Discriminación a comunidad LGTBI es penado por la ley

Ecuador registró entre 2010 y 2020 un total de 72 asesinatos, muertes violentas no esclarecidas y sospechosas de criminalidad de miembros del colectivo LGTBI
Pese a que el país mantiene leyes que amparan y velan por la seguridad de la comunidad mencionada, aún siguen presentes los ataques y acoso al grupo LGTBI.

Situación

En el marco de la libre elección a la orientación sexual, los golpes, insultos, comentarios negativos ya sea en el trabajo, aire libre o escuela, donde se juzga o estereotipa la identidad de género ya es considerado discriminación. El odio puede ser tan grande que incluso terminan en crímenes, dando paso a la denominada “homofobia”. Cada 17 de mayo se conmemora el día contra la homofobia, bifobia y trasnofobia a nivel internacional.

¿Qué es la homofobia?

Hace referencia a la aversión hacia la homosexualidad o contra hombres y mujeres homosexuales, aunque se suele incluir a las demás personas que integran a la diversidad sexual o grupos que representan al LGTBI. La homofobia se convirtió en una problemática social pese a los avances legales y el mayor reconocimiento institucional de la comunidad LGBTQ en América Latina y el Caribe.

El delito de odio es condenado con 1 a 3 años de cárcel en Ecuador

Leyes

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador en el 2008 brindó derechos a este grupo vulnerable de la sociedad y condena los delitos de odio en territorio ecuatoriano hasta con penas privativas de libertad.
El delito de discriminación esta tipificado en el art. 176 el cual indica que las personas que propaguen o inciten con el objetivo de menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si la infracción es ejecutada por servidores públicos será condenado con tres a cinco años.
Mientras que el art. 177 habla en cambio del delito de odio, específicando que si una persona comete violencia psicológica o física de odio contra una o más personas en razón de su orientación sexual será condenado con pena privativa de cárcel de 1 a 3 años.
Arleth Macas, abogada, expresa que aquella persona perteneciente a la comunidad LGTBI que se sienta sumida en un acto de discriminación ya sea en el ámbito laboral, social o familiar deberá iniciar una acción de protección. Además la profesional en derecho concuerda que el porcentaje de baja cultura y educación en el Ecuador da paso a los estereotipos. “No hay que esperar que la discriminación aumente para adoptar medidas urgentes”.

Solución

La prevención, ideas o proyectos para mermar la homofobia debe nacer desde la Fiscalía, Corte constitucional, que son los entes en brindar soluciones. Además la empatía y el reconocimiento del valor humano es clave necesaria para erradicar la problemática.
La creación de una aplicación “En Otros Zapatos”, herramienta inmersiva y multimedia fue creada para que las personas puedan vivir y tomar las decisiones de otra persona perteneciente a la comunidad LGTBI. Como usuario, empiezas la historia con un poco de contexto y según se presentan situaciones, tienes que decidir cómo actuarías si estuvieras en la posición de Sofía, personaje de la plataforma. Hay muchos finales a los que puedes llegar con esta experiencia; algunos son felices, otros tristes. Pero todos están basados en experiencias reales. La herramienta ha sido utilizada en varios países como Colombia https://enotroszapatos.iadb.org/historias/sofia/

Otras problemáticas

Las personas LGBTIQ también son perseguidos en más de 70 países donde es ilegal tener relaciones entre personas del mismo sexo. En al menos seis países, incluidos Yemen, Somalia, Mauritania, Irán, Afganistán y Pakistán, eso se castiga con la muerte. Otros países han adoptado leyes que discriminan a las personas LGBTIQ o que las autoridades utilizan para perseguirlos como disposiciones sobre «conductas inmorales».
Son refugiados: Una vez que han huido, las personas LGBTIQ a menudo se enfrentan a situaciones similares, o incluso mayores, ya sea durante su desplazamiento o después de llegar a otro país. Se enfrentan a un alto riesgo en sufrir abusos sexuales y violencia, incluso se les niegan los servicios básicos, como la atención médica o incluso la protección policial en dichos países.
La pandemia de COVID-19 ha golpeado duramente a las personas desplazadas porque han perdido familiares o amistades, sus trabajos u hogares. Para las personas que han sido desplazadas por la fuerza o que son apátridas, la pandemia ha aumentado la desigualdad y la discriminación que enfrentan todos los días.

PARA SABER
El 12 de junio del 2019 la Corte Constitucional aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Ecuador

Roban e hieren a una persona en Quevedo

Las evidencias fueron llevadas hasta las bodegas de la Policía Judicial.

El hecho se dio en la parroquia 24 de Mayo, ayer.

Prisión preventiva por 30 días se dictaminó en contra de Auro C. y Luis V. La audiencia de calificación de flagrancia se realizó a las 10:40 de hoy mediante el sistema de videoaudiencias.

Ambos hombres fueron detenidos en delito flagrante por  robo a personas, en el hecho también resultó herida una persona por arma de fuego.

Según el parte policial, ambos sujetos tenían como evidencias un arma, cinco cartuchos sin percutir, un cartucho percutido, cuatro prendas de vestir y un bolso.

Los indicios asociativos fueron ingresados a las bodegas de la Policía Judicial con la respectiva cadena de custodia hasta que se realicen las pericias e investigaciones correspondientes. La aprehensión se llevó a cabo en la parroquia 24 de Mayo, ayer.

En la ley

El artículo 189 del Código Orgánico Integral Pernal, COIP,  señala: ‘La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años’.

Los aprehendidos fueron trasladados hasta el Centro de Rehabilitación Social de Quevedo. 

Las cárceles son un fracaso para el Estado

Más de 14.000 personas privadas de la libertad no tienen sentencia en el país.

Expertos consideran que no se requiere de una Ley para llevar adelante la rehabilitación. Al momento existe el Reglamento de Rehabilitación Social.

La rehabilitación social en los centros privativos de la libertad del país es nula. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), los Centros de Rehabilitación Social, tienen como finalidad la rehabilitación integral de las personas privadas de libertad y la reinserción en la sociedad.

Además,  determina que el Estado está en la obligación de amparar y dar un justo y adecuado procedimiento a la persona privada de la libertad (ppl). Lamentablemente la realidad de nuestro Sistema Penitenciario es distinta.

Bolívar Garzón, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), durante su comparecencia a la Asamblea, el 7 de octubre del 2021,  reconoció la inexistencia de una verdadera rehabilitación en las cárceles, y a su criterio es por la falta de la Ley de Rehabilitación Social.

“Nuestra base es el Código Orgánico Integral Penal, pero solo habla de la parte punitiva, no de la rehabilitación”, insistió Garzón.

El trabajo al interior de las cárceles se basa solamente en lo que determina el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, aprobado en 2020.

Según el artículo 179 de dicho reglamento, el tratamiento “es la ejecución del plan individualizado de la pena, orientado a superar las causas que influyeron en el cometimiento del delito, procurando el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas que permitan la convivencia en el centro, la rehabilitación y reinserción social”.

¿Es necesaria una Ley?

Para quienes conocen de cerca la realidad de los centros de privación de libertad, la rehabilitación no pasa por una ley sino por el establecimiento de políticas públicas que permitan rehabilitar a la persona privada de la libertad para una reinserción en la sociedad.

“No es necesaria una ley. El problema en el Ecuador es que nos hemos acostumbrado, ingenuamente, en que todos los problemas sociales  se solucionan con Ley, y eso es uno de los problemas para que las instituciones no avancen o del hacinamiento carcelario”, dijo a este medio el exministro de Justicia y exdirector de rehabilitación social, Ernesto Pazmiño.

Actualmente en el Ecuador toda conducta social está incorporada  como delito en el COIP, cuando se considera que la rehabilitación es un problema de política pública no de legalidad.

“No existe rehabilitación social en el país. Las cárceles son un fracaso para el Estado. Las cárceles han fracasado como institución, no rehabilitan”, sentenció Pazmiño.

Normas supletorias podrían ayudar

Criterios con los que coincide el  director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón. Él es del criterio que una situación tan grave como la de la rehabilitación  social en el Ecuador, después de la masacre que hubo en días anteriores en Guayaquil, no va a cambiar porque se promueva una Ley desde la Asamblea.

Afirmó, que hay algunas normas supletorias, como el Reglamento de Rehabilitación Social,  estableciendo el tema de la rehabilitación de las personas que están privadas de la libertad.

“Es una excusa simplona (de Garzón), el decir que lo que ha sucedido es por falta de una norma o por tener una norma deficiente. Hay que centrarnos en que no hubo planificación, desde los Gobiernos pasados, respecto de lo que corresponde a la rehabilitación  social”, dijo.

Aseguró que en el Ecuador nunca hubo rehabilitación social en los centros de privación de libertad.

Algunas soluciones

Entre los puntos que se plantean como solución, están  sacar a policías y militares de las direcciones directivas del sistema penitenciario;  el Presidente de la República debería asumir la responsabilidad y crear un organismo de rehabilitación social con una visión técnica; el organismo deberá conformar una política criminal de Estado; dictar políticas de rehabilitación social; designar como Director del SNAI a un criminólogo o un  entendido en rehabilitación social.

Además, dictar reformas al COIP, estableciendo que la prisión preventiva se dictará únicamente para delitos mayores a cinco años y no mayores a un año como es al momento; eliminar la acumulación de penas; despenalizar conductas que no se deben sancionar con cárcel sino establecer sanciones económicas (lesiones, peleas, riñas, tránsito, pensiones alimenticias); indultar a condenados por delitos menores con penas no mayores a cinco años; cambiar el Reglamento de Rehabilitación Social.

El Reglamento de Rehabilitación Social recoge seis ejes de tratamiento para quienes formen parte del régimen cerrado: laboral, educación, cultural, deporte, salud, vinculación social y familiar. La norma señala que para implementar dicho tratamiento, se deberán desarrollar planes y programas. (RR)
Más de 600 dólares mensuales le cuesta al Estado el mantener a una persona detenida.
El 80% de personas mayores (65 años de edad) que están en la cárcel están por violación a menores de edad.

La Asamblea demora el trámite de la Ley de Uso progresivo de la fuerza; policías, desprotegidos

HECHO. Policías han sido acusados de mal uso de las armas de dotación

La delincuencia avanza, pero no el trámite de ley para permitir a los policías el uso de la fuerza cuando estén en peligro.

Nuevamente entra en debate el uso progresivo de la fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional. La discusión surge sobre si los policías tienen garantías para actuar en contra de la delincuencia, o si sus actuaciones son sancionadas cuando hieren o matan a un delincuente por defender a la población.

El debate vuelve a la palestra luego de que el 11 de junio del 2021, el cabo segundo de la Policía, Santiago Olmedo, interviniera en un robo a mano armada, en una de las calles de Riobamba, y donde tuvo que usar su arma de dotación para proteger a quien estaba siendo asaltado. Durante los hechos dos de los delincuentes fueron abatidos, uno en el lugar y otro falleció en el hospital, como lo reseñó LA HORA.

Defensa en libertad

Desde el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional se buscó dar a los elementos policiales la confianza de que están respaldados en su accionar contra la delincuencia, siempre que el mismo esté apegado a las normas legales y constitucionales.  Es así, que se incluyeron reformas al Código Orgánico Integral  Penal (COIP) y que fueron aprobadas en diciembre del 2019 por la Asamblea Nacional.

Así lo recuerda el exasambleísta Henry Cucalón, quien formó parte de la Comisión de Justicia que tramitó las reformas. indicó que entre los cambios están justamente que los policías podrán defenderse en libertad,  con medidas sustitutivas y no habrá prisión preventiva. Además, se incluyó  que el uso progresivo o racional de la fuerza del personal policial se aplicará observando los siguientes principios: legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Análisis del caso

Por su parte, la expresidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, dijo a este Diario, que está bien que se lleve adelante una investigación para determinar si el policía actuó con dolo.

 “Si existía peligro contra la vida de una persona y el policía actuó en defensa, lo que opera es lo que se denomina una causa de exclusión de la antijuridicidad, es decir, el policía no respondería por existir una justificación a la lesión de un bien jurídico, que en este caso es la vida”, explicó.

Criterios con los que coincide el abogado penalista y defensor de Derechos Humanos, Ramiro Román. Cree que en el caso del policía, la investigación debe darse sobre la base de los hechos suscitados y estableciendo si su accionar estuvo enmarcado dentro de los parámetros establecidos para el uso progresivo de la fuerza.

“En el derecho penal hay un principio universal que es la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. La Fiscalía y los jueces deben analizar pormenorizadamente los hechos y tomar una resolución. No es de asustarse porque se haya abierto una investigación, es un procedimiento reglado por ley”, sostuvo el jurista.

Una ley en trámite

El 13 de abril de 2021, el exministro de Gobierno, Gabriel Martínez y la comandante general de la Policía, Tannya Varela, presentaron el proyecto de Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Cuenta con 50 artículos, dos disposiciones generales y tres transitorias.

“Nuestro objetivo es entregar a la Policía una ley que genere certezas en momentos de incertidumbre, cuando se debe emplear el uso progresivo de la fuerza. Certezas para el policía, para que tenga una norma que regule su actuación; certezas para los ciudadanos y también para los jueces, cuando tengan que analizarla”, dijo Martínez en abril de 2021.

El objetivo de la Ley  es “regular el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza como facultad privativa del Estado, para su ejercicio a través de la Policía Nacional”.

La propuesta

Entre los artículos propuestos se justifica la utilización de fuerza letal ante una amenaza. “Es la utilización de fuerza letal o de armas de fuego con munición letal, a efecto de neutralizar la actuación antijurídica violenta o agresión letal de una o varias personas, en salvaguarda de la vida de la o del servidor o de un tercero”.

Además, establece los niveles del uso “legal, proporcional, adecuado y necesario de la Fuerza”, por parte de la Policía, pero ante multitudes. En el último grado se prevé el uso de municiones reales.

El presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Ramiro Narváez, dio a conocer que hasta diciembre de 2021 estará listo el informe para primer debate del proyecto de Uso Progresivo de la Fuerza. (RR)

Casos de policías en el que se ha usado la fuerza

Lo que ocurre con  Santiago Olmedo, cabo segundo de la Policía, no es el único que se ha suscitado en el país. El 19 de noviembre de 2003 se produjo un asalto en una farmacia en el norte de Guayaquil. Hubo un enfrentamiento entre policías y delincuentes. Ocho de estos últimos fallecieron.   continuó luego de que cambió de nombre por ‘Las Dolores’, que hace referencia a las tres mujeres que denunciaron la desaparición y asesinato se sus esposos por parte de miembros policiales. Los gendarmes  fueron sentenciados en noviembre de 2014.

El 23 de agosto del 2018, en un enfrentamiento con pobladores del Valle del Chota, en el control de Mascarilla,  provincia de Imbabura, un Policía del GOE disparó a un hombre, quien falleció. Luego de cuatro meses en la cárcel, el policía quedó en libertad.

El 28 de noviembre del 2018, en el sector del Quicentro Sur en Quito, cuatro individuos que portaban un arma de fuego y tres cuchillos asaltaron un vehículo de transporte público. Este hecho fue repelido por un sargento de la Policía, que hirió a uno de ellos en el pecho con su arma de fuego. El policía, tras seguir el procedimiento de Ley, quedó en libertad.