La fiscalía de Nueva York entregó a sus pares ecuatorianos, esta última semana, un documento de 20 páginas con detalles obtenidos de dos testigos, sobre las coimas pagadas a cambio de contratos petroleros durante el gobierno de Rafael Correa.
El Rey del robo
Es intolerable que sea siempre la justicia Norteamericana la que descubra, persiga, juzgue, incaute los bienes que nos roban y misteriosamente no nos digan ni siquiera los nombres de todos los ladrones, que no nos entreguen las pruebas y permitan que se queden con los millones incautados. Negocian y les ponen penas de prisión simbólicas, con esto ya pagaron los ladrones sus culpas y nuestros jueces dicen que ya son cosas juzgadas y que no se los puede volver a enjuiciar.
Odebrecht confesó el pago de $36 millones de coimas en Ecuador y no solo que el país no recuperó nada sino que los norteamericanos -como siempre- se reservaron los nombres de los coimados. Dicen que son nuestros amigos cercanos y socios comerciales, que combaten la corrupción, pero jamás sueltan las listas de los peces mayores y a los de menor cuantía, por perjuicio o por no obtener recaudaciones, simplemente les cancela la visa. Gran pena.
El más grande atraco a los fondos de Ecuador
Son tantas las denuncias de corrupción presentadas en los medios de comunicación, que parecería que los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a amanecer con un nuevo caso.
Esta semana se hizo público un documento oficial de 20 páginas, en el que la Fiscalía de Nueva York, en base a declaraciones de un norteamericano y un ecuatoriano detenidos en ese país, detalla el esquema de corrupción más grande de la historia del Ecuador. A nombre de una negociación para obtener recursos que engrosaban la cartera de deuda externa del país, se vendió más de 1.325 millones de barriles de petróleo a precios menores de los imperantes en el mercado al momento de la entrega, lo que significaría una pérdida para el Estado ecuatoriano de más de 4.700 millones de dólares en los años en que funcionó este esquema;
Hoy se conoce que este sistema fue montado en 2010 y se mantuvo hasta 2017, (hay sospechas de que sigue vigente). No habría podido existir sin el conocimiento y consentimiento de los más altos funcionarios del gobierno de aquel entonces, como el propio presidente, su vicepresidente, encargado de ‘sectores estratégicos’, y otros altos funcionarios de la presidencia y de Petroecuador.
Nombres claves en el esquema
Para hacer posible estas transacciones comerciales, el expresidente Rafael Correa Delgado y su secretario jurídico Alexis Mera, concibieron y autorizaron, vía decreto de 2010, este esquema como si se tratara de un mecanismo de endeudamiento.
Luego están involucrados, en primera línea, los integrantes del directorio de Petroecuador que aprobaron las operaciones: el entonces ministro de Hidrocarburos, José Icaza; el representante de Correa, Jorge Wated; el representante de Senplades, Adolfo Salcedo; y, el Gerente de Petroecuador Pedro Merizalde. Tras ellos, los ministros de Finanzas del correato Fausto Herrera y Patricio Rivera, quienes firmaban las solicitudes de los créditos.
Nilsen Arias, quien al momento era Gerente de Comercio Exterior de Petroecuador, fue el encargado de las negociaciones y era, según se conoce, hombre de extrema confianza del exvicepresidente Jorge Glas.
Cómo operaban
Petroecuador convocaba a empresas internacionales a participar en estas negociaciones.
Nilsen Arias, junto con otros miembros de Petroecuador, según el documento de la Fiscalía del estado de Nueva York, “participó en una trama internacional de soborno y blanqueo de capitales, en la que aceptó y acordó, de forma consciente, voluntaria y corrupta, sobornos realizados por y en nombre de empresas de comercio de energía y asfalto”. Todo esto “a cambio de utilizar su posición oficial e influencia, y asegurarse ventajas a las empresas para obtener y retener negocios con Petroecuador y relacionadas con ella”.
Es decir, Arias calificaba a las empresas participantes y, con coimas de por medio, entregaba los contratos a varias empresas estatales y privadas, a los precios concertados.
Se creía que eran tres las empresas Petrochina, Unipec y Petrotailandia beneficiarias de estos contratos, pero, ahora gracias a este documento, se añaden otras dos. Son 3 asiáticas, 1 de América Latina, y 1 del Medio Oriente.
A cambio de los pagos de sobornos de las empresas comercializadoras de energía, Arias utilizó su posición oficial en Petroecuador para ayudar a empresas a obtener y mantener negocios con Petroecuador y las 5 empresas estatales. Se habla de 3 cómplices suyos que tienen la nacionalidad ecuatoriana y española y que actuaron como intermediarios. En un informe, Fernando Villavicencio afirmó que los intermediarios involucrados que gozan de ambas nacionalidades son Antonio Peré, un hermano suyo y Enrique Cadena.
Quien entregaba las coimas era Raymund Kohut, empleado de la intermediaria Gunvor. Este personaje se entregó a las autoridades de su país en abril de 2021 y desde ese momento está colaborando con la Justicia, es decir, estaría entregando toda la información sobre este caso.
A dónde iba el dinero
En el Informe entregado por la Justicia norteamericana a la Fiscalía de Ecuador, se dice que, al menos dos empresas ‘off-shore’, creadas en Curazao, recibían, lavaban y distribuían las coimas que Arias y sus socios recibían. Pero, Arias cometió un gran error, parte de esos dineros pasaron por el sistema financiero de EE.UU. y, de acuerdo con la legislación de ese país, ese hecho permite a la Justicia norteamericana intervenir en el asunto e investigar el origen de esos fondos y la identidad de los involucrados en ese movimiento hasta determinar si se cometieron delitos y su posible participación.
El documento precisa que una de las empresas con las que negoció Arias transfirió, aproximadamente, 70 millones de dólares a cuentas bancarias en Suiza, Islas Caimán, y Panamá. Estas transferencias fueron hechas por funcionarios de Petroecuador, coludidos con él. Arias habría recibido 15 millones de dólares por sus gestiones y compartió esos fondos con al menos dos funcionarios de Petroecuador.
Lo que revela el Departamento de Justicia de EE.UU. es contundente: el documento muestra de cuerpo entero el esquema de corrupción, con nombres, apellidos, pelos y señales de quienes organizaron y participaron en este atraco a los fondos públicos del Ecuador. Trae novedades, ya que agrega datos sobre las empresas estatales con las que el gobierno de Rafael Correa convino la entrega de petróleo a cambio de deuda, en contra de los intereses del resto de ecuatorianos.
Revista Semanal #38