La actual Corte inició sus funciones con el beneplácito de la gran mayoría y durante estos dos periodos rompieron el desprestigio y corrupción de la anterior, acompañada por profundos fallos jurídicos que le dieron una total credibilidad y respeto. No obstante, creerse dueños de la verdad conduce a estratificarse y ser incapaces de percatarse de que el país toca fondo.
Ha habido muchos fallos jurídicos extraordinarios, pero hay que decir con franqueza y frontalidad que los otros, aquellos fallos alejados de la realidad nacional —aunque han sido pocos—, tienen efectos dramáticos que los delincuentes, con toga y sin toga, han sabido utilizar.
Así, ante la barbarie del antiguo capataz de la Justicia, que requería dar su visto bueno en toda sentencia que involucraba al Gobierno, la Corte determinó que la alcahuetería del error inexcusable solo se determinaría por los jueces del mismo sistema; los ‘delincuentes’ se convirtieron en juez y parte.
Quitarle a la Judicatura la potestad de sancionar a aquellos jueces corruptos y negligentes ha hecho que la delincuencia judicial se expanda. Lo vimos con recursos de protección en los que una jueza de Quevedo dispuso pagos millonarios a los municipios de Loja y Ambato, con libertad a contumaces delincuentes y habeas corpus repartidos por todo el país al mejor postor.
Podrán inundarnos con cientos de páginas de tratados y precedentes de todo el mundo, con amplias y tediosas doctrinas, pero, con su resolución en la que unifica tres casos similares, la Corte tiene la oportunidad de reponer las facultades para determinar la jurisdicción y competencia de jueces especializados en casos de recursos de protección y habeas corpus, determinar que solo los afectados o sus familiares cercanos puedan solicitarlos, y que solo puedan hacerlo en su domicilio, el lugar de detención o donde se produjo el hecho. Así, la Corte asumirá la responsabilidad histórica de detener la corrupción.
Si asumen su responsabilidad y actúan en función de un país que se desangra y clama por Justicia, se acabará el negocio de los actos tarifados y corruptos. Si no, será la misma Corte quien encienda la llama del ‘principio del fin’.