Sin duda alguna, es de extraordinaria importancia ser alcalde de una ciudad, más aún de la ciudad de Quito, que es la capital del Ecuador, sin minimizar, por supuesto, a otras ciudades cuyas actividades se orientan también al servicio de la ciudadanía.
Muchas deben ser las motivaciones para que el burgomaestre se aferre tanto a esa dignidad, que no ha dudado en presentar recursos innecesarios a través de sus defensores, los mismos que a la postre tan solo retardarán unos días la posesión del Vicealcalde en la dirección del cabildo. Considero que ha existido un abuso del derecho que ha desestabilizado la actividad edilicia.
Debemos considerar que existe una resolución definitiva del Tribunal Contencioso Electoral, cuyos fallos constituirán jurisprudencia electoral, y serán de última instancia e inmediato cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el Art. 221 de nuestra Constitución; sin embargo, una acción de protección y una medida cautelar dispuestas por nuestros jueces han frenado la posesión del nuevo alcalde, constituyendo aquello una aberración jurídica que violenta el Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, porque las medidas cautelares provisionales no proceden cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales, que nacen precisamente de la sentencia del TCE, que no permite otro recurso.
Debe ser tan bueno ser alcalde, que quienes se han visto involucrados en remociones o destituciones, interponen toda clase de recursos, los legales y los otros, pero no quieren cumplir con lo resuelto por los jueces; debe ser el “buen ánimo de servir a los ciudadanos” o, ¿habrá otra motivación?… Lo cierto es que los jueces que dispusieron las medidas cautelares no han aplicado correctamente la ley, más bien se han burlado de la ciudad de Quito, a tal punto que la Fiscalía General ahora investiga a estos juzgadores. Qué vergüenza.
Al menos, el Consejo de la Judicatura ya los ha suspendido provisionalmente y ha ordenado el trámite legal, siguiendo el debido proceso. Ojalá no haya otra medida cautelar que ordene la suspensión de la investigación a aquellos jueces.