El grado de penetración del Estado por parte del crimen organizado que ha revelado el caso Metástasis horroriza. Es justo suponer que no queda instancia de la vida pública o privada a salvo de la irrupción de los oscuros tentáculos de las mafias; el país conoce ahora las infamias que nacían de los antojos de un ‘capo’, cuando existen muchos otros. Sin embargo, este no debe ser un momento de resignación, sino uno de determinación. Toda esta descomposición obliga a la sociedad a poner un límite.
Desde hace mucho tiempo existen propuestas de diferentes sectores que las autoridades hoy pueden emplear en su cometido de preservar el Estado. Es necesario que todo candidato se someta a verificaciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe), y que exista un filtro en función de antecedentes penales. Se necesita mayor control de partidos y movimientos políticos, y dotar a la Función Electoral de herramientas y facultades para implementarlo. La depuración de la Policía, la Fuerzas Armadas y la Justicia es urgente. La consulta popular que anuncia el presidente Noboa es la oportunidad de oro para implementar filtros que limiten la incursión del crimen en la política.
Por otro lado, la seguridad de la fiscal general Diana Salazar es hoy una cuestión de seguridad nacional. Que algo le suceda significaría una herida de muerte para la confianza y autoridad de nuestra democracia. Protegerla debidamente constituye el primer paso para recuperar la solvencia y decir “hasta aquí”.