Los ecuatorianos aman la dolarización. No hay líder político, ideología o iniciativa por la que los ciudadanos estén dispuestos a renunciar a la divisa fuerte que tienen en el bolsillo. Además, esta opera bajo un esquema en el que el Estado garantiza las divisas. No solo que este último tiene que suministrar billetes en buen estado y reemplazar a los deteriorados, sino que debe encargarse de conseguir las divisas para canalizar, por medio de las cuentas del Banco Central, todos los pagos de las importaciones que el mercado nacional tan ávidamente demanda. Por tanto, es contradictorio que los votantes se nieguen a entender que Ecuador no produce dólares y que para que ese sistema funcione se necesita una entrada permanente y extensa de divisas.
Los defensores del ‘Sí’ en la consulta sobre el ITT emplean hábilmente la falacia de que la mayoría de dólares que Ecuador recibe por ese petróleo no llegan a las arcas públicas. Eso es una media verdad —o media mentira—, porque aunque esos dólares no lleguen al presupuesto estatal, igual ingresan en la economía nacional o se emplean en importaciones que el país requiere. Al mismo tiempo que impulsan esa drástica reducción en las exportaciones, irresponsables fuerzas políticas sabotean a mansalva los proyectos de inversión, espantando cientos de millones de dólares. Como si todo eso no bastara, bloquean las iniciativas legales que permitirían una circulación más rápida del dinero, para que menos divisas hagan más —cambios laborales, mayor bancarización, reducción de trámites, agilitar contrataciones y liquidaciones, liberalización comercial—. La seguridad que trae el dólar blinda al país de los vaivenes de la política, pero sostenerla tiene un costo y requiere sacrificios.