No se puede permitir que la situación de conflicto armado interno se use como pretexto para silenciar a los medios de comunicación. Ayer, en sus primeras declaraciones tras una jornada de terror que sumió a la ciudadanía en la incertidumbre, el presidente Daniel Noboa acusó a un canal de televisión de “espectacularizar” la dramática toma de rehenes que vivió el país, y afirmó, amenazadoramente, que se “debería investigar”. Resulta inaudito que en lugar de responsabilizar por la zozobra a los criminales o a las instituciones estatales encargadas de mantener el orden, se culpe a los periodistas por informar sobre lo que sucedía.
Las muestras de animosidad hacia la libertad de información comienzan a proliferar, como si ejercer el periodismo en diferentes lugares del país en un clima de amenaza y extorsión no fuese suficiente calvario. La irrupción misma de los antisociales en un estudio de televisión estatal es un efecto de las malintencionadas acusaciones que irresponsablemente la clase política ha vertido de forma sostenida contra la prensa. A ello se suman las desafortunadas e inoportunas acusaciones del presidente. Todo ello acaece mientras, desde el Legislativo, el asambleísta Ramiro Vela impulsa una reforma del Código Orgánico Integral Penal para penalizar contenidos publicados en redes sociales y medios digitales. Esa absurda medida solo serviría para amedrentar al periodismo, y estimular al mismo tiempo la calumnia anónima y los ‘trolls’.
En este momento es cuando más necesita la ciudadanía información profesional y de calidad. En lugar de estigmatizar, un estadista debe ofrecer seguridad y garantías al periodismo, pues de eso depende la democracia en la que opera.