El presupuesto para los comicios seccionales de 2023 se calcula en $97,3 millones. En el referendo se usarán hasta 20 millones.
Luego de presentar las ocho preguntas para el referendo constitucional, el Gobierno se ve abocado a emprender una estrategia de comunicación que le lleve al éxito de su proyecto.
La estrategia que elija puede maximizar las posibilidades de aceptación de los temas, pero no será una garantía de triunfo. Por eso, el Gobierno tiene el desafío de separar la baja calificación a su gestión, con la utilidad y los beneficios que tendrá el resultado del plebiscito en la población, opinan catedráticos expertos en comunicación política.
Rodrigo Jordán explica que el proceso de comunicación debe apuntar a que la ciudadanía perciba que los resultados del referendo le serán útiles para solucionar los problemas de su vida cotidiana.
El mensaje también debe dejar claro que estas reformas ya han dado resultados y han sido probadas en otros países, por ejemplo, para combatir problemas sociales o de inseguridad.
La información, asimismo, debe contrarrestar los argumentos de la oposición. Jordán pone de ejemplo que se debe usar la estrategia de “mentiras y verdades”.
“En su campaña por el SÍ, el Gobierno podría incluir el mensaje: la oposición puede decir esto, pero la verdad es distinta”. Si la comunicación no está diseñada para contrarrestar los argumentos de los opositores, obviamente estos últimos pueden ganar la batalla de la verdad que defienden, detalló.
La oposición ha empezado una campaña para atacar el referendo de un Gobierno que tiene debilidades en comunicación; y que ahora tiene un “desafío altísimo” de hacerle entender a sus electores que la consulta es importante, porque es útil para la vida de la población, y que la oposición no tiene la razón el momento que se escucha un argumento en contra.
Los plazos
Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, señala que con la consulta se busca dar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Agrega que el mayor desafío es que el referendo no se politice, sino que se enfoque como una herramienta para combatir los problemas de fondo que tiene el país.
“Somos interlocutores de la voluntad ciudadana y estamos seguros que será un éxito. Intentamos dejar un legado, no solo para este Gobierno sino para quienes vengan en el futuro”, puntualizó.
Sin embargo, Rodrigo Jordán observa un “escenario complicado” para un Gobierno que no cuenta con una fórmula de comunicación política, ni electoral.
Eso, según el catedrático, facilita el camino a los detractores, quienes tienen más ventajas para tergiversar el mensaje y posicionar la idea de que la consulta es un gasto innecesario de dinero que no solucionará los problemas sociales.
Dayana León, docente universitaria de comunicación, sostiene que si el Gobierno quiere que los electores voten SÍ, debe informar y señalar con detalles precisos, concisos, sencillos y sin tecnicismos cuáles son las consecuencias de no contar con reformas en los ámbitos que se plantea.
“La estrategia debe apuntar directamente a la ciudadanía usando productos comunicacionales para que pueda ver con claridad que esos temas van a solucionar sus problemas”, apunta.
El Gobierno, además, debe apoyarse en asesores constitucionalistas y estrategas de contenido en medios tradicionales y en redes sociales que estén en capacidad de confrontar en el debate de las preguntas con los opositores, sugiere Freddy Lobato, catedrático de estrategias políticas. (SC)
El debate electoral
En el Consejo Nacional Electoral (CNE) se preparan para organizar, eventualmente, un llamado a plebiscito, pero están a la espera de un pronunciamiento de los jueces de la Corte Constitucional.
Si el máximo organismo de control constitucional da paso a las preguntas hasta el 5 de diciembre de 2022, el CNE tendría un poco más de un mes para organizar el proceso y coincidiría con las elecciones seccionales.
El CNE y el Ministerio de Finanzas acordaron la entrega de un presupuesto de $97.300.000 para organizar los comicios seccionales del 5 de febrero de 2023.
Para un eventual referendo se calcula un incremento de hasta $20 millones que cubriría gastos para impresión de papeletas, documentos electorales, logística, capacitación a miembros de juntas receptoras de votos, distribución de paquetes electorales, explicó José Cabrera, vocal del CNE.
Pero Elena Nájera, vocal del organismo, consideró que el proceso debería realizarse por separado, y no con los comicios del 5 de febrero de 2023. Si el referendo se realiza antes, los posibles nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ya no tendrían la función de designar autoridades de control a través de concursos.
“Si se aprueba una consulta popular en la que se le reste funciones al Consejo de Participación Ciudadana, no sé si los postulantes a ocupar una vocalía en este organismo van a tener el mismo interés en seguir participando”, planteó.
El 20 de septiembre a las 18:00 se cerrará el sistema informático para la inscripción de candidaturas.
11.882 candidatos a alcaldías, concejalías, prefecturas y otras dignidades se inscribieron hasta el 13 de agosto de 2022.