“El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades”. Es una máxima que se ha utilizado durante siglos para recordar que, conozcamos o no, tanto la persona como su conducta está sometida a las leyes. Voy a relatar un hecho histórico que leí y me pareció acertado para explicar lo abstracto que puede resultar el derecho en este sentido. Cuando Cristóbal Colón llegó al continente americano, colocó su estandarte y se dirigió a un cúmulo de personas que obviamente no entendían su idioma y ante su asombro, declaró por ley, en nombre de su rey, que esas tierras eran propiedad de la corona española y que todos los habitantes tendrían “el honor” de servirle y pagar impuestos, quien se negara, sería sometido al régimen de esclavitud.
Salvando las distancias, y con el pasar del tiempo, hoy encontramos algunas similitudes en la forma en que se impone y reproduce el derecho en Ecuador. A diario se publican, modifican y derogan leyes, reglamentos, etc. Que son conocidas por quienes las llevan a cabo, pero no por la mayoría de la ciudadanía.
Esto genera graves deficiencias en el cumplimiento de los derechos humanos y acceso a la información que tenemos todas las personas. ¿Cómo das fuerza social al derecho, si su sentido surge, sí y solo sí, la persona a quien se aplica la ley, la conoce y comprende? Es así que, en ocasiones sentimos absoluta indefensión e incertidumbre ante los actos administrativos emanados de las Instituciones Públicas.
En la práctica, la carga de este Principio se ha impuesto únicamente al pueblo, la presunción del conocimiento nos dice “no eximir a nadie de responsabilidad”. Sin embargo ¿Qué pasa cuando las autoridades “ignoran” o incumplen la ley?