucionalista, explicó que la demanda fue interpuesta porque se violentaron aspectos de forma. En el  proceso de aprobación de esa ley temporal, que se creó para generar contribuciones por el terremoto, no podía establecerse una obligación definitiva.

Además, que en una ley eminentemente económica no se podía incorporar una obligación para que los abogados entregaran información al SRI.

“Es como si en la actualidad se expidiera una ley por la pandemia, y en esa misma norma se incluyera una disposición dirigida a los médicos para que reporten al Ministerio de Salud sobre sus ingresos”, explicó el abogado.

En su fallo, la Corte Constitucional refiere que el procedimiento de aplicación y aprobación de la Ley fue equivocado y por eso debe ser declarado inconstitucional, dice el texto.

En la demanda de 2016, los profesionales del derecho también alegaron la inconstitucionalidad porque atentaba contra la privacidad y la confidencialidad entre el cliente y el abogado.  El abogado es depositario de información confidencial que no la puede divulgar, ni revelar, insistió.

 Debate de fondo

El jurista Rafael Oyarte, espera que la Corte Constitucional avance al “fondo del tema” una vez que llegue a conocer también la demanda que existe sobre la disposición de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). 

El 8 de abril de 2022, la Unidad de Análisis  emitió la resolución  “UAFE-DG-2022-0129” suscrita por Carla Mera Proaño,  dirigida a eliminar el secreto profesional en el ejercicio del Derecho. Así, todo abogado que intervenga en materia societaria y transacciones incluso de bienes raíces, deberá reportar la actividad de sus clientes.

Asimismo, considera  como  sujetos obligados a reportar a la UAFE  quienes realicen operaciones y transacciones relacionadas a las siguientes actividades: compra y venta de bienes inmobiliarios,  administración del dinero, valores y otros activos del cliente,  administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores,etc.

“Importante precedente” 

Para Stalin Raza, la resolución de los jueces es un precedente importante cuando deban conocer  la resolución de la UAFE.

¿Será necesario esperar seis años para  que se pronuncie sobre la resolución de la UAFE? Raza espera que esto no demore tanto tiempo. Recordó que cuando se planteó la demanda a la Ley de Solidaridad  que se presentó en 2016, en la Corte había un acumulado de alrededor de 16.000 causas, pero en la Corte de 2019 y en la que se instaló este año, “los jueces ya se han puesto al día”, afirmó.

 No fue puesta en ejecución

El SRI, ente tributario, aseguró que acatará el dictamen de la Corte, y al recordar que la norma entró en vigencia en 2016 nunca fue puesta en ejecución.   En una entrevista con periodistas, María Leonor Calero,  directora nacional de asesoría jurídica del SRI,  subrayó que la entidad cuenta con diferentes fuentes de información, mecanismos y acuerdos de intercambio de información que pueden suplir el pronunciamiento de la CC. (SC)

 Las vías que tiene el Estado

Stalin Raza dijo  que el SRI a través de mecanismos como el  cruce de datos tiene la posibilidad de acceder a la información, pero no obligar al abogado a que se la proporcione.

“Todo Gobierno busca la facilidad y que las personas particulares le den haciendo su  trabajo”, criticó,  pero es el  Estado -dijo-  quien tiene la obligación de buscar, clasificar, presentar la información, y si tiene un caso plantearlo ante los jueces.   Para poder ejecutar esta tarea también  tiene a su disposición la Superintendencia de Bancos, el SRI, la dirección general del Registros de Datos Públicos, los registros mercantiles,  y los registros de la propiedad.

El fallo de la Corte  Constitucional entrará en vigencia con la publicación en el Registro Oficial

Corte Constitucional admitió a trámite acción extraordinaria de protección presentada por Álvaro  Román

Álvaro Román fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana  y Control Social (CPCCS) Transitorio como vocal alterno de María del Carmen Maldonado.

La pugna por ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ), luego de la renuncia de María del Carmen Maldonado, estaría por resolverse en las próximas semanas.

Carmen Corral,  Jhoel Escudero,  y Enrique Herrería, jueces del tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional (CC) admitieron a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por Álvaro Román, vocal alterno de Maldonado quien renunció a su cargo el 2 de febrero de 2022.

Los magistrados consideraron que las  alegaciones del accionante  (Román) contienen una carga argumentativa en la que se expone como tesis la supuesta vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso.

Corral, Escudero  y Herrería, oficiaron a los jueces de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito,  y de Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a que presenten su informe de descargo ante la CC  en el término de diez días.

El 10 de febrero, Román presentó en la CC una acción de protección en contra del CJ con medidas cautelares para hacer valer su derecho a dirigir al organismo. Fausto Murillo ocupa, desde el 3 de febrero de este año,  la presidencia del CJ.  (SC)

Jueza de Latacunga eleva a la Corte Constitucional consulta de ampliación de plazo para evacuar nuevas pruebas

Se difiere audiencia de juicio contra Leonidas Iza por su presunta participación en el delito de paralización de servicio público.  La diligencia se retomaría  el 9 de agosto de 2022.

 La audiencia preparatoria de  juicio  en contra de Leonidas Iza,  presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE),   fue «declarada fallida».

Paola Bedón, jueza de la Unidad Penal de Latacunga (Cotopaxi) encargada de sustanciar el caso, suspendió la diligencia alrededor de las 13:30 de este lunes 4 de julio de 2022.

La magistrada resolvió que elevará ante los jueces de la Corte Constitucional (CC) una consulta para que se otorgue un plazo adicional de 15 días para evacuar varios pedidos de medios probatorios del presunto delito de paralización de servicios públicos.

Otra de las decisiones de la  jueza fue flexibilizar el plazo  de la presentación periódica de Iza ante un  juez o un fiscal. Desde ahora,  el principal dirigente de la CONAIE  deberá presentarse los viernes cada quince días.

Carlos Poveda, defensa técnica de Leonidas Iza, aseguró que, existen varios elementos de convicción o de prueba que no han sido evacuados.  El abogado calculó que existe un 80% de 42 pedidos que no han sido despachados. Igualmente, de la estatal Petroecuador, de la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía. (SC)

 

Decreto que declara estado de excepción en tres provincias será enviado  «inmediatamente» a la Corte Constitucional

Ecuador vive el primer día del estado de excepción declarado por el presidente Guillermo Lasso en las tres provincias que concentran las protestas contra el Gobierno, incluida Quito.

El  gobierno hizo público, hoy 18 de junio de 2022, el Decreto final, con el que Guillemo Lasso, presidente de la República,   declaró la noche de este viernes  el estado de excepción en  Cotopaxi, Pichincha e Imbabura.

La orden ejecutiva No. 455 será “inmediatamente” notificada a la Corte Constitucional (CC) “no incluye ningún artículo sobre restricción de derecho a la libertad de información”, aclaró el régimen en un comunicado oficial.

“Anoche (el jueves 16 de junio) convoqué al diálogo y la respuesta fue más violencia, no hay intención de buscar soluciones, dicen que luchan por el costo de la vida pero cierran carreteras que provocan escasez”, fustigó el primer mandatario en medio de una cadena nacional este viernes 17 de junio.  Lasso se comprometió a defender Quito y el resto del país.

El Primer Mandatario manifestó que para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas decidió aumentar el Bono de Desarrollo Humano a 55 dólares, declarar en emergencia el sector de la salud, duplicar el presupuesto a la educación intercultural y subsidiar el precio de la úrea en un 50% para pequeños y medianos productores.

Otra de las decisiones de Lasso fue condonar las deudas con la banca pública de hasta 3 mil dólares y no habrá alza del diésel, gas, gasolina extra, y ecopaís, ni privatización de servicios públicos.

“Invito al diálogo a la sociedad civil a los médicos a los artesanos a los agricultores, a los transportistas, a las universidades, para encontrar las soluciones que alivien la situación de las familias ecuatorianas”, dijo.

De acuerdo a la Constitución en el artículo  164, la Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado,  grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.

El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. (SC)

Jorge Glas y su equipo de abogados analizan si continúan o desisten en presentar un nuevo habeas corpus

MEDIDA. Desde el 20 de abril, Jorge Glas guarda prisión en la Cárcel 4 de Quito.

Edison Loayza, abogado de Glas, solicitó que se señale día y hora para la instalación de la audiencia de apelación en el caso Singue.

Ni una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional (CC), ni la sustanciación de un nuevo recurso de habeas corpus le permitiría a Jorge Glas, exvicepresidente de la República, salir de prisión en el corto plazo.

A los jueces de la CC les puede tomar hasta dos años resolver un recurso de protección, mientras que los tiempos para resolver un trámite de habeas corpus en primera y segunda instancia podría prolongarse hasta dos meses.

Este 24 de mayo de 2022, Glas cumplió cinco días recluido en la Cárcel 4 de Quito, después de ser trasladado desde el Centro de Privación de Cotopaxi tras el fallo del Tribunal de la  Corte de Santa Elena el 20 de mayo de 2022.

El panorama judicial

Los primeros días de junio, una vez que hayan transcurrido los 20 días para que se ejecutorie la sentencia del Tribunal de Santa Elena, su abogado presentará una acción de protección en la Corte Constitucional para lograr la libertad de Glas, quién salió de prisión el 10 de abril tras un recurso de habeas corpus otorgado por un juez de Manglaralto.

Con esta acción se intentará que los magistrados de la CC dejen sin efecto el fallo de los jueces de Santa Elena y se ratifique la sentencia del juez de Manglaralto Diego Moscoso.

Edison Loayza, abogado de Glas, reconoció que los tiempos en la CC serán extensos, pero anunció que lo presentarán “así se resuelva en los años que sean porque estamos frente a un indebido fallo de los jueces de Santa Elena”, dijo.

Sin embargo, señaló que este no es el objetivo para conseguir la libertad de Glas, sino que se analizan otros parámetros. Uno de ellos está relacionado con la presentación de un habeas corpus y la resolución del caso Singue. Este último debe resolverse en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La instalación para una  audiencia de habeas corpus aún no tiene fecha, pero la competencia del caso deberá radicarse en Quito y ya no en  Cotopaxi, porque Glas permanece en una cárcel de la capital.

Con esta acción constitucional que, a criterio de Loayza será “rápida” se busca establecer el grave estado de salud por el que atraviesa su defendido, lo cual no fue observado por los jueces de Santa Elena. Recordó que, en esa ocasión se  determinó la nulidad con respecto a la falta de jurisdicción del juez Moscoso.

Analizan los escenarios

Glas y su equipo de abogados analizan si continúan o desisten en presentar el habeas corpus por “falta de garantías”, y por los acontecimientos ocurridos en Santa Elena. “Estamos dudando de que esto tenga un resultado favorable, y de pronto tengamos otra negativa”, expuso Loayza.

También están a la expectativa de que se convoque la audiencia por el caso Singue. Esto, para determinar un posible escenario de beneficios penitenciarios.  Insistió que este proceso penal debe ser declarado nulo porque en la CNJ existe una sentencia de triple reiteración.

Este martes, Loayza presentó un escrito en la CNJ argumentando el “principio de celeridad” y que se señale día y hora para que se instale la audiencia de recurso de apelación.  En el caso de que se rechace la apelación en esta instancia,  la defensa esperará que la sentencia quede ejecutoriada y plantearán el recurso de casación. Con las tres sentencias (Odebrecht, Sobornos y Singue) se podrá justificar la pena única para considerar la prelibertad y la rebaja de pena, dijo la defensa.

 Para el constitucionalista, Juan Guerrero, una acción extraordinaria de protección por lo regular dura más de dos años en sustanciarse, salvo que la CC lo declare como un tema emergente y resuelva saltarse el orden cronológico.  Guerrero observa este escenario poco probable, porque la Corte tiene muchos pendientes por resolver.  (SC)

Unificación de  sentencia

 Para el constitucionalista Juan Guerrero, y el abogado penalista José Luis Ortega,  la opción que debería manejar la defensa de JOoge Glas sería apelar al Código de Ejecución de Penas y conseguir la unificación de la sentencia y con ello aplicar el beneficio penitenciario de la prelibertad  o eventualmente se determine si hubo una acumulación de penas ante un juez de garantías, aduciendo que ha cumplido el 40%  del castigo.   Inclusive -añadió Guerrero- se podrían presentar certificados de buen comportamiento, sustentado en el Código Orgánico Integral Penal.

Correistas se enfrentan por Glas

 Patricio Mery Bell,  asesor del correísmo,  arremetió en contra del buró del movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. El 23 de mayo de 2022, el activista de  nacionalidad chilena, acusó en un video difundido en redes sociales a  Marcela Aguiñaga y a José Serrano, entre otros, de integrar un “buró del fracaso” y de haber “traicionado a Jorge Glas”.

“Es durísimo lo que estoy diciendo pero aquí hay pruebas, hay hechos, no es solo una opinión, son hechos (…). Todo el mundo sabe mi cercanía o la cercanía que tuve con Jorge Glas, que rabia me da que siga preso y que se ponga en manos de gente que lo traiciona”, dijo Bell en su relato.

¿Qué negociaron el correísmo con (Jaime) Nebot y (Guillermo) Lasso cuando Lasso los traicionó? cuestionó  Bell. Y él mismo respondió: “Yo conozco algunas cosas, sé que Pavel Muñoz había optado por dejar en la cárcel a Jorge Glas, pero claro, se entiende que hubiese una negociación quizá  por el bien del país, porque la economía estaba destrozada.  ¡Pero si van a negociar, negocien bien, pues!”, expresó.  El expresidente Rafael Correa refutó a Bell, y en su red social Twitter confirmó su apoyo a Aguiñaga y Muñoz,  y le pidió que presente pruebas de su denuncia.

“Por los acontecimientos ocurridos en Santa Elena, estamos dudando de que esto  (nuevo recurso de habeas corpus) tenga un resultado favorable, y de pronto tengamos otra negativa”.

Édison Loayza,
abogado de Jorge Glas

Judicatura, CNJ y CC no logran consensos para delimitar aplicación del habeas corpus

El presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, se pronunció el lunes a nombre del Pleno de ese organismo.

Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura dijo que la Corte Constitucional está facultada para revisar las decisiones en  los casos de sentencias.

 La Función Judicial y los jueces de la Corte Constitucional (CC) no logran consensos para delimitar el uso y la aplicación del habeas corpus; recurso que permitió, por ejemplo, la salida de prisión de Jorge Glas, exvicepresidente de la República, y de Junior Roldán, alias ‘JR’, identificado como uno de los líderes de la banda delincuencial los Choneros.

Este lunes 25 de abril de 2022l, Alí Lozada, presidente de la (CC) rechazó el pedido que realizaron los titulares de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, y del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, en torno a que se aclare la aplicación del habeas corpus, para eliminar elementos discrecionales que puedan dar paso al abuso de ese recurso. Lozada catalogó a esa solicitud como una clara injerencia en las funciones de la Corte.

Recordó que desde 2019, en el marco de las normas que regulan el habeas corpus, la CC ha establecido jurisprudencia sobre esa materia en más de 20 sentencias, permitiendo identificar, de manera clara, cuándo esa garantía ha sido sujeta de abusos. Además, aseguró que en varias ocasiones planteó a la Judicatura que cumpla su obligación de capacitar a jueces en el ámbito de garantías constitucionales.

Juan José Morillo, vocal del CJ, refutó la posición de Lozada, asegurando que este organismo ha solicitado insistentemente que se faculte la creación de unidades especializadas en garantías jurisdiccionales. “Esta es la salida para que no se presenten habeas corpus en localidades donde no existen jueces especializados. De esta manera solucionaremos el abuso de las garantías jurisdiccionales”.

Agregó que desde 2020, el CJ advirtió de las consecuencias de que se hayan mermado las facultades disciplinarias del Consejo de la Judicatura, y enfatizó que la Corte Constitucional está facultada, por el artículo 436 de la Constitución, para revisar las decisiones en  los casos de sentencias condenatorias.

Constitucionalistas difieren

La opinión de varios constitucionalistas sobre la competencia de la CC en este ámbito, difiere. Unos creen que la Corte sí cuenta con alternativas para delimitar los alcances del habeas corpus y evitar su aplicación indiscriminada. Otros opinan que los titulares de la CNJ y del CJ se extralimitaron en el pedido.

Pamela Aguirre Castro, abogada constitucionalista, manifestó que existe falta de claridad de lo que cada institución podría hacer para tratar de solventar el problema. “Ninguna institución podría resolver el problema de manera independiente, eficiente y adecuada”, dijo.

Explicó que el CJ podría apoyar con capacitación y especialización a los jueces constitucionales. Esto permitirá que magistrados conocedores de la materia sean quienes resuelvan las causas.

A la Corte Constitucional se le podría pedir que afine sus criterios. Pero, según Aguirre, al final del día se debe entender que este organismo se pronuncia sobre causas específicas, es decir, la CC no debe ser tomada como un segundo legislador.

Justo reclamo

El constitucionalista Esteban Ron afirmó que lo que hizo el titular de la CC fue confirmar las atribuciones de ese organismo de control, a la luz del pedido de la CNJ y la Judicatura, para que, a través de sus sentencias, regulen y limiten el habeas corpus y que este no sea discrecional. “Pero esto no puede hacer la Corte de manera arbitraria; lo que le está pidiendo la CNJ y la Judicatura es extralimitado”, subrayó.

De acuerdo con el análisis de este constitucionalista, las asperezas entre la CNJ, la CC y el CJ se limarán luego de que la Corte Provincial de Santa Elena resuelva el recurso de apelación que presentó el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), para que se deje sin efecto el recurso de habeas corpus que le otorgó Diego Moscoso, juez de la Unidad Multicompetente de Manglaralto (Santa Elena) a Jorge Glas.  Sugirió que después de que se resuelva este recurso se deberían tomar los correctivos del caso, si es que existe abuso de derecho.  (SC)

‘Se reunieron a espaldas de la Corte’

 La constitucionalista Lolo Miño, cree que la  CC no es  la responsable de las decisiones de jueces ordinarios y alertó que el Ejecutivo y la Función Judicial  se reunieron  a “espaldas” de este organismo. “Si la Corte era el problema, lo lógico era convocarle y no hacerle ‘chivo expiatorio’ de una crisis generada por la negligencia o quizás hasta corrupción desde la justicia ordinaria”, expresó.

La jurista recordó que la sociedad civil tiene más de una década pidiendo que se capacite a jueces en temas procesales y sustantivos de las garantías.  Pero no lo ha hecho.

“Así como hay jueces que otorgan caprichosamente los habeas en casos políticos, que son muy pocos, hay muchos que las niegan por ignorancia de los requisitos para su operabilidad”. Sin embargo, subrayó que aquello no es atribuible a la CC, que emite criterios apegados a derecho, y no puede prever -ni debe hacerlo-, que eso puede ser políticamente manipulado.

‘Que se pongan de acuerdo’

 El presidente de la República, Guillermo Lasso, espera que la Función Judicial llegue a consensos mínimos con la Corte Constitucional.  “Ojalá que puedan dialogar y ponerse de acuerdo entre ellos a ver si es un fallo de la Corte que no está claro, o de los jueces que abusan de este mecanismo”.  Sin embargo, enfatizó en que como Gobierno no pueden ser indiferentes ante la realidad de la violencia, producto de la delincuencia vinculada al narcotráfico.

“Estamos frente a un intento de crear cortinas de humo para que no se hable del problema de raíz. Hay corrupción, ignorancia y negligencia en la Justicia ordinaria, atribuible a la Judicatura, y un Ejecutivo que ve en la Corte un obstáculo para su agenda política”,

Lolo Miño, constitucionalista

 

“Las asperezas entre la CNJ, la CC y el CJ se limarán una vez que la Corte Provincial de Santa Elena resuelva el recurso de apelación que presentó el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad”.

Esteban Ron

Constitucionalista

 El artículo 436, numeral 6 de la Constitución permite a la Corte Constitucional expedir sentencias que constituyan  jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, habeas corpus, y los casos seleccionados por la CC para su revisión.

Ejecutivo pide a Corte Constitucional devolver a la Asamblea texto de la objeción parcial

El presidente Guillermo Lasso respondió a la solicitud hecha por los jueces de la Corte Constitucional.

El Ejecutivo también solicitó a la Corte «inhibirse de conocer y por consiguiente rechazar y devolver a la Asamblea Nacional el texto de la objeción parcial».

Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia comunicó, hoy 8 de abril de 2022,  al pleno de la Corte Constitucional (CC) que la objeción presentada por Guillermo Lasso, presidente de la República, al proyecto  de Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, no es una objeción por inconstitucionalidad, sino una objeción parcial. Así, el régimen dio respuesta a lo solicitado por los jueces de la Corte.

Pozo aclaró que al tratarse de una objeción parcial, conforme al artículo 138 de la Constitución, el jefe de Estado ha propuesto textos alternativos a los artículos objetados, lo que no es posible en el caso de las objeciones por constitucionalidad.  En tal caso, el procedimiento a seguirse es distinto, expuso el funcionario.

Además, solicitó a la Corte inhibirse de conocer y “consecuentemente rechazar y devolver a la Asamblea Nacional el texto de la objeción parcial correspondiente al proyecto de ley a fin de que continúe con el procedimiento previsto en el artículo 138 de la Constitución cuyos plazos siguen en curso”.

 

La Corte Constitucional falla a favor de Yasunidos

Foto referencial de una manifestación de Yasunidos en 2021.

Los magistrados consideran que hubo violación al debido proceso respecto de la consulta popular para no explotar el Yasuní.

La Corte Constitucional declaró la violación del derecho al debido proceso dentro de una causa impulsada por el colectivo Yasunidos. La tarde de este jueves 2 de diciembre de 2021 se dio a conocer la sentencia que resolvió una acción extraordinaria de protección solicitada en 2020 por los integrantes de la agrupación.

En su parte resolutiva, la sentencia No. 348-20-EP/21 indica que acepta la acción extraordinaria de protección No. 348-20-EP que presentó Yasunidos en contra de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) del 21 de enero de 2020.

Con esa decisión, ese organismo electoral deberá conformar un nuevo pleno. El objetivo es que que los nuevos jueces resuelvan el recurso de apelación que presentó el colectivo Yasunidos para llevar a cabo una consulta popular y así para evitar la explotación petrolera en el Bloque Yasuní ITT.

La sentencia de la Corte Constitucional, que fue sustentada por la jueza Teresa Nuques, declara además la vulneración del derecho al debido proceso en ese caso. El colectivo indicó que se pronunciarán sobre este caso en los próximos días.

El tema se remonta a 2013. El 22 de agosto de ese año, Julio César Trujillo en representación de varios colectivos presentó ante el Consejo Nacional Electoral, el pedido de consulta popular con la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?”.

Días después, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó los formularios para la recolección de firmas para que la pregunta sea refrendada en urnas. A pesar de que los colectivos, entre ellos Yasunidos, entregó más de 856.704 firmas (se requerían 584.000 para llamar a consulta), el organismo a cargo de las elecciones en el país resolvió no dar paso al pedido de consulta.

En su justificación, los vocales del CNE señalaron que no se cumplió con el requerimiento de la legitimación democrática y que tras una verificación de firmas, no se validaron las necesarias. Luego, tanto el CNE como el TCE rechazaron las impugnaciones presentadas sobre las decisiones que impidieron el llamado a consulta. (DP)

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