El contrato de compraventa de fuel oil (combustible), por $300 millones, firmado entre Petroecuador y Vitol INC, mediante la utilización de una supuesta empresa pública ubicada en Omán (Medio Oriente), reproduce los mecanismos utilizados en más de una decena de preventas petroleras, con Petrochina, Unipec y Petrotailanda, durante los 10 años del correísmo.
Toda esta trama es investigada por la justicia norteamericana y forma parte de una red más amplia, que incluye actuaciones parecidas en México y Brasil.
Y se desarrolla de la siguiente manera:
- Préstamo de dinero
El contrato, que inició el 6 diciembre de 2016, es en realidad un préstamo a cambio de que la petrolera estatal ecuatoriana entregue, durante 30 meses, 17’100.000 barriles de fuel oil 6, repartidos en 90 cargamentos de 190 mil barriles cada uno.
Además, pagar un 6,85% de tasa de interés sobre el valor anticipado.
2. Fuel oil depreciado
El número de barriles acordados valía mucho más que los $300 millones recibidos. La diferencia es de 6 veces, es decir, Vitol pudo revender esos cargamentos por $720 millones. Un negocio redondo para la intermediaria petrolera estadounidense, con filial en Suiza, que se aseguró un negocio tras el pago de sobornos por al menos $870 mil a funcionarios y operadores ecuatorianos.
3. Garantes de Vitol
Las autoridades nacionales de la época ofrecieron una garantía soberana de 17,1 millones de fuel oil para que Vitol y la supuesta empresa pública pudieran acceder, vía un crédito internacional, a los $300 millones que concretaban la operación.
Los involucrados
Según las investigaciones en curso, tanto en tribunales como en medios digitales como Periodismo de Investigación, el directorio de Petroecuador en octubre de 2016, dio la aprobación para iniciar la negociación del contrato de fuel oil.
Estaba integrado, entre otros nombres, por José Icaza Romero, exministro de Hidrocarburos; Adolfo Salcedo Gluckstadt, exdelegado de la Secretaría Nacional de Planificación; y Pedro Merizalde, exgerente general de Petroecuador.
A mediados de ese mismo mes, en una reunión en Madrid, esa negociación avanzó con la participación de William Vásconez Rubio, exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas; Nilsen Arias (señalado como “el gordo” u oficial 1 dentro de la investigación penal), exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador; y quienes era representantes de la empresa pública de Medio Oriente.
Doce días antes de la firma del contrato, es decir, el 25 de noviembre de 2016, un memorando reservado de la Subsecretaría de Financiamiento recomendó al exministro de Finanzas, Fausto Herrera Nicolalde y a Madeleine Abarca Runruil, exviceministra de esa dependencia, suscribir el compromiso de pasivo contingente (fuel oil a cambio de pago anticipado).
Tres días después, el Comité de Deuda y Financiamiento integrado por Patricio Rivera -exdelegado del expresidente Rafael Correa-, Fausto Herrera, Adolfo Salcedo Gluckstadt, delegado de Senplades, aprobaron definitivamente los términos y condiciones de la operación.