Aunque con un ausentismo inusualmente alto, el referéndum y la consulta popular arrojaron importantes respuestas. Queda claro que el Gobierno y las Fuerzas Armadas cuentan con un amplio y férreo apoyo popular para llevar a cabo una política de ‘mano dura’ en su lucha contra la inseguridad. La ciudadanía votó a favor de rectificar ciertas nociones heredadas de la Asamblea Constituyente de 2008 que entorpecen el combate al crimen organizado, como la prohibición de la extradición de ecuatorianos, los límites a la participación de las Fuerzas Armadas o el modelo de control constitucional. También se pronunció a favor de un esquema mucho más punitivo en el trato a los delincuentes, y de una ‘lucha sin cuartel’ contra el hampa, en la que el Estado podrá hacerse con los bienes y los arsenales del enemigo.
En las únicas dos preguntas que incidían directamente sobre el modelo económico del país, se impuso el miedo. Tanto el trabajo por horas como el arbitraje internacional fueron rechazados por una mayoría que insiste en aferrarse a un modelo caduco sin perspectiva de crecimiento ni de reducción del desempleo. Se trata de un lamentable traspié para un país al que le urge libertad y apertura para avanzar hacia la prosperidad, pero que, seguramente, más adelante podrá remediarse una vez que la fuerza de las circunstancias termine de abrir los ojos del electorado a la verdadera realidad de la economía.
Queda claro que la gente quiere seguridad a toda costa. Resulta predecible esperar que el régimen, interesado en mantener su popularidad para las elecciones de 2025, atienda a ese llamado y dé un giro hacia una política mucho más severa. Es lo que la gente ha pedido.