Paco Moncayo Gallegos
Conocida la grave situación de inseguridad del país y aceptado que el riesgo es función de la acción de las amenazas sobre las vulnerabilidades, es importante enfocarse en el análisis de estas. Son cinco acontecimientos los que debilitaron las capacidades del Estado ecuatoriano para enfrentar al crimen organizado: 1) La no renovación del Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL) de Manta en 2009; 2) La concentración en el Gobierno central de la competencia de seguridad, que excluyó la participación de los gobiernos locales; 3) La confrontación con las Fuerzas Armadas y su sistemático debilitamiento; 4) La fragilidad de la democracia por el control de todas las funciones del Estado desde el Ejecutivo; y, 5) El presunto financiamiento de la campaña presidencial con dineros sucios provenientes de las FARC.
También afectó a la Seguridad Nacional, una ideologización extremista, derivada de la aplicación acrítica de experiencias de asesores extranjeros y nacionales, en la guerra subversiva. Con esa visión, se creó una ‘Comisión de la Verdad’ que señaló sin fundamento crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos por la Fuerza Pública, contrariando los mandatos del Derecho Internacional. Mientras tanto, se declaraba héroes y condecoraba a miembros de ‘Alfaro Vive Carajo’, se creaban fuerzas paramilitares denominadas Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y se buscaba poner a la tropa en contra de los mandos institucionales.
En la presidencia de Lenin Moreno se suprimió los ministerios del Interior, de Justicia y Derechos Humanos y Coordinador de Seguridad, debilitando el sistema. En reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el mandatario reconoció que el secuestro de los periodistas de diario ‘El Comercio’ era resultado del desmantelamiento que se había hecho de las Fuerzas Armadas y la Policía, así como de la permisividad del gobierno anterior con los guerrilleros. Finalmente, la pandemia de la COVID develó la corrupción generalizada del sector público en firmas de contratos lesivos al interés nacional y en la gestión de las empresas estatales. Si no se corrigen estas vulnerabilidades, Ecuador seguirá siendo el escenario ideal para la operación de los grupos delincuenciales organizados.