¿Quién responde por el Metro?

El Metro de Quito ha tenido que lidiar con sucesivos imprevistos, pero la ciudadanía tiene derecho a saber, de forma clara y sin ambages, quiénes en su momento tomaron las decisiones que han convertido a la obra en semejante nudo gordiano y cuál fue el raciocinio detrás. Solo así se podrá determinar si se trata de deshonestidad, incompetencia, injerencia opaca o, incluso, desafortunada fuerza mayor. 

La obra del Metro de Quito debía ser una bandera de orgullo para el país; las dificultades técnicas se sortearon y analizaron durante años, pero la ciudad sigue a la cola de convertirse en la novena capital de América Latina en tener un sistema ‘subterráneo’.

¿Cómo fue posible arrancar un proyecto tan costoso, con serias implicaciones financieras para el Estado y la ciudad, sin que se definieran  las cuestiones básicas que hoy impiden su funcionamiento? Es necesario entender si los cálculos, estimaciones y previsiones que se hicieron al plantear este modelo —que significarán un costo real al Estado a cambio de un supuesto beneficio en productividad y calidad de vida— fueron acertados y si han probado corresponder a la realidad ecuatoriana. Resulta inaudito que sucesivas autoridades -electas y designadas- no han tenido prisa alguna en poner en funcionamiento el Metro o por qué, quizá, han preferido no hacerlo.

El Metro de Quito es una obra curiosa; está terminada pero no entra en funcionamiento. Se la vende como una obra impoluta, aunque fue construida por una empresa plagada de escándalos. Hoy, los responsables dicen que está llena de impedimentos, pero aunque cobran para hacerlo, evitan señalar cuáles son y cómo solucionarlos.

Superintendencia de Control de Poder de Mercado multa con más de $58 millones a Odebrecht y Celec

Las irregularidades en la central Manduriacu se han denunciado desde 2015

El organismo de control estableció que hubo un acuerdo colusorio entre la constructora brasilera y el empresa pública ecuatoriana. Se direccionó contratos que luego resultaron en sobreprecios y perjuicios para el Estado en las hidroeléctricas Maduriacu y Pucará.

A través de un comunicado, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) anunció una multa de $56’755.175,98 contra  la constructora Norberto Odebrecht (actualmente bajo el nombre de CNO S.A) y de 1’339.085,76 contra la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

Estas multas se establecen, según el organismo de control, por «haber infringido el artículo 11, numeral 21, de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (LORCPM), que prohíbe y sanciona los acuerdos colusorios verticales, efectuados entre operadores económicos, en procesos de contratación pública, cuyas actuaciones hayan sido realizadas al margen de lo previsto en la Ley».

El acuerdo colusorio vertical se dio entre la Celec, en calidad de comprador (entidad contratante), y Odebrecht como proveedor estatal, para la construcción de la Central Hidroeléctrica Manduriacu, así como la reparación del túnel de carga de la Central Hidroeléctrica Pucará.

Estas dos obras fueron adjudicadas por parte de Celec a Odebrecht e incrementaron en $130.082.056 el precio a lo largo de su construcción, provocando que se cancelen montos superiores a lo previsto en los presupuestos referenciales.

Según la superintendencia, el acuerdo colusorio vertical que sirvió para la adjudicación de los procesos de contratación pública distorsionó la competencia por cuanto eliminó la incertidumbre en el mercado; es decir, Celec direccionaba los contratos a favor de Odebrecht y no permitía que otras empresas puedan competir con base en sus méritos empresariales.

En el marco de la investigación que realizó la SCPM, la existencia del acuerdo colusorio fue probado a través de los siguientes elementos:

1.- Acuerdo de Culpabilidad (Plea Agreement) suscrito por el abogado de Odebrecht ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos

2.- Acuerdo de colaboración premiada de José Conceição Santos, ex Director Superintendente de Odebrecht Ecuador, ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil

3.- Sentencias ejecutoriadas dictadas por la justicia ecuatoriana

4.- Los informes de legalidad de los proyectos hidroeléctricos Manduriacu y Pucará emitidos por la Procuraduría General del Estado.

 

El operador CNO S.A., en el término de cinco  días siguientes de ejecutoriada la resolución sancionatoria, deberá efectuar la publicación del extracto de la resolución en un lugar visible de un diario de amplia circulación nacional, por tres ocasiones en días distintos.

 

El Estado da a Carlos Pólit cinco días de plazo para que pague indemnización por 40.400.000 dólares

Una de las pruebas en las que la Fiscalía basó su imputación fue el testimonio anticipado de José Santos, exsuperintendente de la constructora Odebrecht.

Carlos Pólit, exContralor General,  deberá cancelar al Estado  40.400.000  dólares  como indemnización por la  trama de corrupción Odebrecht.

En un comunicado oficial, la Procuraduría General del Estado (PGE) anunció, hoy 3 de junio de 2022,  que así lo dispuso un tribunal en un mandato de ejecución este jueves 2 de junio.

El exfuncionario que además es procesado en Estados Unidos por el presunto delito de lavado de activos, fue condenado en el Ecuador a  seis años de prisión por el delito de concusión.

Pótit tiene cinco días de plazo para realizar el pago, caso contrario, la PGE solicitará el inmediato inicio del procedimiento de ejecución forzosa.

“La Procuraduría no cejará en su trabajo de hacer cumplir lo dispuesto en las sentencias dictadas por los jueces competentes para restituir el daño ocasionado al Estado ecuatoriano», agrega el escrito del defensor del Estado.

La Fiscalía determinó que entre 2010 y 2015,  Pólit habría exigido a la  constructora brasileña Odebrecht 6 millones de dólares para, presuntamente desvanecer glosas relacionadas al proyecto Hidroeléctrico  San Francisco y 4,1 millones de dólares por emitir informes favorables de la Contraloría respecto a los proyectos Refinería del Pacifico,  Manduriacu, Acueducto La Esperanza.  Pascuales-Cuenca, y  Daule-Vínces.   (SC)

 

Hijos de expresidente panameño condenados a 3 años de cárcel por caso Odebrecht

Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, en una fotografía de archivo. EFE

La trama de corrupción de Odebrecht involucró a unos 12 países, entre ellos Ecuador. El caso se investigó desde el Departamento de Justicia de EE.UU.

NUEVA YORK. Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron condenados este 20 de mayo de 2022 en una corte federal en Nueva York a tres años de cárcel en firme y dos en libertad vigilada, además de pagar 250.000 dólares de multa.

Ambos, que ya se habían declarado culpables del blanqueo de 28 millones de dólares y de haber llevado a cabo sobornos en favor de la firma brasileña Odebrecht, hablaron en inglés, pidieron perdón y afirmaron haberse equivocado ante el juez Raymond Dearie.

Los hermanos Martinelli Linares acudieron a la última vista vestidos con el uniforme carcelario (camisa y pantalón caquis) y calzado deportivo, y al escuchar la sentencia reaccionaron con serenidad, aunque previamente habían mostrado cierta emoción al hablar de sus familiares.

En los momentos previos a la lectura de la sentencia, el abogado de Luis Enrique, James Mac Govern, declaró que los dos hermanos habían actuado «por órdenes del padre» y reconoció ante el magistrado que no actuaron bien aunque dijo en su descargo que habían cooperado «en cierta forma».

El mismo Mac Govern dijo que el padre era «una figura excesivamente dominante» y que ellos eran «dos niños asustados» que hacían lo que él ordenaba y no lo cuestionaban. EFE

Embajada de Alemania solicita acceso virtual a diligencia de apelación de Jorge Glas

Jorge Glas salió de la cárcel de Cotopaxi por un habeas corpus que le concedió un juez de Manglaralto.

La representación diplomática acreditada en Quito ampara su pedido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

La embajada de la República Federal de Alemania remitió hoy, 17 de mayo de 2022, un oficio a la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, en la que le solicita el acceso virtual para comparecer a la audiencia  en el proceso No.242022022000171 de apelación del habeas corpus del ciudadano ecuatoriano-alemán Jorge David Glas Espinel, prevista para este 18 de mayo.

La representación diplomática acreditada en Quito ampara su pedido en el artículo 12 de la Ley  Orgánica de Garantías Jurisdiccionales  y Control Constitucional y en el marco de la asistencia consular a ciudadanos alemanes.

Los jueces Silvana Caicedo, Cléver Franco Aguilar  y Juan Carlos Camacho Flores tienen previsto instalar este miércoles la audiencia para conocer los recursos de apelación en contra del habeas corpus otorgado a Jorge Glas. que interpuso la Procuraduría General de Estado (PGE),  y el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI),  y un amicus curiae  de la Fiscalía General.

Glas salió del Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi el 10 de abril de 2022, después de que el juez Diego Moscoso, de la Unidad Multicompetente de Manglaralto (Santa Elena),  le otorgó el recurso de habeas corpus mientras cumplía sentencias por los delitos de asociación ilícita en el caso Odebrecht, y de cohecho agravado en el caso ‘Sobornos 2012-2016’.

En manos de estos magistrados está decidir si Glas regresa o no a prisión para continuar con su condena. (SC)

Jueza de Miami impone 18 millones de fianza a Carlos Pólit

Carlos Pólit, excontralor del Estado ecuatoriano, está preso en un centro de detención de Miami.

El excontralor ecuatoriano tendrá que renunciar a su derecho a oponerse a la extradición a Ecuador.

MIAMI La jueza Jacqueline Becerra, de una corte federal de Miami, impuso este viernes 1 de abril de 2022 una fianza de $18 millones al excontralor general ecuatoriano Carlos Pólit, arrestado y acusado del delito de «conspiración para cometer lavado de dinero» en la trama de sobornos asociada a la  constructora brasileña Odebrecht.

Antes de quedar libre bajo fianza, Pólit, de 72 años, deberá «firmar la renuncia al derecho a oponerse a la extradición (a Ecuador)», según documentos consignados en el tribunal.

También tendrá que cumplir con una serie de condiciones como son la entrega a las autoridades de su pasaporte, la prohibición de tener armas y de vender o hipotecar cualquier propiedad que posea. Además, deberá llevar puesto un dispositivo de ubicación GPS, que generalmente es colocado en un tobillo.

Detalles del caso

Los cargos que pesan en contra de Pólit en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida son por «conspiración para cometer lavado de dinero«, «lavado de dinero» y «participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas«, cargos que conllevan penas máximas de 20 años de cárcel.

El excontralor es procesado en Miami por su supuesta participación en la trama para usar el sistema financiero de EE.UU. como medio para lavar dinero y promover y ocultar un esquema de soborno ilegal en Ecuador.

Según los documentos en la corte, Pólit, quien fue contralor del Estado ecuatoriano entre 2007 y 2017, conspiró con otras personas para «ilícitamente enriquecerse con el lavado de sobornos que solicitó y recibió de otros conspiradores a través de cuentas bancarias en el sur de Florida, así como a través de la compra de bienes raíces y otros activos».

Así, entre 2010 y 2014,  recibió unos $8 millones  en «sobornos en efectivo» a cambio de usar su cargo para «influir en las acciones oficiales de la Contraloría de Ecuador en beneficio de Odebrecht y sus negocios».

Los antecedentes

En Ecuador, Pólit fue juzgado y condenado en ausencia en 2018 a seis años de cárcel por el delito de concusión por el caso Odebrecht.

Un año antes había viajado a EE.UU. siendo todavía contralor por supuestos motivos de salud y desde este país renunció al cargo y no regresó a Ecuador.

Se asentó en el sur de Florida, donde fue detenido esta semana.

Desde finales de 2020 es firme su sentencia por el delito de concusión. El juez le impuso seis años de cárcel o la entrega de 40,4 millones de dólares como reparación. EFE

EL DATO: El Caso Odebrecht involucra a expresidentes y altos funcionarios de 12 países.

Ricardo Rivera tenía pendiente compensar al Estado

Ricardo Rivera y Jorge Glas debían pagar $14 millones como reparación al Estado. API

Junto con su sobrino Jorge Glas debía cancelar $14,1 millones de indemnización al Estado tras ser declarados culpables en el caso Odebrecht.

Ricardo Rivera, fallecido este sábado 15 de enero de 2022, había sido detenido el 2 de junio de 2017 en Guayaquil. Los agentes que lo capturaron lo habían seguido por 14 días. El 13 de diciembre de ese mismo año, fue sentenciado en primera instancia por el caso de corrupción de Odebrecht. La justicia le impuso seis años de prisión. Pero ¿qué otras medidas debía cumplir Rivera? ¿Y qué pasará con las sanciones económicas?

1.- En 2017 se ordenó que Rivera, junto con su sobrino Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, y seis personas más paguen $ 33,4 millones al Estado como reparación del delito de asociación ilícita en el entramado de corrupción de Odebrecht. 

2.- Específicamente a Rivera y a Glas se les condenó a pagar $14,1 millones (7 millones cada uno). El 7 de enero pasado, los jueces Byron Guillén, Felipe Córdova y Javier de la Cadena, quienes conforman el tribunal de ejecución de la sentencia, emitieron un mandato para que la Procuraduría determine los activos y bienes que tenía cada uno. Este paso es necesario para una posterior incautación y venta de los objetos que permitan solventar la deuda.

3.- Rivera habría cumplido su condena de 2.160 días de cárcel el 2 de mayo de 2023. Estaba libre desde el 9 de diciembre de 2021 tras recibir el beneficio penitenciario de cambio de régimen a semiabierto (le permite dejar la cárcel). Preveía cumplir los 508 días que le faltaban lejos de la prisión.

4.- Debía usar un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete) que lo monitoreaba las 24 horas. El servicio nacional de atención a privados de la libertad (Snai) confirmó tras la muerte que el grillete será retirado de su tobillo.

5.- El juez Luis Jiménez, quien le otorgó el cambio de régimen, también limitó su movilidad. Al inicio señaló que Rivera podía transitar únicamente en Guayas. Luego amplió ese espacio e incluyó a Quito ya que Rivera debía desplazarse a la capital para cumplir las diligencias como parte de una investigación por posible lavado de activos.

6.- El juez además impuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica, cada mes, ante la oficina Fiscalía más cercana a su domicilio.

El abogado penalista Paúl Ocaña Merino indicó que con la muerte de Ricardo Rivera, todos los procesos legales en su contra se extinguen. En el caso de la sanción económica por Odebrecht, indicó que la sentencia se vuelve un “título ejecutivo” que el Estado puede cobrar.

“Si yo tengo una deuda, tengo que cubrir con bienes”, señaló. Es la Procuraduría la que debe señalar el número y valor de todo lo que pertenecía a Rivera.

Tras el fallecimiento, todos los bienes irían a sus herederos. El Código Civil prevé que si un heredero observa que las deudas son mayores a los beneficios, puede repudiar la herencia y no aceptarla. (DPV)

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Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, muere por covid, según su familia

Ricardo Rivera, tio del ex vicepresidente Jorge Glas, falleció este sábado.

Fue sentenciado en el caso Odebrecht en 2017. Salió de la cárcel el 9 de diciembre de 2021 al acogerse a régimen semiabierto.

El servicio nacional de atención a privados de libertad (Snai) confirmó que Ricardo Rivera, sentenciado en el caso Odebrecht, falleció. Aníbal Quinde, su abogado, confirmó a LA HORA que el deceso se produjo por un “cuadro grave de COVID-19”, según información que le transmitieron los familiares. La información fue difundida este sábado 15 de enero de 2022.

Rivera fue detenido en junio de 2017 y sentenciado en diciembre de ese mismo año. Estuvo en prisión cuatro años y seis meses; es decir, el 70% su condena por asociación ilícita en la trama de corrupción de la brasileña Odebrecht. Luego accedió a régimen semiabierto. Una de las medidas impuestas para estar fuera de la cárcel era el uso de un grillete electrónico.

Según la Fiscalía, era el enlace para recibir sobornos de la brasileña que tenían como destino su sobrino, Jorge Glas, por $13,5 millones a cambio de concederle a la constructora contratos con el Estado. (DPV)

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Fiscalía traslada a Quito el caso Naomi Arcentales

Demanda de Odebrecht contra Petroecuador fue desechada

El Poliducto Pascuales-Cuenca funciona con fallas desde 2017.

Tras la terminación unilateral del contrato, por incumplimientos en el Poliducto Pascuales- Cuenca, la empresa brasileña demandó al Estado ecuatoriano. 

El  Tribunal Contencioso Administrativo, con sede en el cantón Guayaquil, desechó en su totalidad la demanda planteada por Odebrecht, el día 9 de marzo de 2018, en contra de Petroecuador.

Con esta demanda se pretendía dejar sin efecto la terminación unilateral del contrato, que ejecutó la petrolera pública en contra de la compañía constructora, así como también el cobro de $180 millones por concepto de supuestos daños y perjuicios, y el pago de supuestos valores pendientes de pago.

A través de un comunicado, Petroecuador recordó que esa terminación unilateral se dio «en virtud de los incumplimientos contractuales imputables a Odebrecht, tales como deficiencias en la fase de construcción del Terminal Cuenca, que forma parte del Poliducto Pascuales-Cuenca y que presentó problemas desde el inicio de operaciones».

En su momento, el exgerente de la petrolera estatal, Ricardo Merino, aseguró que, en octubre 2017, cuando se tomó la decisión de romper vínculos con la constructora brasileña, el poliducto solo producía 600 barriles al día, es decir, menos de la mitad de la capacidad comprometida. “La situación era catastrófica”, acotó.

Mediante inversiones adicionales de Petroecuador se logró que, tres años después, se pueda alcanzar una producción de 1.800 barriles al día.

En octubre 2020, la entidad ecuatoriana, junto a la Procuraduría General del Estado, contrademandaron a Odebrecht por los daños y perjuicios ocasionados al Estado por las fallas, hundimientos y otros problemas técnicos en el Poliducto Pascuales-Cuenca.

Esa contrademanda establecía una indemnización, todavía no resuelta, de $281 millones. (JS)

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