Afortunadamente, no se produjo el embate de anarquía que se temía que se desatara con el anuncio de elecciones anticipadas —una amenaza reiterada de varios sectores de la oposición —. La clase política, las instituciones y la ciudadanía han llevado el inicio de esta novedosa -aunque incierta- transición democrática de forma ordenada y bastante respetuosa. Incluso los detractores de la llamada ‘muerte cruzada’ han apelado a las instancias legales en lugar de a las calles y, pese a sus objeciones, se sumarán al proceso electoral. Independientemente de su afiliación, la ciudadanía parece estar entusiasmada por buscar soluciones en las urnas.
Ecuador pagó una factura demasiado alta por los violentos paros de junio de 2022 y octubre de 2019, en vidas, en bienes y en paz.
El Estado ecuatoriano no puede transferir impunemente a la gente los costos de la convulsión política imprimiendo billetes, ni con impuestos o endeudamiento —práctica usual de los regímenes autoritarios confiscatorios—. Además, cada arrebato de violencia de esa índole nos hunde un poco más en el pesimismo y abona el surgimiento de esos peligrosos caudillos que florecen en el caos.
Los políticos se muestran apegados a los procesos. La gente encuentra salida en la participación democrática y aprovecha las nuevas herramientas de comunicación. La fuerza pública se muestra sensata, pero firme. Parece que todos hemos aprendido. Queda mucho por avanzar aún, pero nos hemos acercado un poco más a ese viejo anhelo de que el país sea capaz de seguir funcionando independientemente del vaivén de la política.