El estiaje prematuro vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad energética del país. La demanda de energía aumenta junto con el riesgo de apagones y el país se ve obligado a importar electricidad o generarla de formas más costosa.
La crisis energética es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de la precariedad económica. Es un círculo vicioso, común en la región, en el que pobreza y déficit energético se retroalimentan: la falta de energía agudiza la carencia de recursos, la carencia de recursos propicia la falta de inversión en energía.
Pese a su generosa geografía para la generación hidroeléctrica, el país sigue sumido en la escasez. Esto ilustra el fracaso del Estado y la poca preparación y visión de sus gobernantes. Las polémicas entre los mandatarios de los últimos veinte años, distraen de las raíces del problema: una irresponsable y sospechosa fijación por desdeñar, o incluso por combatir, la importancia de la energía para el desarrollo —algo que se ha extendido al petróleo y la minería—; sistemas y reglas de contratación que excluyen a los mejores actores y dejan al país a merced de contratistas inescrupulosos, propensos a fiascos descarados como lo que se vio en San Francisco, Toachi-Pilatón o Coca Codo Sinclair; un sistema político que desestimula los planes a largo plazo necesarios para el desarrollo energético. Hoy se suman las mal llamadas acciones de protección constitucional, nueva herramienta para el boicot en toda dirección.
El tiempo y los recursos perdidos por la indecisión y la debilidad institucional requieren una política energética que priorice nuevos proyectos de generación, que diversifique el riesgo que impone cada estiaje, que genere empleo y marque una dirección al desarrollo.