El Consejo de la Judicatura confirmó el inicio de una investigación en contra de la magistrada Jenny Patricia Freire tras sus polémicas decisiones a favor de la empresa Safety, encargada de fotorradares en Loja y Ambato.
Aunque Jenny Patricia Freire es jueza de la sala penal de Los Ríos, ha resuelto casos a favor de la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES).,que mantiene problemas legales en urbes muy alejadas de su jurisdicción: Ambato (Tungurahua) y Loja. En ambos casos, la magistrada ha fallado a favor de la firma a cargo de fotorradares, con decisiones que van en contra de los municipios y en los que se juegan millones de dólares. Su accionar levantó sospechas en el Consejo de la Judicatura (CJ).
Desde esa entidad confirmaron que el caso está en el departamento de Transparencia desde hace dos meses. A esta dependencia llegan todos los procesos disciplinarios en los que se indagan supuestos “actos de corrupción”. Al momento, un comité realiza un informe para constatar si hubo irregularidades en los fallos de Freire. Con ese documento, se puede recomendar el inicio de un sumario disciplinario para su destitución o, incluso, la apertura de un proceso en la Fiscalía, de ser el caso.
Seis procesos en su contra, archivados en Los Ríos
LA HORA accedió a información sobre Freire desde su posesión como jueza de primer nivel en Quevedo, el 28 de julio de 2016. Debido a denuncias particulares, ha enfrentado seis investigaciones desde el año 2020. Ninguna trascendió y todas fueron archivadas por la delegación provincial del CJ.
Por ejemplo, el expediente 0003-2019 fue inadmitido “por falta de requisitos” en la presentación de la denuncia. La investigación INV-0023-2019 se inició por supuestamente no haber “constatado la presencia de funcionarios judiciales en una audiencia”, sin embargo se la dejó de lado. También hay otra queja por problemas en la “jurisdicción” que nunca se resolvió. A estas, se suma una séptima queja de una persona que llevó su caso a la Corte Constitucional. En un escrito indicó que durante el juicio “quedó en indefensión” por el accionar de la jueza.
En el Art. 114 del Código de la Función Judicial se establece que los sumarios disciplinarios se iniciarán de oficio por el director provincial, por el Consejo de la Judicatura o por un particular. El proceso de control se inicia cuando existe “información confiable de que el juez ha incurrido en una presunta infracción disciplinaria sancionada”.
Este Diario buscó hablar con la jueza y envió pedidos de información y de entrevista a su correo institucional y a un teléfono celular. Sin embargo, no hubo una respuesta hasta el cierre de la edición.
Acción de protección se presentó fuera del horario
Cuatro asambleístas por Loja pidieron al CJ un informe sobre lo que ocurre con la jueza, ya que consideran que hay un perjuicio para su provincia. En un oficio del 10 de diciembre, la Judicatura respondió y detalló cómo se dio el proceso en el que la jueza se hizo cargo de la acción de protección presentada por Safety en contra del Municipio de esa ciudad.
Según los archivos, la empresa interpuso el requerimiento el 11 de octubre del 2021 a las 17:33, “fuera del horario laboral”. Por eso, la acción no ingresó a un sorteo normal en la Unidad Judicial Penal de Quevedo, que cuenta con 8 jueces activos. Al ser tratado como flagrancia se debía realizar un sorteo entre los que estuvieran de turno. Freire, coincidentemente, lo estaba.
El escrito también fue presentado bajo el membrete de “acción de protección” dentro de un proceso “de garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales”. Por eso, ella, quien es jueza penal de primer nivel, pudo conocer y fallar sobre el caso, así se haya tratado de procesos que se ventilan en otras ciudades.
Desde el despacho de la legisladora por Loja, Johana Ortiz, también indicaron que la acción se resolvió en menos de 15 minutos. Conforme a los documentos enviados por la Judicatura, el abogado de la empresa presentó 73 hojas en su requerimiento. La asambleísta indicó que “calculando el tiempo de respuesta de la jueza, cada hoja fue leída en 12 segundos”.
A la jueza le persiguen los casos de Safety
Freire intervino el año anterior en dos fallos a favor de Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. Safenforvia. En el primero autorizó a la empresa a que se suban al sistema y cobren las multas generadas por el fotosensor ubicado en la avenida Bolivariana y Luis Aníbal Granja (sector Terremoto), en Ambato. En un informe presentado en septiembre, se conoció que el monto bordeaba los $60 millones por multas a 362.000 conductores que excedieron el límite de velocidad en la zona.
Safety, en julio de 2021, ingresó una acción de protección en Los Ríos en contra del Municipio de esa ciudad. Mencionaba que desde la municipalidad se estaba vulnerando su derecho al trabajo por el impedimento de cobrar lo detectado en el noveno fotosensor. La sentencia de Freire fue favorable para que la compañía pueda subir al sistema y cobrar las multas desde enero de 2022, pero el fallo fue apelado.
En cambio, en Loja, Safety demandó al Municipio por incumplimiento del contrato de fotomultas. Allí la empresa presentó una acción de protección nuevamente en Quevedo y otra vez la jueza Freire resolvió que la municipalidad debía cancelar $12 millones. El problema se presentó porque en Loja, los cinco fotorradares que fueron ubicados en 2015 ya no están operativos desde mayo de 2020, debido a que concluyó el contrato. La Alcaldía apeló el fallo.
El Alcalde de Ambato dio por terminado el contrato
Luego de que la Contraloría General del Estado estableciera irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de los fotorradares, Javier Altamirano, alcalde de Ambato, dio por terminado el contrato con la empresa Safety. Según el Alcalde, se están enfrentando a una empresa donde “son capaces de llegar ante la justicia y otras instancias para tener beneficios personales en contra de la ley y la moral, enriquecerse de manera indebida, y perjudicar a la economía de todos los ambateños y ecuatorianos”.
La empresa respondió en un comunicado y dijo que se han ajustado a las normativas. Negó que haya existido algún perjuicio a la ciudad. Ante las declaraciones del Alcalde mencionó que, “hasta el momento hemos mantenido una postura respetuosa al accionar y pronunciamiento de la autoridad, sin embargo, iniciaremos todas las acciones legales para defender el honor de nuestra compañía ante los incesantes ataques de politiqueros que pretendiendo tapar su ineficiencia mancillan una gestión de años que ha conseguido reducir los accidentes fatales en los puntos de control” en Ambato.
La jueza tiene $461 en sus cuentas
En la última declaración patrimonial que está colgada en la página oficial de la Contraloría, la jueza registra activos por $162.461. Ahí constan dos vehículos de 2016 y 2017, un terreno y una casa en Chimborazo y otro solar en Los Ríos. Como parte de sus activos tiene tres cuentas que suman un total de $461; el salario de un juez bordea los $4.164 al mes.
Entre sus pasivos (deudas), la magistrada acumula $126.212. Sobresalen dos préstamos quirografarios, dos hipotecarios y una tarjeta de crédito.