El asesinato de Agustín Intriago deja en claro que el país ha llegado a un punto en el que nadie, absolutamente nadie, está a salvo. Alcalde de una de las ciudades más importantes y uno de los políticos con mayor índice de popularidad, su trágica muerte dejará una incógnita perpetua sobre el futuro político que le aguardaba.
Su asesinato es el último de una larga cadena de atentados —que siguen sin esclarecerse— contra autoridades locales, cada vez más relevantes. El asesinato del candidato a concejal Gerardo Delgado, también de Manta, culminó solo con la sentencia de los dos autores materiales, y la investigación del de Julio César Farachio, candidato a alcalde de Salinas, se estancó tras una detención. El de Omar Menéndez, candidato a alcalde de Puerto López, carece aún de respuestas, al igual que el del concejal de Esmeraldas, Jairo Olaya. El atentado contra Luis Chonillo, alcalde de Durán, en el que fallecieron tres personas, también permanece impune.
Las autoridades y la comunidad no tienen cómo defenderse si ni siquiera saben quiénes son los causantes de la violencia ni sus motivos. Al tolerar que crímenes de esta envergadura queden sin esclarecerse, la Justicia da espacio a injustas especulaciones y rumores que, a la larga, colocan la culpa sobre las propias víctimas y sirven de pretexto a las autoridades para no buscar respuestas. Esto abona a la impunidad y sirve de aliciente para que los criminales sigan actuando con osadía cada vez mayor.
Lo único de lo que podemos estar seguros este momento con respecto al asesinato de Intriago es que, si no se hace nada, sobrevendrán otros de la misma escalofriante magnitud.