Los actores políticos deberían trabajar en la prevención de un potencial fraude electoral con el mismo ahínco con el que suelen denunciarlo -antes y después del sufragio-. Con pocas excepciones, los partidos y movimientos trabajan poco en el control electoral, hablan de ‘fraude’ con excesiva facilidad y apenas se hacen esfuerzos para esclarecer las acusaciones.
Desde el retorno a la democracia, el país acumula un lamentable prontuario de episodios que siembran sospechas nocivas y minan la confianza en la Democracia; las denuncias de Frank Vargas Pazzos en 1988, de Álvaro Noboa en 1998, de Rafael Correa en la primera vuelta de 2006, de Guillermo Lasso en 2017 y de Yaku Pérez en 2021, por mencionar algunas.
La participación ciudadana y las nuevas tecnologías, sumadas a la amplia experiencia del electorado gracias a elecciones tan frecuentes, hacen que el fraude en las urnas resulte virtualmente imposible. Ante ello, las redes y los sistemas informáticos se han vuelto el nuevo escenario de sospechas y acusaciones; pero, por su complejidad, este ámbito escapa del control ciudadano.
Desde ya, el Consejo Nacional Electoral busca curarse en salud, educando a la población sobre su sistema informático. Sin embargo, es indispensable que los partidos y movimientos cuenten con expertos propios y capacitados para ejercer el minucioso control informático que la ley permite. Solo así se podrá enterrar, de una buena vez, cualquier incómoda sospecha.