Cuatro bloques petroleros siguen sitiados por activistas de las comunidades locales. Más de 40 pozos petroleros han tenido que ser apagados para precautelar la seguridad de los trabajadores. Esto le significa al país —en un momento en el que el precio de crudo está en franco descenso y que, por lo tanto, el petróleo que se venda en un futuro cercano probablemente valdrá menos de lo que vale ahora— dinero perdido, y una disminución en su producción petrolera de más del diez por ciento. Más adelante, cuando este absurdo arrebato concluya, reiniciar esos pozos costará cientos de miles de dólares —un derroche absolutamente innecesario—. En la misma línea, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, enarbola ante la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, el discurso de la defensa del agua y la lucha contra el extractivismo.
No habría problema si es que estas expresiones guardaran coherencia con sus propuestas y exigencias, pero no ha sido así. Los protagonistas de la toma armada no piden el fin de la explotación petrolera; al contrario, quieren una mayor porción de la riqueza, beneficios que se pagan y compran, justamente, con esa riqueza que sale de la tierra. La Conaie no pidió en las mesas de diálogo que se les permitiera regresar a un modo de vida sustentable de cazadores recolectores, sino que, al contrario, exigieron bienes y servicios muy propios de la modernidad: combustible subsidiado, préstamos, fijación de precios, insumos de salud e infraestructura de educación.
En su absurda lógica de suma cero, los radicales indigenistas ecuatorianos insisten en dispararse en el pie, saboteando las fuentes mismas de la riqueza que reclaman. ¿Están conscientes de a quién benefician en verdad?