La inmigración venezolana no es culpable de la crisis de seguridad y económica que vive el país. La creciente xenofobia que existe en Ecuador carece de argumentos y de evidencia; es solo producto del miedo y de la frustración de una sociedad que, en un momento difícil, prefiere encontrar un chivo expiatorio en lugar de enfrentar sus verdaderos problemas.
Es sumamente peligrosa y no se debe permitir que siga creciendo la idea de que expulsar a los inmigrantes venezolanos traerá de vuelta la paz y el crecimiento. En una época de tanto miedo y nerviosismo como esta, existe el riesgo de que esa convicción empate con los más bajos prejuicios y complejos de las masas, y crezca de manera imparable. Eso resultaría cómodo y conveniente para las autoridades, que conseguirían librarse así de las presiones y exigencias ciudadanas, y para los verdaderos criminales y explotadores, que saldrían impunes. La historia muestra que los estallidos generalizados de xenofobia pueden traer un estremecedor y prolongado descenso al caos.
Objetivamente, las diferencias entre venezolanos y ecuatorianos —dos pueblos unidos por la historia y por ciertos rasgos culturales— son insuficientes para producir una disrupción del orden imperante. La xenofobia no solo es injusta, sino que distrae a una sociedad de sus desafíos prioritarios.
La respuesta Estatal apremia, pues la reacción popular es cada vez más violenta. Al Estado le corresponde salvaguardar la integridad de quienes habitan en su territorio; los episodios de “expulsión” generalizada no son solo inhumanos sino inconstitucionales.
La presencia de extranjeros no es la raíz de los problemas estructurales que enfrenta el país; y, estos no nacen de la apertura, sino, al contrario, del exceso de barreras que impiden el desarrollo del potencial productivo de nuestra sociedad.