General Paco Moncayo Gallegos
El país soporta una muy grave situación de inseguridad que afecta a la paz y tranquilidad de su población, a la vez que frustra todo esfuerzo que se realiza para mejorar la economía del Estado y, en particular, de las familias atribuladas por la pobreza y el desempleo. Los gobiernos y las instituciones realizan grandes esfuerzos para superar la situación, pero existen realidades objetivas que impiden el logro de resultados positivos
Zygmunt Bauman, un reconocido sociólogo acuñó los conceptos de ‘modernidad líquida’ y ‘sociedad líquida’ para caracterizar la realidad del mundo actual: precaria, provisional y ansiosa de novedades, en todos los aspectos de la vida. Como todo cambia de un momento para otro, se vuelve difícil pensar y adoptar compromisos perdurables.
En los estudios de seguridad y defensa, se describe a esta situación como: Volátil, fruto de la velocidad de los cambios; Incierta, por la dificultad de dilucidar todos los aspectos de la situación y la dificultad de anticipar la naturaleza y efectos del cambio; Compleja, porque es difícil entender las interacciones de múltiples partes o factores y predecir los efectos iniciales y subsecuentes de los cambios que se produzcan en uno o más factores, en un sistema altamente interdependiente; y, Ambigua, porque da lugar a diferentes interpretaciones del contexto.
Esta situación de carácter global se agudiza en el caso ecuatoriano porque la conducción política de la seguridad ha sido errática y de corte populista; en unos casos por convicciones ideológicas y, en otros por ignorancia, se ha debilitado las capacidades del Estado para enfrentar la amenaza del crimen organizado transnacional y, lamentablemente se ha convertido al Ecuador en un narcoestado, a pesar de las oportunas advertencias del gran ecuatoriano, ya fallecido, Francisco Huerta Montalvo. Lo que fue tantas veces anunciado, especialmente en los sectores académicos, se ha confirmado con el caso “Metástasis”, valientemente sustentado por Diana Salazar, la ejemplar fiscal general de la Nación: El crimen organizado ha logrado penetrar a todas las funciones del Estado y organismos de seguridad. Y Ahora, cuando se intenta poner fin a la impunidad de los coludidos, los grupos criminales han iniciado una campaña de terror.
NUESTRA REALIDAD
Un análisis sereno y objetivo de los acontecimientos que el Ecuador está soportando lleva a conectar relaciones de causa y efecto que son evidentes y que hay que entenderlas para poder enfrentar con éxito a la amenaza terrorista: Pacto con las FARC y financiamiento de la campaña electoral; desmantelamiento del sistema de seguridad que le permitió al país enfrentar con éxito dos conflictos armados internacionales y el conflicto interno; debilitamiento sistemático de las Fuerzas Armadas; metida de la mano a la justicia y nombramientos de jueces mediante concursos manipulados; estatización de la participación ciudadana y fomento de la impunidad con estructuración de una Contraloría sumisa y corrupta; entrenamiento de fuerzas de resistencia conocidas como Comités de Defensa de la Revolución; llegada de 10.000 fusiles chinos en la emergencia por el terremoto que sufrieron Manabí y Esmeraldas, sin conocimiento de las Fuerzas Armadas; entrega del control de los centros penitenciarios a los mafiosos presos; cooptación de miembros de las principales funciones del Estado y organismos de seguridad por el crimen organizado; Conocimiento del informe sobre el caso Metástasis; y, reacción terrorista de los componentes del Estado mafioso que comienza a ser desmantelado.
En la actualidad, el presidente Daniel Noboa ha decidió acabar con esta situación de control del crimen organizado sobre la sociedad, la economía y la política. Aparentemente todos le expresan su apoyo y apelan a la unidad nacional. No se debe caer en el engaño. Parte de quienes crearon esta situación siguen en campaña por lograr la impunidad frente a crímenes que han sido debidamente juzgados y sentenciados. El presidente Noboa debe tener mucho cuidado con algunos de sus eventuales aliados o este será otro esfuerzo frustrado.
En estos días se ha debatido en los medios de comunicación y en las redes sobre la situación y sobre las decisiones del gobierno. Este artículo tiene como objetivo entregar información a la ciudadanía para que pueda hacer una lectura informada y objetiva de los acontecimientos.
¿Qué es el terrorismo?
La Real Academia Española (RAE), lo define como: “Dominación por el terror; sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror; y, actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos” (DRAE). Es sinónimo de terror, violencia, intimidación.
Javier Feal Vázquez considera al terrorismo como una táctica caracterizada por el empleo o amenaza de empleo de la violencia en busca de modificar el resultado de un proceso político. Lo define jurídicamente como: “actos de violencia en contra de personas, la libertad, la propiedad, la seguridad común, la tranquilidad pública, los poderes públicos y el orden constitucional o contra la Administración Pública”; desde un enfoque militar lo caracteriza como: “serie de actos de violencia, destinados a infundir terror por medio de la eliminación de personas; que crea un estado físico y espiritual que prepara a la población para su captación y conquista y que facilita su dominación” (2002, p.58).
Bichara Khader, citado por Tania Rodríguez, se refiere a la acción terrorista como:
Una secuencia de actos de violencia, debidamente planificada y altamente mediatizada, que toma deliberadamente como blanco a objetivos no militares a fin de crear un clima de miedo e inseguridad, impresionar a la población e influir en los políticos con la intención de modificar los procesos de decisión (ceder, negociar, pagar, reprimir) y satisfacer unos objetivos (políticos, económicos o criminales) previamente definidos (2012, p.75).
Un experto en temas de relaciones internacionales y seguridad, Rafael Calduch Servera, por su parte dice:
Podemos definir el terrorismo como una estrategia de relación política basada en el uso de la violencia y de las amenazas de violencia por un grupo organizado, con objeto de inducir un sentimiento de terror o inseguridad extrema en una colectividad humana no beligerante y facilitar así el logro de sus demandas (Calduch. 1993, p.27).
La Asamblea General de las Naciones Unidas, aporta con criterios útiles para elaborar una definición. Resolución 49/60, ‘Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional’; párrafo 3. El terrorismo incluye “actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas”. Califica dichos actos como: “injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos” (1994).
El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, por su parte, en su Resolución 15/66, calificó al terrorismo como:
[…] actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de realizarlo (2004).
El Terrorismo como un acto comunicacional
Los terroristas destruyen, asesinan y secuestran, provocando miedo como una estrategia para cuestionar y debilitar el orden que fundamenta al Estado. Se constituyen, de esta manera, en un contrapoder que se muestra como una alternativa al poder vigente. Para ello, buscan alcanzar el respaldo y simpatía de la sociedad o la sumisión temerosa de ésta. En dichos procesos juegan un papel central los medios de comunicación masiva. “ […] todo ello viene concedido por el miedo, por el terror, que es la madre de cualquier acción humana desde los más remotos orígenes del hombre” (Veres, 2004, p.3).
El terrorista desea dominar y conoce que puede convertir al miedo en una herramienta estratégica de dominación, a través de la comunicación, porque sus acciones, caracterizadas por la espectacularidad, serán convertidas en noticias que, lejos de atenuar el temor de las audiencias, pueden exacerbarlo. “[…] así es como los medios se convierten sin querer en bomberos pirómanos, pues la publicidad del riesgo percibido contribuye a magnificarlo” (Calvo, citado por Veres, 2004, p.4).
En esta confrontación, la sociedad desempeña un doble papel: como destinataria y, a la vez, como cadena de trasmisión. Se ha convertido en un espacio de enfrentamiento del que no se puede esperar que sea neutro, especialmente cuando se trata de la oferta de un orden alternativo al vigente, si éste se ha deslegitimizado. De esta manera, “El terror se señala como irrupción inesperada, súbita quiebra de lo normal, que torna moldeable a la sociedad al forzar una reinterpretación de lo político” (Escalante, 1986, p.86).
Los objetivos seleccionados por los terroristas, según Della Porta, son fruto de un análisis sobre su valor simbólico (Canal 10), toda vez que los efectos que buscan son esencialmente sicológicos: la eficacia de sus operativos está en relación directa con su naturaleza alegórica que proyecta y explota la imagen de una estructura social debilitada. De ese modo, “[…] (Veres, 2024, p.5).
Afirma Jan Schreiber, que las acciones terroristas tienen una similitud con el teatro. “El terrorismo está pensado para llamar la atención y dirigirla hacia un grupo identificable con unos motivos determinados”, de ahí sus ansias de publicidad, orientada a convertir sus acciones delictivas también en un espectáculo.
[…] Todo muy parecido al teatro, porque el terrorismo es un teatro con mensaje. Un mensaje que se trasmite a través de los medios masivos que tampoco son neutrales y, por lo tanto, cumplen una función de distorsión, considerando que, en más de un sentido, “[…] el medio es el mensaje, mediación es deformación” (1980, p.88).
El terrorismo y el Derecho Internacional
El presidente Daniel Noboa ha declarado la situación de conflicto armado en el Ecuador. Ha salido inmediatamente “expertos” a calificar como ilegal y contraria al Derecho Internacional la medida. Son aseveraciones inexactas como puede deducirse de la siguiente explicación:
Luego del ataque a las Torres Gemelas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estableció el vínculo existente entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada transnacional, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas, entre otros, como amenazas graves a la seguridad internacional
En la Estrategia de Seguridad de las Naciones Unidas, el secretario general pone énfasis en el deber de los estados de respetar los derechos humanos: “[…] valor básico de las Naciones Unidas y piedra angular de nuestra labor. La adopción de medidas eficaces contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos no son objetivos contrapuestos, sino complementarios y que se refuerzan mutuamente” (2005).
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoce la existencia de relaciones “complejas y multifacéticas” entre el terrorismo y los derechos humanos. Explica que, si bien no existe norma específica al respecto en el Derecho Internacional Humanitario, si existen y son claras las referencias a la prohibición de ‘medidas de terrorismo’, ‘actos de terrorismo’, ‘toda medida de intimidación y terrorismo’ y ‘actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil’. (p.17-18).
En el marco de estas estrechas relaciones, corresponde al Derecho Humanitario la protección de personas que no participan o han dejado de participar en los conflictos armados, en particular a la población civil, minimizando los efectos que se derivan de estos enfrentamientos. El marco de aplicación cubre a los conflictos Armados Internacionales (CAI) y a los Conflictos Armados no Internacionales (CANI). El sistema que rige desde 1949, está conformado por cuatro convenios y dos Protocolos Adicionales. El Protocolo II se refiere a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (CANI), en el cual deberían constar ya algunas amenazas y actores de los conflictos actuales.
Así lo reconoce Isabel Salmón: “Desde un punto de vista jurídico, y debido a su mayor incidencia en la práctica, los conflictos desestructurados son los que han recibido una mayor atención por parte de la doctrina y de las normas internacionales (p.161).
Los conflictos desestructurados han sido definidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), como “otras situaciones de violencia” una verdadera zona gris en la que “el recurso a las normas del DIH debe enriquecer y clarificar el estándar de protección” considerando que todavía no ha alcanzado “su umbral de aplicabilidad”. El CIRC destaca
[…] la capacidad desestabilizadora de agentes no estatales que bien se enfrentan entre ellos, o bien, ligados a veces a redes internacionales, se enfrentan al Gobierno de turno”, que traspasan las fronteras de los Estados y se convierten en “un fenómeno complejo de violencia transnacional: Entre estos “a) los conflictos de identidad o étnicos, b) Los conflictos desestructurados y, c) Los conflictos asimétricos (Salmón, 2016, p.171).
Coincide con lo anterior Julio Vargas al aceptar que el Derecho Internacional Humanitario no es inmutable y que existen vacíos o zonas grises en su aplicación. Por lo que “[…] queda planteada la necesidad de diseñar dispositivos que los regulen. En todos estos casos la comunidad internacional está en plena capacidad de afrontar la tarea, porque los principios que informan al DIH así lo imponen”. (2004, p.103)
Por lo anterior, es lógico entender que el gobierno ha declarado la existencia de un Conflicto Armado No Internacional (CANI). Es una decisión correcta: El Ecuador se encuentra enfrentado a un conflicto armado interno, figura del Derecho Internacional, perfectamente aplicable, para proteger a la población civil, víctima de los crímenes cometidos por la estructura político militar criminal del terrorismo.
Finalmente, cabe destacar una aseveración fundamental de Julio Vargas:
[…] Es la falta de esperanza de justicia lo que crea la atmósfera ideal para que aparezca este complejo y letal fenómeno. Por lo tanto, resulta vital la búsqueda, dentro de plazos razonables, de niveles aceptables de justicia para todos. De igual manera, en el caso de los conflictos desestructurados, que sin duda son de naturaleza política, se hace necesario que la comunidad y la sociedad civil internacionales, concertando esfuerzos, los resuelva integralmente a través de medios políticos (2004, p.104).
CONCLUSIONES
El Ecuador requiere contar con una política nacional de seguridad que considere acciones urgentes en los siguientes niveles:
Alcanzar un acuerdo multipartidario para: a) optar por políticas públicas de Estado inmediatas, de corto, mediano y largo plazo, b) adoptar una doctrina ecuatoriana de seguridad, c) fortalecer el Sistema de Seguridad brindándole estabilidad y despolitizándolo.
Fortalecer la estructura general del Estado de modo que todas las funciones y niveles de gobierno enfrenten la amenaza cumpliendo, coordinadamente, la parte que les corresponda en el planeamiento nacional. Fundamentalmente las funciones judiciales y de control, sin las cuales nada de lo que se realice podrá surtir efectos positivos.
Fortalecer a la Secretaría Nacional de Seguridad y al Sistema nacional de inteligencia, con énfasis en la amenaza criminal, el circuito de los dineros del narcotráfico, y la protección a la estructura del Estado mediante sistemas de contrainteligencia que impidan la cooptación de funcionarios civiles, policiales y militares, por parte de las estructuras criminales.
Recuperar las funciones del Instituto de Altos Estudios Nacionales como el más alto centro de formación en temas de seguridad. Volver a impartir cursos y maestrías en los campos de la comunicación en temas de conflicto interno y externo, con énfasis en la comunicación en redes considerando que el ciberespacio es el principal espacio de confrontación comunicacional y que los criminales tienen a su servicio expertos excepcionalmente remunerados.
Blindar la frontera terrestre, especialmente con Colombia, principal productor de la cocaína que es la que se comercia a través del territorio ecuatoriano, del mismo modo en la frontera con el Perú, tanto por ser el segundo productor, después de Colombia, como porque es el principal proveedor para el comercio ilegal de armamentos.
Fortalecer el control de puertos y radas en todo el litoral marítimo para evitar que salga la droga hacia los mercados internacionales; proteger la soberanía aérea porque es por aire que se comercia gran parte de la droga y llega el dinero sucio que se lava impunemente en el país.
Integrar nuevamente la Fuerza Pública (Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Guardias penitenciarios, aduanas) para que pueda operar en las misiones de seguridad interna, superando rivalidades institucionales y formar y capacitar conjuntamente a sus miembros con una doctrina estratégica, operativa y táctica común.
Mejorar la inteligencia financiera que permita combatir el lavado de dinero, el principal centro de gravedad de los criminales. Este es uno de los puntos más débiles del sistema de seguridad.
Ahora que Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad, utilizar ese foro para plantear el problema a ese alto organismo,(como ya lo hizo el presidente Noboa); en el ámbito hemisférico, exigir que se reúna el Consejo permanente de la OEA y la Comisión de Seguridad Hemisférica; proponer la recuperación de instituciones sudamericanas (UNASUR y el Consejo Suramericano de Defensa); activar a la Comunidad Andina de Naciones para acordar una Política Común de Seguridad; involucrar en los esfuerzos estratégicos a los países que comparten objetivos y responsabilidades. Para esto se requiere fortalecer las capacidades de la Cancillería en temas de seguridad.