La Constitución de Montecristi aprobada en 2008 cerró las puertas a los inversionistas y generó que Ecuador no pudiera recibir cuantiosos recursos. La minería, el petróleo y el sector energético podrían recibir importantes aportes en el corto plazo.
El 21 de abril de 2024 los ecuatorianos acudirán a las urnas para decidir sobre las 11 preguntas que conforman la consulta popular convocada por el presidente de la República, Daniel Noboa. También tendrán que votar sobre temas de enmienda constitucional, como la extradición, la actuación de las Fuerzas Armadas, el trabajo por horas y el arbitraje internacional, entre otros.
En Ecuador, desde la aprobación de la Constitución de Montecristi en su artículo 422 quedó establecida la prohibición de realizar convenios internacionales de inversión y la resolución de conflictos a través de instrumentos de arbitraje internacional.
Esta pregunta está siendo catalogada como una de las más complejas y uno de los temas que correría el riesgo de no ser aprobada.
En los estudios de ‘Laboratorio Cualitativo’ realizados por Cedatos, esta es una de las preguntas que muestra menor intención de voto, pero luego de recibir una mejor información los votantes pueden dar su respaldo hasta un 69,5%.
Seguridad Jurídica
La subsecretaria General de Gestión Gubernamental de la Presidencia de la República, Rosie Torres, manifestó a LA HORA que avalar la enmienda constitucional sobre el arbitraje es un primer paso para brindar seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros que quieren inyectar recursos al país.
“Estaríamos dotando de seguridad jurídica que es lo primero que busca una empresa internacional o multinacional en un país», apuntó al señalar que así podrá registrarse “mayor inversión, mayor dinamismo económico, más plazas de empleo”.
Torres añadió que la actual consulta no tiene un sesgo político, sino que “es para aliviar estas cargas que actualmente, por el contexto económico, político y social está viviendo el país”.
Indicó que dentro de los argumentos que atacan esta pregunta existe “desinformación y tergiversación”. En ese sentido, puntualizó que el arbitraje internacional dará como resultado “atraer inversión y generar seguridad jurídica para las empresas”.
Proteger la inversión
Óscar Del Brutto, académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) y especialista en arbitrajes internacionales, puntualizó que una de las consecuencias que generó el artículo 422 de la Constitución al país fue la falta de inversiones durante el boom petrolero de inicios del siglo XXI.
“A partir de ese artículo de la Constitución no se incrementó la producción petrolera, más bien al contrario. El Ecuador pasó de ser uno de los 20 países mayores productores de petróleo, a estar a punto de salir de la lista de los 30 principales”, explicó.
También recordó que en Ecuador no hubo inversión petrolera importante, a pesar de que en esos años el precio del petróleo se disparó.
Frente a esto considera que “esta reforma constitucional es importante porque le manda un mensaje al mundo de que Ecuador es un lugar en donde se protegen las inversiones extranjeras. Y ese es el primer paso de muchos”.
Precisó que, a diferencia de otras reformas constitucionales en juego este 21 de abril, que tendrían un efecto en el mediano y largo plazo, esta “tiene un efecto que no es inmediato, pero se puede ver en el corto plazo”.
Acotó que los sectores más beneficiados en inversiones serían “la minería, el petróleo y el sector energético”.
‘Mensaje claro’
El secretario de Inversiones Publico- Privadas, Pablo Cevallos Palomeque, indicó que el objetivo de la consulta es enviar un mensaje claro a los inversionistas extranjeros.
“El Gobierno tiene un mensaje muy claro, requerimos la inversión extranjera siempre en el marco del respeto al ordenamiento jurídico ecuatoriano y de la mayor transparencia”, sentenció.
Cevallos explicó que como consecuencia de la falta de claridad en el artículo 422, “si una inversión viene al país no tiene garantía de poder acudir a un arbitraje internacional para proteger su inversión y eso afecta las posibilidades del país de recibir nuevas inversiones”.
El secretario explicó que el “tema es complejo, pero muy fácil entender: si usted quisiera invertir en Ecuador y viera la situación del sistema de justicia con los casos Metástasis, Purga y las acusaciones que hay contra el sistema judicial, usted no quisiera que sean esos jueces los que resuelvan los problemas”.
Para Cevallos la crisis del sistema judicial es una “gran motivación” para que los inversionistas busquen protección en “una instancia independiente e imparcial”. (ILS)
El arbitraje no atrae inversiones
Julio Prieto, abogado y defensor de la Unión de afectados por Texaco, conversó con LA HORA argumentando las razones por las que debe mantenerse en vigencia el artículo 422 de la Constitución de Montecristi, indicando que su redacción busca proteger los intereses del Estado y la soberanía.
Prieto recordó que “ya Ecuador tuvo que vivir estos arbitrajes de protección de inversiones y le fue pésimo”.
Destacó que, aunque el gobierno ha pretendido justificar la pregunta, “ya quedó comprobado y se han hecho varios estudios que demuestran que es una absoluta y completa mentira”.
El abogado precisó que, para atraer inversiones en Ecuador, “necesitamos seguridad jurídica, Ecuador no ofrece seguridad jurídica, porque a cada rato estamos renovando el sistema”, reconoció.
Casillero D: Pregunta 3:
¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?
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